En una nueva muestra de la intolerancia que caracteriza al régimen de La Habana, la delegación oficial cubana ante Naciones Unidas intentó acallar las denuncias de tres activistas afrodescendientes durante el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes en Ginebra. La maniobra de censura no solo fracasó, sino que terminó desatando el repudio y los abucheos del público asistente, evidenciando el aislamiento creciente de la dictadura en los escenarios internacionales.
El Palacio de las Naciones en Ginebra fue el escenario de un episodio que refleja con precisión la naturaleza autoritaria del gobierno cubano. Convocado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el quinto período de sesiones del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes se concibió como un espacio para debatir y ampliar los derechos de esta población bajo el Segundo Decenio Internacional. Sin embargo, la presencia de la sociedad civil independiente cubana desató la furia de los diplomáticos enviados por la isla, acostumbrados a controlar la narrativa sin oposición.
Las activistas María Matienzo Puerto, Kirenia Yalit Núñez y Oraisa Estrada Vellma acudieron al foro con el propósito de visibilizar la doble vulnerabilidad que sufren los afrodescendientes en Cuba: la marginación estructural y la represión política. La jornada inaugural, destinada a un debate general con participación de la sociedad civil, se convirtió en un campo de batalla diplomático cuando Estrada Vellma tomó la palabra para denunciar la cruda realidad que enfrenta la población negra en la isla bajo el yugo de la dictadura.
«Como una mujer afrodescendiente, libre, cubana, hoy levanto mi voz por aquellos a quienes se les ha intentado arrebatar todo, su libertad, su dignidad y hasta su humanidad», manifestó Estrada Vellma ante el plenario. La activista desgranó una verdad incómoda para el régimen: «En mi país disentir no es un derecho, es un riesgo y un castigo, y para los afrodescendientes ese riesgo ha sido históricamente mayor». Fue precisamente en este punto de su intervención cuando la delegación oficial cubana interrumpió, exigiendo la palabra para acusar a la activista de emplear un supuesto «lenguaje irrespetuoso» y solicitar que fuera llamada al orden.
La reacción institucional del régimen de La Habana fue la de siempre: intentar silenciar la verdad mediante el amedrentamiento burocrático. No obstante, lejos de amilanarse, Oraisa Estrada Vellma mantuvo su postura y continuó su denuncia con firmeza. «Han explotado nuestra imagen para proyectar igualdad mientras en la realidad reprimen, encarcelan y marginan», sentenció. Su intervención incluyó el señalamiento directo de casos emblemáticos de la represión estatal, como los de los artistas y presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo), encarcelados por el simple hecho de ejercer su derecho a la libre expresión. Al concluir, la activista fue arropada por una ovación del público que se extendió por casi veinte segundos, un respaldo claro a la verdad y un desaire a los funcionarios cubanos.
El turno de María Matienzo profundizó aún más en la crítica al aparato propagandístico del gobierno cubano. Matienzo cuestionó severamente el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial aprobado en el año 2019, argumentando que, tras años de implementación, no ha producido «resultados palpables» para la población. Además, denunció la criminalización y el estigma social que sufren los practicantes de la religión abakuá, una manifestación cultural de raíces afrocubanas que la dictadura ha marginado históricamente cuando no puede cooptarla. Ante estas declaraciones, el representante oficial volvió a quejarse por el tono de las intervenciones, demostrando la nula tolerancia del régimen hacia la crítica constructiva.
Por su parte, Kirenya Yalit Núñez centró su exposición en la persecución sistemática que sufre el activismo independiente dentro de la isla. Las tres mujeres representan un sector de la sociedad civil que el gobierno cubano se niega a reconocer, prefiriendo etiquetarlos como agentes externos antes que admitir el fracaso de su modelo sociopolítico. La actitud beligerante de los diplomáticos cubanos provocó que, al menos, dos activistas de otras nacionalidades cedieran parte de su escaso tiempo de palabra para reprochar la conducta del funcionario de La Habana y exigir respeto para las expositoras cubanas. Una activista estadounidense subrayó que el foro debía ser «un espacio seguro» donde las personas afrodescendientes pudieran confrontar al poder sin sentirse amenazadas, un principio que la delegación cubana violó flagrantemente.
