Un hombre no identificado fue sentenciado a 12 años de privación de libertad en la provincia de Santiago de Cuba tras ser acusado de \»sabotaje\» por el robo de 102 litros de aceite dieléctrico en la subestación Bungo 2. El hecho, que presuntamente dejó a cientos de familias sin electricidad durante 48 horas en el municipio de Contramaestre, fue anunciado por la prensa oficial sin detallar las garantías procesales del acusado, evidenciando una vez más el endurecimiento punitivo y la opacidad judicial del régimen de La Habana ante el colapso de la infraestructura básica del país.
Según informó la emisora estatal CMKC Radio Revolución, la sustracción del fluido —vital para el enfriamiento y aislamiento de los transformadores— provocó una avería de grandes proporciones en el consejo popular de Bungo La Venta. Sin embargo, el reporte oficial carece de los elementos mínimos de transparencia judicial: no precisa el nombre del sancionado, el tribunal que dictó el fallo, la fecha de la sentencia ni el número de expediente. Tampoco se conocen los argumentos de la Fiscalía o la defensa, ni si el acusado cuenta con antecedentes penales o si presentará un recurso de apelación.
Las autoridades de la isla calificaron el incidente como \»sabotaje\», amparándose en el artículo 125 del Código Penal, que establece penas de siete a 15 años por dañar sistemas de transmisión eléctrica. No obstante, la información difundida no explica qué pruebas presentó el tribunal para determinar que el acusado actuó con el propósito explícito de obstaculizar el servicio o si tenía conocimiento de las graves consecuencias que produciría su acto. La pena impuesta se enmarca en una estrategia gubernamental de criminalizar la desesperación ciudadana, atribuyendo a actos de sabotaje lo que, en muchos casos, son consecuencias directas de la miseria material que sufre la población.
Colapso energético y criminalización de la pobreza
La condena se produce en medio de la profunda crisis estructural que atraviesa el sistema electroenergético nacional. El desabastecimiento crónico, la inflación descontrolada y el éxodo migratorio han dejado a millones de cubanos en la indigencia, forzando en ocasiones a la población a recurrir a la extracción de recursos básicos para la supervivencia o el mercado negro. En lugar de reconocer su incapacidad para mantener la infraestructura, el gobierno cubano opta por la represión y la imposición de penas desproporcionadas, utilizando a la ciudadanía como chivo expiatorio de los apagones diarios que asfixian a la isla.
El endurecimiento de las penas bajo la figura de \»sabotaje\» envía un mensaje de terror a una población que ya soporta cortes eléctricos prolongados. Mientras la dictadura cubana exhibe juicios sumarios y opacos para amedrentar a los desesperados, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen su preocupación por la ausencia del estado de derecho en la isla. La verdadera justicia exigiría investigar la negligencia y la corrupción institucional que han llevado al colapso del sector energético, antes que criminalizar la miseria generada por décadas de mala gestión y falta de libertades.
