El régimen de La Habana finalizó la vista oral contra el activista constitucionalista Alexander Peraza García, quien se enfrenta a una posible condena de 10 años de prisión. El juicio, plagado de irregularidades procesales, se desarrolló en el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara y queda a la espera de la sentencia definitiva contra el opositor, actualmente recluido en la prisión La Pendiente.
El proceso judicial quedó concluso para sentencia el pasado 5 de diciembre, según informó el propio Peraza García desde su encierro. La vista oral, celebrada en la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado, había comenzado a finales de noviembre pero fue suspendida en una primera instancia debido a la incomparecencia de la agente de la Seguridad del Estado designada como único testigo de la Fiscalía. En la reanudación del juicio, la uniformada volvió a ausentarse y prestó declaración vía telefónica, un proceso que tardó cuatro horas en conectarse y cuya calidad auditiva impidió una comprensión clara de su testimonio.
Represión por promover la Constitución de 1940
El Ministerio Público solicita 10 años de privación de libertad para el joven de 29 años bajo el cargo de \»propaganda contra el orden constitucional\». Peraza García fue arrestado el 23 de diciembre de 2024 en su domicilio en el municipio de Sagua la Grande, tras un minucioso registro llevado a cabo por la policía política. En el operativo, las autoridades de la isla confiscaron sus equipos de trabajo, así como material impreso y digital vinculado a la Constitución de 1940, documento histórico cuyos principios democráticos el activista promovía en redes sociales junto a denuncias sobre la realidad de su localidad.
La criminalización de Peraza García no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la escalada represiva de la dictadura cubana contra cualquier forma de disidencia. El activista había organizado previamente protestas pacíficas para exigir el suministro eléctrico y el acceso a servicios básicos, demandas que reflejan el colapso estructural que sufre la isla. La profunda crisis económica, la inflación galopante y el desabastecimiento energético han llevado a la ciudadanía a manifestar su descontento, situación que el ejecutivo cubano ha respondido con un endurecimiento del control social, la censura y el encarcelamiento preventivo de voces críticas.
Con este nuevo proceso, el régimen de La Habana refuerza su política de amedrentamiento hacia la sociedad civil. Alexander Peraza García está registrado como preso político por la organización no gubernamental Prisoners Defenders, lo que suma un capítulo más a la larga lista de violaciones de derechos humanos documentadas en el país. La eventual ratificación de esta condena representaría un nuevo golpe a las libertades fundamentales en Cuba, en medio de la pasividad de amplios sectores de la comunidad internacional y un contexto de creciente éxodo migratorio impulsado por la falta de horizontes democráticos.