Al cierre de la sesión, la delegación del régimen redobló su agresividad verbal. En un intento desesperado por deslegitimar a las denunciantes, el representante de La Habana las acusó de haberse acreditado «falsamente» como organizaciones no gubernamentales, negándoles la condición de ser parte «genuina» de la sociedad civil. En un recurso retórico manido y propio de la dictadura, las tildó de «asalariadas» y «mercenarias» al servicio de una agenda de «cambio de régimen» financiada desde Estados Unidos. El salón respondió de manera contundente con una nueva salva de abucheos, aislando por completo a los diplomáticos y dejando en evidencia que sus tácticas de intimidación no tienen cabida en los foros de derechos humanos.
Contexto: La maquinaria represiva y el racismo estructural en Cuba
Para comprender la reacción desesperada de los diplomáticos cubanos en Ginebra, es necesario analizar el contexto interno de la isla. Desde 1959, el régimen ha construido una narrativa oficial que se atribuye la abolición de las barreras raciales, utilizando el tema racial como un trofeo propagandístico. Sin embargo, la realidad sociológica demuestra que el racismo estructural persiste y se ha profundizado en las últimas décadas. La crisis económica ha golpeado con mayor severidad a las poblaciones afrodescendientes, quienes tienen un acceso limitado a las remesas familiares provenientes del extranjero, un factor clave para la supervivencia en la actual economía dual cubana.
Las protestas masivas del 11 de julio de 2021 dejaron al descubierto esta realidad de manera innegable. La mayoría de los manifestantes que salieron a las calles para exigir libertad y mejores condiciones de vida eran jóvenes afrodescendientes. La respuesta de la dictadura fue la criminalización y el encarcelamiento masivo, configurando una población penal política donde la población negra está sobrerrepresentada. Casos como los de Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo no son excepciones, sino símbolos de un sistema que castiga con especial dureza a los afrodescendientes que se atreven a desafiar el statu quo impuesto por el gobierno cubano.
El Programa Nacional contra el Racismo, al que hizo referencia María Matienzo, es visto por muchos analistas y activistas como una medida maquilladora. Aunque reconoce oficialmente un problema que durante décadas se negó a debatir, carece de mecanismos de rendición de cuentas y de participación real de la sociedad civil independiente. La dictadura pretende controlar la agenda antirracista a través de instituciones oficialistas, silenciando a aquellas voces que exigen transformaciones profundas y no solo declaraciones retóricas. La censura a las religiones de raíces africanas, como la abakuá, responde a la misma lógica de control ideológico totalitario.
Aún más alarmante es el componente de represión transnacional evidenciado en este episodio. Matienzo y Núñez reportaron señales de seguimiento y hostigamiento fuera del recinto de la ONU. Según sus declaraciones, una delegación del Consulado de Cuba en Madrid se presentó frente a su hotel en Ginebra, habiéndoles seguido la pista desde el aeropuerto. Esta práctica de vigilancia y acoso a opositores en el exilio o en gira internacional es una violación flagrante de la soberanía de los países anfitriones y demuestra que los tentáculos del aparato represivo de Estado operan más allá de las fronteras insulares.
El incidente en el Foro Permanente de la ONU sobre los Afrodescendientes es una victoria cívica para la sociedad civil cubana y un duro revés para la diplomacia del régimen. Queda demostrado que el gobierno cubano no puede sostener su discurso de supuesta igualdad racial cuando las víctimas de su sistema de represión alzan su voz en escenarios internacionales. La dictadura, acostumbrada a la impunidad en el interior de la isla, choca frontalmente con los estándares democráticos y de derechos humanos que rigen en los organismos multilaterales. Los abucheos en Ginebra resuenan como un llamado de atención a la comunidad internacional sobre la urgencia de exigir a La Habana el respeto a la libertad de expresión, el cese de la hostilidad contra los activistas y la liberación incondicional de todos los presos políticos.
