El Departamento de Estado de Estados Unidos repudió este jueves la revocación de la libertad condicional de los opositores Donaida Pérez Paseiro, José Daniel Ferrer y Félix Navarro, señalando que esta medida evidencia la «debilidad» del régimen de La Habana y su «desprecio hacia el pueblo». La condena internacional coincide con el traslado de Pérez a una prisión en Villa Clara, tras una audiencia marcada por amenazas directas de la Seguridad del Estado, profundizando la crisis de derechos humanos en la isla.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense emitió un comunicado en el que responsabiliza directamente a las autoridades de la isla por el bienestar de estos activistas. La oficina diplomática advirtió que los responsables de estos abusos «deberán rendir cuentas» por sus acciones, en clara referencia a la privación deliberada de atención médica y del derecho a visitas familiares que sufren los opositores tras su reingreso al sistema penitenciario cubano.
El foco de la condena se centra de manera prominente en el caso de Donaida Pérez Paseiro, líder opositor y presidenta de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba. El Tribunal Provincial Popular de Villa Clara revocó su libertad condicional este 11 de junio, argumentando el incumplimiento de requisitos legales, entre ellos la incomparecencia a una citación judicial. Sin embargo, el entramado disidente y los familiares de la activista denuncian que el proceso carece de las más mínimas garantías procesales y responde a una persecución estrictamente política orquestada por los aparatos de inteligencia del Estado.
La audiencia judicial que decretó el reingreso de Pérez Paseiro a la prisión estuvo rodeada de hostigamiento, según relató su cuñado, el expreso político Jorge Luis García Pérez, conocido como «Antúnez». Durante el proceso, la activista expresó su preocupación por la delicada situación de su esposo, Loreto Hernández García, quien también permanece encarcelado por motivos políticos. La respuesta de la jueza y de los oficiales de la Seguridad del Estado fue una amenaza directa y sin eufemismos: «O te callas o te quedas», una frase que ilustra a la perfección el carácter arbitrario y punitivo de la justicia en la isla.
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Tras la revocación de su beneficio penal, Donaida fue trasladada de inmediato a la prisión de Guamajal, en la provincia de Villa Clara. Este centro penitenciario no le es ajeno a la activista, quien ya había estado recluida allí tras ser condenada en febrero de 2022 a ocho años de privación de libertad. Su delito, a los ojos del ejecutivo cubano, fue haber participado en las manifestaciones masivas del 11 de julio de 2021, un hito histórico que conmocionó al país y desencadenó una ola de represión y encarcelamientos sumarísimos sin precedentes en décadas.
Represión sistemática contra líderes opositores
La situación de Pérez Paseiro no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una estrategia más amplia de la dictadura cubana para neutralizar a las figuras más visibles de la oposición interna. Félix Navarro y José Daniel Ferrer, dos de los líderes opositores más reconocidos a nivel nacional e internacional, corren la misma suerte. Ambos fueron excarcelados a inicios de este año bajo el régimen de libertad condicional, un movimiento que en su momento fue percibido como una concesión táctica del régimen para aliviar la presión internacional. No obstante, en el mes de abril fueron devueltos a la cárcel bajo el pretexto de supuestas violaciones a las condiciones de su liberación.
Los allegados de Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y de Navarro, presidente del Movimiento Pedagógico Cubano, han denunciado de manera reiterada que ambos enfrentan severas restricciones para acceder a una atención médica adecuada, así como obstáculos constantes para mantener contacto con sus familias. El uso de las condiciones carcelarias como forma de tortura psicológica y física es una táctica recurrente del aparato represivo, que busca doblegar la voluntad de los disidentes y enviar un mensaje disuasivo al resto de la sociedad civil que intente organizarse al margen del control estatal.
El contexto de una crisis estructural y judicial
El reingreso a prisión de estos tres activistas debe leerse en el marco de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. Las protestas del 11 de julio de 2021 surgieron como consecuencia directa del colapso económico, el desabastecimiento crónico, los apagones prolongados y la asfixia social. Ante la incapacidad del gobierno cubano para ofrecer respuestas a estas demandas ciudadanas, el régimen optó por la criminalización de la protesta, utilizando el sistema judicial como un brazo ejecutor de la represión política y aplicando figuras jurídicas como los delitos de desacato, desorden público y sedición de manera fraudulenta.
La situación actual de la isla no ha mejorado desde aquellas jornadas. La inflación galopante, la devaluación de la moneda nacional, la dependencia del turismo que no logra recuperarse y la escasez de productos de primera necesidad mantienen a la población en un estado de precariedad extrema. Esta crisis económica ha impulsado a cientos de miles de cubanos a emprender un éxodo migratorio histórico hacia Estados Unidos y otras naciones del continente. En este escenario de crisis múltiple, las autoridades de la isla intensifican el cerco contra el activismo, percibiendo cualquier vestigio de organización independiente como una amenaza existencial para el monopolio del poder.
Además, el caso de Donaida Pérez Paseiro introduce una dimensión adicional: la persecución contra la libertad religiosa. Como presidenta de la Asociación de Yorubas Libres de Cuba, su activismo también ha desafiado el control que el Estado ejerce sobre las instituciones religiosas mediante la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista. Su encarcelamiento es un golpe no solo a la disidencia política, sino también a las comunidades religiosas que reclaman autonomía frente a la intromisión estatal.
Implicaciones y respuesta internacional
La condena del Departamento de Estado estadounidense subraya la creciente tensión diplomática y el escrutinio internacional sobre el manejo de los derechos humanos en Cuba. Organizaciones defensoras de las libertades fundamentales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han alertado de que la impunidad con la que opera el aparato de seguridad del Estado solo profundiza el aislamiento del país y agrava el sufrimiento de decenas de presos políticos y sus familias, quienes sufren el trauma colateral de la separación y la incertidumbre.
De cara al futuro, la persistencia en esta política de hostigamiento judicial y reclusión arbitraria confirma que el régimen de La Habana no tiene intención de abrir espacios democráticos. La revocación de libertades condicionales demuestra que cualquier flexibilización es meramente coyuntural. Mientras la comunidad internacional evalúe sus políticas de acercamiento o presión hacia la isla, la realidad interna sigue marcada por un punto muerto: la dictadura cubana mantiene el control a través del miedo y el castigo, mientras la sociedad civil intenta sobrevivir bajo el peso de un modelo económico y político en franco fracaso.
