Funcionarios del penal de máximo rigor El Pitirre, en San Miguel del Padrón, impidieron el ingreso de suministros básicos al manifestante del 11J Nilo Abrahantes Santiago, quien fue posteriormente agredido y confinado en una celda de castigo por reclamar sus pertenencias. La acción evidencia una vez más el trato cruel y la privación intencional de recursos hacia los presos políticos en la isla.
Durante una visita familiar, los uniformados del centro penitenciario, también conocido como 15-80, requisaron a Abrahantes Santiago un suplemento nutricional de gofio de harina de trigo y varias tabletas de omeprazol. Al exigir explicaciones por la retención de artículos que habitualmente le eran permitidos, el jefe del salón de visitas, identificado como primer teniente Diógenes, lo empujó, suspendió el encuentro y ordenó su traslado a una celda de castigo bajo arresto, donde permaneció hasta el día siguiente.
La incautación del medicamento representa un riesgo directo para la salud del recluso, quien padece de úlcera y gastritis, condiciones que requieren tratamiento constante y para las cuales no existe suministro farmacéutico en la instalación. Por su parte, el gofio constituye un complemento vital para la alimentación del prisionero, dada la profunda deficiencia nutricional que padecen los internos en las cárceles del régimen de La Habana.
Colapso sanitario y desnutrición en el sistema penitenciario
La situación de Abrahantes Santiago no es un hecho aislado, sino un reflejo del deterioro sistemático de las condiciones carceleras en Cuba. El propio prisionero, natural de Bejucal y condenado a cinco años por el supuesto delito de sabotaje tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021, ya había alertado sobre la reducción drástica de las raciones de alimentos, pasando de 90 a 45 gramos de arroz, acompañadas de caldos sin valor proteico. A esta precariedad se suman brotes epidemiológicos recurrentes, como una crisis de fiebre y una epidemia de tuberculosis que afectó a varios destacamentos a finales del pasado año, todo agravado por la absoluta falta de atención médica.
El acoso contra el manifestante confinado en El Pitirre reafirma la política de la dictadura cubana de aniquilación física y psicológica contra quienes se atrevieron a exigir libertades públicas. Mientras el gobierno cubano mantiene en el ostracismo a cientos de prisioneros de conciencia, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan documentando estas violaciones que evidencian la urgencia de un mecanismo de supervisión independiente en las prisiones de la isla.
