Las autoridades judiciales de las provincias orientales de Granma y Santiago de Cuba han emitido severas sentencias de privación de libertad, oscilando entre ocho y nueve años, contra ciudadanos procesados por delitos relacionados con la marihuana. Estas decisiones se enmarcan en una campaña punitiva impulsada por el régimen de La Habana, que busca proyectar una imagen de control social frente al creciente deterioro de la seguridad ciudadana y la profunda crisis económica que atraviesa la isla.
En la ciudad de Bayamo, la Sala I de lo Penal del Tribunal Provincial Popular celebró un juicio público calificado por las autoridades como \»ejemplarizante\». El procesado, detenido mientras portaba un envoltorio de marihuana en el reparto Camilo Cienfuegos, fue condenado a ocho años de prisión. La fiscal jefa provincial de Granma, Alina Medina Friman, defendió el fallo a través de redes sociales, argumentando que el enfrentamiento al tráfico de sustancias ilícitas es una responsabilidad colectiva, en un claro intento del ejecutivo cubano por involucrar a la población en su estrategia de vigilancia y control.
Por su parte, el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba dictaminó una pena aún más dura contra un hombre de 55 años, sentenciado a nueve años de cárcel por la comercialización de cannabis. El individuo fue interceptado en septiembre del año pasado en Palma Soriano con 230 gramos de marihuana, la cual presuntamente distribuía desde su domicilio. La sentencia, emitida bajo el artículo 235.1 del Código Penal, incluyó sanciones accesorias como la prohibición de salida del territorio nacional y el decomiso de bienes, medidas que evidencian el carácter restrictivo del sistema judicial frente a delitos no violentos.
Endurecimiento punitivo en medio de la crisis estructural
Estos recientes juicios se suman a una serie de procesos similares ocurridos a lo largo del año, incluyendo la condena en abril de dos jóvenes a ocho y nueve años por consumo y cultivo de la planta. La dictadura cubana ha justificado este endurecimiento legal como un \»ejercicio de enfrentamiento a las drogas\», una estrategia que ha sido criticada por su enfoque puramente represivo. Mientras el gobierno cubano impone penas desproporcionadas por delitos menores relacionados con estupefacientes, ignora las causas estructurales que propician el mercado negro, tales como la inflación galopante, el desabastecimiento crónico y la falta de oportunidades que empuja a muchos ciudadanos a la economía informal.
El uso de la justicia penal como herramienta de escarmiento público refleja la prioridad del régimen por mantener el orden a través del miedo, antes que abordar las verdaderas causas de la inseguridad social. La imposición de penas de casi una década por delitos vinculados a la marihuana, en un contexto donde los derechos fundamentales y las garantías procesales reales son limitadas, plantea serias dudas sobre la proporcionalidad de las sanciones. A largo plazo, esta política de encarcelamiento masivo no solo agrava el hacinamiento en las prisiones de la isla, sino que profundiza el clima de represión que sigue forzando el éxodo masivo de cubanos en busca de libertad y mejores condiciones de vida.
