El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la crítica situación que atraviesan los adultos mayores en la isla, un sector que ha pasado a ser el rostro más visible del fracaso económico y social del régimen de La Habana. Durante una audiencia pública celebrada en Washington en el marco del 196 período de sesiones, activistas detallaron cómo el colapso estructural del país afecta de manera letal a la población de la tercera edad.
La intervención estuvo a cargo de Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, quien fundamentó la denuncia señalando que la profunda crisis que atraviesa la nación no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia directa de la ineficiencia del sistema económico impuesto y de las erróneas prioridades gubernamentales. Cires enfatizó que, aunque el deterioro de las condiciones de vida abarca a toda la población, son los ancianos quienes sufren el impacto con mayor severidad, convirtiéndose en el sector más vulnerable ante la incapacidad del Estado para garantizar servicios básicos.
“Si hay que ponerle un rostro a esa crisis, es la de un adulto mayor”, declaró el representante del OCDH, ilustrando una realidad donde el deterioro de la infraestructura habitacional, la escasez crónica de alimentos y el desabastecimiento total de medicamentos configuran un escenario de supervivencia extrema para los jubilados. La falta de atención institucional ha provocado que una parte significativa de esta población \»se vaya apagando lentamente\», según advirtió el activista ante los comisionados.
Prioridades del régimen: hoteles de lujo frente al abandono social
En su exposición, Cires atribuyó la catástrofe social a decisiones políticas arbitrarias y a un desorden en la gestión de los recursos públicos que evidencia la falta de voluntad del ejecutivo cubano para proteger a sus ciudadanos. Como ejemplo contundente, recordó que durante la pandemia de la COVID-19, mientras el mundo destinaba esfuerzos a fortalecer la infraestructura sanitaria, el gobierno cubano priorizó la continuación de la construcción de hoteles de lujo para el turismo internacional, sin levantar nuevos hospitales ni dotar a los existentes de los insumos necesarios para atender la emergencia sanitaria.
La denuncia también puso sobre la mesa la opacidad en la gestión de los recursos energéticos. Cires señaló que en los últimos años el país recibió combustible subsidiado por parte de Venezuela, de los cuales cerca del 60% fue revendido en el mercado internacional o de exportación. Sin embargo, esos ingresos no se destinaron a la modernización del sistema energético nacional, ni a crear redes de asistencia social para los más pobres o para los adultos mayores, quedando en evidencia el desvío de fondos vitales hacia otras prioridades del Estado.
El espejismo de las mipymes en el cuidado de ancianos
Otro de los puntos abordados durante la audiencia fue la reciente autorización por parte de las autoridades de la isla para que las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (mipymes) gestionen casas de cuidado destinadas a adultos mayores. Desde el OCDH se aclaró que no existe oposición a la participación de emprendedores privados en este sector, reconociendo que cualquier iniciativa puede contribuir a aliviar la presión asistencial.
No obstante, el activista fue tajante al advertir que esta medida no puede presentarse como una solución integral al problema. “No es la lógica del mercado en exclusiva, y menos la del capitalismo de amigos, la que salvará a nuestros mayores ni a las personas con enfermedades crónicas, sino una respuesta integral al problema”, afirmó Cires, en clara alusión a la red de privilegios y corrupción que rodea a las nuevas figuras económicas cercanas al poder. Para la organización, sería un grave error considerar que la crisis del envejecimiento puede resolverse únicamente con medidas administrativas o económicas de carácter puntual.
Contexto demográfico y colapso del sistema de pensiones
El dramático escenario que enfrentan los adultos mayores cobra mayor relevancia al analizar la estructura demográfica de la isla. Las personas mayores de 60 años representan actualmente más de una cuarta parte de la población cubana, y las proyecciones estadísticas indican que, para el año 2030, cerca del 30% de los habitantes del país pertenecerá a este segmento etario. Este envejecimiento acelerado colisiona frontalmente con un sistema de seguridad social en bancarrota.
La pensión mínima mensual en Cuba está fijada en 4.000 pesos, una cifra que, según la tasa de cambio del mercado informal, equivale apenas a unos ocho dólares. Este ingreso resulta manifiestamente insuficiente para cubrir las necesidades más básicas en un contexto de inflación galopante y encarecimiento sostenido de los productos de la canasta básica. Ante esta imposibilidad material de subsistir, numerosos jubilados se ven obligados a continuar trabajando mucho después de haber alcanzado la edad de retiro, empleándose principalmente como custodios en centros estatales o negocios privados, aunque estos ingresos adicionales rara vez logran compensar el elevado costo de la vida.
La precariedad también se ha materializado en un fenómeno creciente y visible en las calles del país: el aumento de ancianos que deambulan o permanecen en portales y espacios públicos, muchos de ellos sin vivienda, sin redes familiares de apoyo y sin acceso a cuidados médicos adecuados. A esta realidad se suma el cierre o el funcionamiento precario de hogares de ancianos y casas de abuelos reportado durante los últimos años, lo que reduce drásticamente las alternativas de atención institucional para quienes no tienen familia que los cuide.
El costo humano de la crisis y la censura oficial
El impacto psicológico y emocional de este abandono institucional es otro factor crítico. Activistas y organizaciones independientes han alertado sobre un posible incremento de los suicidios entre personas de la tercera edad, motivados por la desesperación, el dolor no tratado por falta de medicamentos y la sensación de ser una carga. Este fenómeno, sin embargo, carece de estadísticas públicas detalladas, ya que la dictadura cubana mantiene un estricto control sobre la información sanitaria y social, impidiendo que la prensa oficial y los medios estatales ofrezcan una cobertura sistemática y transparente sobre el verdadero costo humano de la crisis.
La situación de los adultos mayores está indisolublemente ligada a la crisis estructural de la isla y al masivo éxodo migratorio. La salida de cientos de miles de cubanos en edad productiva ha dejado a un sector considerable de la tercera edad sin el soporte directo de sus familiares, quienes solían ser los principales cuidadores. El Estado, que históricamente ha monopolizado la responsabilidad sobre el bienestar social, ha demostrado su incapacidad absoluta para suplir esta carencia, dejando al descubierto las grietas de un modelo totalitario que prioriza el control político sobre la vida humana.
Exigencia de cambios estructurales y políticos
Ante la Comisión Interamericana, el OCDH reclamó transformaciones que excedan el ámbito puramente económico. La exigencia incluye cambios políticos profundos y una redefinición de las políticas públicas sociales, con el objetivo de restablecer los derechos fundamentales de la población. \»Los cambios económicos deben ir acompañados de cambios políticos y de políticas públicas sociales, si es que realmente queremos estabilidad, prosperidad y derechos para todos\», concluyó Cires.
La presentación ante la CIDH coloca nuevamente bajo escrutinio internacional la responsabilidad del régimen en la vulneración sistemática de los derechos humanos de los sectores más vulnerables. Las consecuencias a futuro son ineludibles: de no mediar una reestructuración real que incluya libertades democráticas y rendición de cuentas, la población cubana de la tercera edad seguirá enfrentando un deterioro acelerado de sus condiciones de vida, mientras la comunidad internacional deberá evaluar cómo presionar de manera efectiva para detener el colapso humanitario en la isla.
