Cuatro miembros de una familia permanecen incomunicados en la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, tras ser brutalmente arrestados durante las protestas por los apagones en el municipio habanero de Guanabacoa. Las autoridades de la isla han imputado a los detenidos por el presunto delito de «atentado», en un nuevo episodio que evidencia la política de violencia estatal y criminalización de la inconformidad social que aplica el régimen de La Habana frente al colapso de los servicios básicos.
Los hechos ocurrieron el 29 de junio, cuando los habitantes de Guanabacoa salieron a las calles para exigir una solución a los prolongados cortes de electricidad que asfixian a la localidad. La respuesta del gobierno cubano no se hizo esperar y se tradujo en una ola represiva que dejó como saldo la detención de Hiromi Moliner, su esposo —conocido popularmente como «El Nene»— y sus dos hijos mayores, Deyanira y Donovan. Según relató una fuente cercana al núcleo familiar, los arrestos se ejecutaron con un nivel de violencia desproporcionado por parte de los agentes del orden.
El testimonio detallado del arresto revela la brutalidad con la que operan las fuerzas represivas bajo las órdenes de la dictadura. Donovan fue reducido mediante una llave de estrangulamiento que le provocó la pérdida de conocimiento. «Lo agarraron por el cuello y lo desmayaron, así mismo se lo llevaron para la estación de policía», confirmó la fuente. Por su parte, su padre, «El Nene», sufrió una paliza en la que participaron varios efectivos, quienes utilizaron cascos de motocicletas como armas contundentes. Los golpes, según los allegados, habrían dejado al detenido con lesiones de consideración, evidenciando el uso de la tortura física como método de escarmiento.
La situación de Hiromi Moliner genera una alarma adicional debido a su precario estado de salud. La mujer tiene un historial oncológico y padece de diabetes, condiciones que han sido documentadas y entregadas a las autoridades penitenciarias. Sin embargo, el régimen ha ignorado estos certificados médicos, manteniéndola en total aislamiento y negando a sus familiares cualquier tipo de comunicación telefónica o visita. Esta práctica de incomunicación prolongada es una táctica habitual de la dictadura para quebrar la moral de los presos y aumentar la angustia de sus familiares, constituyendo una clara violación de los derechos humanos.
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Hasta el momento, los cuatro familiares no han sido presentados ante ningún tribunal, lo que agrava su situación jurídica en un sistema donde las garantías del debido proceso brillan por su ausencia. La imputación de «atentado» es un recurso recurrente utilizado por el ejecutivo cubano para castigar a ciudadanos que se atreven a protestar. Esta figura penal, diseñada teóricamente para proteger a los funcionarios, se aplica de manera automática contra cualquier individuo que oponga resistencia verbal o física a los abusos de la policía política, criminalizando de facto el derecho constitucional a la manifestación.
El impacto de esta redada trasciende a los detenidos y golpea directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. En la vivienda familiar quedaron dos menores de edad a la deriva: una niña de 11 años, hija de Hiromi, que se encuentra en pleno período de exámenes escolares, y la bebé de dos años de la esposa de Donovan. La solidaridad vecinal ha sido fundamental para sostener a estos infantes, quienes ahora sufren las consecuencias emocionales y materiales de la ausencia de sus padres y abuelos, arrebatados por la maquinaria estatal. La separación forzada de menores es un daño colateral que el régimen de La Habana asume con total frialdad en su afán por silenciar las calles.
Crisis energética y estallido social en Guanabacoa
Las protestas en Guanabacoa no son un hecho aislado, sino el síntoma de una crisis estructural que asfixia a la isla. El desabastecimiento de combustible, el envejecimiento de la infraestructura eléctrica, la falta de mantenimiento y la ausencia de inversiones estratégicas han provocado un colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Las termoeléctricas funcionan por debajo de su capacidad, y la dependencia de aliados como Venezuela no logra suplir el déficit diario de generación. Los apagones, que en algunas zonas superan las 12 horas diarias, destruyen alimentos, interrumpen el suministro de agua y hacen insoportable el clima, empujando a los cubanos a un punto de quiebre.
Ante la incapacidad del gobierno cubano para ofrecer soluciones reales y la negativa a permitir la inversión privada o extranjera en el sector energético sin control estatal, la respuesta oficial ha sido el despliegue de fuerzas represivas para acallar el descontento. En Guanabacoa, los cortes eléctricos continúan, lo que mantiene viva la tensión en el vecindario. Los vecinos viven bajo el temor de que cualquier queja pública sea interpretada como un acto de subversión, resultando en detenciones violentas como las sufridas por la familia Moliner.
Patrones de represión y antecedentes del régimen
La criminalización de la protesta tiene profundas raíces en el modus operandi de la dictadura cubana. Desde el estallido social del 11 de julio de 2021, el régimen ha perfeccionado sus mecanismos de control social, apostando por el terror disuasivo. La reforma del Código Penal en 2022 endureció las penas y amplió el catálogo de delitos relacionados con la seguridad del Estado, facilitando la incarceración sumaria de manifestantes. Las detenciones arbitrarias, los juicios amañados, la intimidación a los familiares y el uso de la fuerza desmedida se han institucionalizado bajo un manto de impunidad.
Casos como el de la familia Moliner demuestran que las autoridades de la isla no dudan en atacar a unidades familiares enteras para enviar un mensaje claro a la población: cualquier manifestación de inconformidad será aplastada. Esta estrategia de represión selectiva y ejemplarizante busca fragmentar el tejido social, impidiendo que las protestas se articulen en movimientos de mayor escala. Además, el panorama se complica en un contexto de inflación galopante, devaluación de la moneda nacional y un éxodo migratorio sin precedentes que ha dejado a muchas familias divididas y sin redes de apoyo económicas.
Implicaciones y futuro de la sociedad civil
El aislamiento de Hiromi Moliner, «El Nene», Deyanira y Donovan en Villa Marista representa una violación flagrante de los derechos humanos que exige la condena firme de la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos civiles. La pasividad o el silencio diplomático ante estos abusos solo legitiman la impunidad con la que opera la dictadura cubana, enviando la señal de que la represión no tiene consecuencias geopolíticas.
Mientras el régimen mantenga secuestrada a la justicia y siga reprimiendo a quienes exigen servicios básicos, la crisis social y política en Cuba continuará profundizándose. La suerte de esta familia y de los menores abandonados a su suerte es un reflejo de la tragedia nacional que vive el país bajo un sistema que prioriza el control ideológico y la supervivencia del poder sobre la vida, la salud y la dignidad de sus ciudadanos. La tensión en Guanabacoa es un termómetro de la presión acumulada en la sociedad cubana, que enfrenta el dilema entre el agotamiento extremo y el miedo a una represión que no distingue entre adultos, enfermos o jóvenes.
