La líder opositora Rosa María Payá despidió a Isel Fumero Tuero, exprisionero político de las protestas del 11 de julio, fallecido en Caibarién, Villa Clara. Payá señaló a la dictadura cubana como responsable de arrebatarle la libertad y deteriorar su salud durante su encarcelamiento, aunque resaltó que no logró quebrar su dignidad ni el respaldo de su comunidad.
Fumero Tuero, de 51 años y promotor de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, fue detenido tras intervenir para defender a una mujer que era agredida por la policía durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Caibarién. Su hija, Yumey Fumero Cabarroca, denunció en su momento que su padre fue golpeado por integrantes de las Tropas Especiales, conocidas como \»Boinas Negras\», incluso después de haber sido esposado. La Fiscalía de la isla rechazó admitir como prueba videos que evidenciaban el uso desproporcionado de la fuerza en su contra.
El régimen de La Habana lo condenó a dos años y seis meses de privación de libertad por su participación en las protestas, una pena que cumplió íntegramente al serle negados los beneficios penitenciarios habituales. Su reclusión transcurrió entre la prisión La Pendiente y la instalación conocida como Alambrada de Manacas, en el municipio villaclareño de Santo Domingo, donde permaneció en aislamiento. En la etapa final de su sanción, las autoridades de la isla lo trasladaron a un campamento de trabajo en Remedios.
Represión estatal y silencio oficial sobre su muerte
Rosa María Payá vinculó directamente el deceso del activista con los abusos sufridos bajo custodia estatal. \»La dictadura le quitó la libertad y la salud, pero no pudo arrebatarle su dignidad ni el respeto de su pueblo, que le dio una despedida masiva y sentida en las calles de Caibarién\», afirmó la coordinadora de Cuba Decide a través de redes sociales. Aunque se ha señalado de manera preliminar que la causa del fallecimiento pudo ser un edema pulmonar, el gobierno cubano no ha emitido un informe médico oficial que confirme estos detalles.
El caso de Fumero ilustra el patrón sistemático de represión y criminalización de la disidencia que mantiene el ejecutivo cubano frente a quienes exigen cambios democráticos. A más de dos años de las históricas protestas, cientos de manifestantes continúan sufriendo las secuelas físicas y psicológicas derivadas de las condiciones carcelarias, el abandono médico en los penales y la persecución judicial sin garantías procesales.
Las escenas del sepelio de Isel Fumero, acompañado por numerosos vecinos en su localidad, reflejan el rechazo social acumulado frente a la violencia institucional. Su fallecimiento reaviva la exigencia de la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que se realice una auditoría independiente sobre el estado de los presos políticos en la isla, así como para frenar la impunidad de los aparatos represivos del Estado.
