El preso político y activista de derechos humanos Alexander Díaz Rodríguez fue trasladado de manera abrupta e inexplicable desde un campamento de trabajos forzados hacia una prisión de máximo rigor en la provincia de Pinar del Río, en un nuevo episodio de la política represiva y de castigo físico que ejerce la dictadura cubana contra los manifestantes del 11 de julio de 2021. El activista, quien padece una enfermedad oncológica, fue despojado de sus pertenencias y, lo que es más grave, privado de su medicamento para tratar el cáncer.
La arbitrariedad se ejecutó al mediodía del 23 de junio, cuando varios militares se presentaron sin previo aviso en el campamento penitenciario conocido como «El 25», situado a cinco kilómetros del centro de detención Combinado de Sandino. Las autoridades penitenciarias montaron a Díaz Rodríguez en un vehículo y lo trasladaron de forma veloz hacia la Prisión Provincial de Pinar del Río, alias Kilo 5 ½, un recinto de máxima severidad. El traslado fue tan inesperado que al activista no se le permitió recoger su ropa, artículos de aseo personal ni, de manera alarmante, los medicamentos que requiere para su tratamiento oncológico.
Desde su llegada al nuevo centro de reclusión, Díaz Rodríguez ha denunciado el abandono médico al que está siendo sometido, ya que no ha recibido la medicación para combatir su cáncer. Asimismo, ha presentado quejas formales ante el jefe de unidad de Kilo 5 ½, el mayor Eliecer Díaz Rodríguez, y otros funcionarios del penal, pero el régimen de La Habana ha mantenido un absoluto silencio institucional, ignorando las peticiones del recluso y agravando su deterioro físico.
Respecto a los motivos de esta regresión a régimen de máxima severidad, el preso político aseguró desconocer las causas. Durante su estancia en el campamento de trabajos forzados no incurrió en ninguna indisciplina ni participó en incidentes que pudieran justificar legalmente la medida. Esta opacidad en la toma de decisiones penitenciarias es una constante en el sistema carcelario de la isla, donde la Seguridad del Estado opera por encima de las propias normativas institucionales del país.
Chantaje y coacción desde la Seguridad del Estado
La revocación del régimen de mínima severidad no parece ser un hecho aislado, sino la consumación de una amenaza previa. En abril de este año, Díaz Rodríguez había denunciado públicamente que agentes de la Seguridad del Estado lo visitaron para amenazarlo con regresarlo a un régimen de máximo rigor si no accedía a colaborar con los cuerpos represivos de la dictadura. Al negarse a ceder ante el chantaje, el activista se convirtió en objetivo de represalias administrativas y carcelarias.
Sobre la legalidad de esta maniobra, el abogado Alain Espinosa, de la organización independiente Cubalex, ha contextualizado las graves violaciones procesales que implica el caso. El jurista explicó que la única autoridad competente para ordenar una regresión a un régimen de mayor severidad es el tribunal que dictó la sentencia en primera instancia, y no la autoridad penitenciaria ni, mucho menos, la Seguridad del Estado. Además, precisó que, de disponerse tal medida, debería formalizarse mediante una resolución legal contra la cual procedería un recurso de súplica, un derecho que en este caso ha sido completamente ignorado por el ejecutivo cubano.
Espinosa también resaltó que la legislación de ejecución penal en Cuba es manifiestamente contraria a los estándares internacionales. Los traslados de reclusos hacia otras provincias, conocidos en la jerga carcelaria como «cordilleras», se realizan de manera discrecional y casi nunca se justifican documentalmente. Esta práctica vulnera flagrantemente las Reglas Mandela de la ONU, que establecen el principio de que los reclusos deben permanecer, en la medida de lo posible, cerca de su lugar de residencia, ya que el alejamiento forzoso constituye una forma adicional de castigo psicológico. Trasladarlo sin permitirle recoger sus pertenencias, añadió el jurista, es un acto arbitrario e ilegal que vulnera el derecho a la propiedad.
El calvario de un manifestante pacífico
Alexander Díaz Rodríguez, de 45 años y técnico medio en gastronomía, es natural de la provincia de Artemisa. Su ordeal comenzó cuando fue brutalmente golpeado y detenido el 11 de julio de 2021, mientras participaba en las protestas pacíficas que estallaron espontáneamente en toda la isla exigiendo libertad y cambios. Como respuesta a la exigencia ciudadana, la dictadura cubana lo sometió a un proceso judicial carente de garantías y lo condenó a seis años de privación de libertad bajo la acusación de falsos delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos.
Desde su encierro, la salud física del activista se ha deteriorado de manera notable y alarmante. El diagnóstico de una enfermedad cancerosa ha sido manejado por las autoridades carcelarias con negligencia y desdén. La falta de un tratamiento adecuado y oportuno ha transformado su condena en una sentencia de muerte lenta, una práctica sistemática empleada por el régimen para eliminar físicamente o quebrar la moral de los opositores encarcelados.
Contexto: Crisis sanitaria, hacinamiento y represión estructural
El caso de Díaz Rodríguez no es un evento excepcional, sino que se inscribe en la profunda crisis estructural que atraviesa el sistema penitenciario y sanitario en Cuba. Las prisiones de la isla se encuentran en un estado de hacinamiento crítico, sin las condiciones mínimas de salubridad, lo que se agrava con el colapso total del sistema nacional de salud. La escasez de medicamentos básicos, la falta de agua potable y la deficiente alimentación en los penales configuran un escenario de tratos crueles, inhumanos y degradantes para todos los reclusos, pero especialmente para los presos políticos y de conciencia.
Las protestas del 11 de julio de 2021 marcaron un antes y después en la represión estatal. La respuesta del gobierno cubano fue la criminalización de la protesta social, resultando en más de mil procesados y cientos condenados a largas penas de prisión. La dictadura ha utilizado el sistema judicial y penitenciario como herramientas de control social, buscando desarticular cualquier intento de organización civil a través del miedo, el encarcelamiento arbitrario y la persecución continua de los familiares.
Además, la estrategia de aislamiento a través de las «cordilleras» tiene un propósito claramente represivo en el contexto de la crisis económica cubana. Al alejar a los prisioneros de sus provincias de origen, el régimen de La Habana busca cortar el vínculo vital con sus familias, que son las encargadas de proveerles alimentos, ropa y medicinas ante la incapacidad del Estado para sostener a la población penal. Sin el apoyo familiar, la supervivencia del preso político se vuelve insostenible, aumentando el castigo físico y psicológico.
Implicaciones y responsabilidad internacional
La revocación del régimen de mínima severidad a Alexander Díaz Rodríguez y la privación de su medicamento contra el cáncer representan una urgente violación de los derechos humanos que exige la atención inmediata de la comunidad internacional. La vida del activista está en peligro inminente debido a la negligencia médica intencional orquestada desde las altas esferas del poder represivo en Cuba.
Organismos internacionales, relatores de la ONU y entidades de defensa de los derechos humanos deben exigir al ejecutivo cubano la restitución inmediata del tratamiento médico de Díaz Rodríguez, su retorno a un régimen de mínima severidad y, en última instancia, su libertad condicional por razones humanitarias. Mientras la impunidad del régimen continúe, la dictadura cubana seguirá utilizando la salud y la vida de los presos políticos como moneda de cambio y arma de represión, profundizando la tragedia humanitaria que asola a la isla.
