El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart remitió una extensa misiva al nuncio apostólico en Estados Unidos, monseñor Christophe Pierre, en la que urge a la Santa Sede a condenar sin ambigüedades la persecución religiosa y las sistemáticas violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura cubana. El legislador detalló una serie de abusos contra líderes opositores y fieles, exigiendo que el Papa y la jerarquía eclesiástica rompan su silencio y expresen su solidaridad con un pueblo oprimido en su demanda fundamental de libertad y dignidad.
En la comunicación, a la que tuvo acceso la prensa independiente, Díaz-Balart articula una crítica profunda frente a la pasividad observada en los niveles más altos de la Iglesia Católica respecto a la realidad de la isla. El legislador subraya que el sufrimiento de la población cubana ha sido ignorado por demasiado tiempo y que resulta imperativo que la institución religiosa asuma una postura clara frente a un ejecutivo cubano que criminaliza la disidencia y la práctica libre de la fe. La misiva solicita específicamente que el Vaticano afirme su respaldo al derecho inalienable de los cubanos para profesar sus creencias sin temor a represalias.
El documento presentado por el congresista incluye un exhaustivo relato de actos hostiles contra la libertad religiosa, abarcando desde hostigamiento cotidiano hasta casos graves de tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Entre los ejemplos más críticos, se cita el caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), descrito como un devoto católico encarcelado por su activismo prodemocrático. Según los informes recopilados por el legislador, Ferrer ha sido sometido a condiciones de reclusión inhumanas, privación extrema de atención médica y tratos crueles por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
Represión selectiva contra mujeres y disidentes pacíficos
La carta también dirige la atención hacia la alarmante situación de los activistas pacíficos y las mujeres que integran el movimiento Damas de Blanco. Díaz-Balart identifica a Sayli Navarro Álvarez, Tania Echevarría Méndez y Sissi Abascal Zamora como víctimas de un escarmiento sistemático por parte de las autoridades de la isla. Estas mujeres han sido impedidas de asistir a servicios religiosos y, en un claro acto de tortura psicológica y física, han sido castigadas en sus celdas con la reducción de raciones alimenticias y la negación de agua potable durante días enteros.
El legislador también manifestó su profunda preocupación por el paradero y las condiciones del activista Félix Navarro, otro de los presos de conciencia que permanecen tras las rejas tras las protestas históricas del 11 de julio de 2021. La denuncia subraya cómo la dictadura cubana utiliza el sistema penitenciario no solo para aislar a la oposición política, sino para aniquilar moralmente a aquellos que osan exigir cambios democráticos, utilizando la privación de necesidades básicas como herramienta de coerción.
Para reforzar su argumento, el congresista reprodujo en su texto una severa valoración de Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación. Cardet afirmó que la respuesta del Vaticano ante la realidad del pueblo cubano ha sido «débil, evasiva, distante y fría», señalando que nunca ha existido una condena oficial a estas violaciones. El activista enfatizó que, desde la perspectiva de los perseguidos, la actitud de la Iglesia se percibe con «cierta complicidad» frente al régimen de La Habana, un hecho que profundiza el desaliento de los fieles en la isla.
Respaldos internacionales y gestiones diplomáticas
El llamado de Díaz-Balart no se basa únicamente en testimonios, sino en documentación oficial de organismos internacionales. El legislador recordó que el Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a Cuba designada como «País de Especial Preocupación» debido a la gravedad y sistematicidad con la que el gobierno cubano vulnera la libertad religiosa. A esta designación se suma la recomendación explícita de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) en su informe correspondiente a 2025, que ratifica la necesidad de mantener a la isla en dicha categoría de vigilancia máxima.
El texto también alude al histórico papel mediador que ha jugado la Iglesia Católica en Cuba, recordando las gestiones para liberaciones de presos políticos en años anteriores. En este sentido, se menciona el encuentro sostenido en julio por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, con el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez. En aquella reunión, se discutió la crítica situación de los presos políticos y los múltiples obstáculos que enfrenta la Iglesia para asistir a los sectores más vulnerables de la sociedad cubana en medio de la crisis nacional.
Contexto sistemico: La criminalización de la fe en medio del colapso
La persecución religiosa detallada en la misiva no es un fenómeno aislado, sino una extensión de la crisis estructural que atraviesa Cuba. El régimen de La Habana ha endurecido su control social frente al profundo desabastecimiento, la inflación galopante y el éxodo migratorio masivo que ha dejado despobladas ciudades enteras. En este panorama de fracaso económico y político, la dictadura cubana percibe a las iglesias y a los grupos de fe como amenazas directas a su hegemonía ideológica, dado que estos espacios suelen ser los únicos donde la sociedad civil puede organizarse y encontrar refugio moral fuera del control del Estado.
La represión contra figuras como José Daniel Ferrer o las Damas de Blanco ilustra la estrategia oficial de monopolizar el espacio público. La negación de atención médica y la manipulación del acceso al agua y a los alimentos en las prisiones son reflejos de una política estatal que arma la escasez contra la disidencia. Mientras la población común sufre apagones prolongados y la incapacidad del gobierno para garantizar servicios básicos, los presos de conciencia enfrentan una versión agravada de esta crisis, utilizada como castigo ejemplar para desincentivar la protesta social.
Además, la pasividad o el pragmatismo diplomático de actores internacionales, incluida la jerarquía eclesiástica, contribuye a consolidar la impunidad con la que operan las fuerzas de seguridad en la isla. La falta de condenas enérgicas permite que el aparato represivo continúe operando sin contrapesos, profundizando el sufrimiento de una ciudadanía que ha visto frustradas sus aspiraciones de cambio democrático tras décadas de promesas incumplidas y reformas cosméticas que no alteran el modelo autoritario.
En las conclusiones de su misiva, el congresista insistió en que el pueblo cubano espera que la Iglesia se ponga inequívocamente del lado de los oprimidos y reafirme la dignidad humana por encima de cálculos diplomáticos. Lamentó que estos llamados hayan sido recibidos con apatía por las máximas autoridades eclesiásticas durante demasiado tiempo. La respuesta del Vaticano a esta exigencia no solo definirá su relación con los fieles cubanos, sino que marcará un precedente crucial sobre el rol de las instituciones religiosas frente a los regímenes autoritarios en momentos de crisis humanitaria y represión política aguda.
