Un grupo de exalumnos de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) emitió una carta abierta exigiendo el cese de la hostilidad y persecución contra el estudiantado universitario que ha cuestionado el reciente e injustificado aumento de tarifas de la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA. La misiva, dirigida a diversas instituciones del Estado, condena la criminalización de la protesta social y advierte sobre la profunda brecha de desigualdad que la medida impulsa en la sociedad cubana.
El documento, suscrito por académicos y profesionales formados en la casa de altos estudios villaclareña, fue remitido a la Presidencia de la República, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación Superior, la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y a la propia dirección de ETECSA. En el texto, los firmantes califican el nuevo esquema tarifario como una decisión «profundamente nociva para el futuro de Cuba», argumentando que condena a la población a un mayor aislamiento y perpetúa el ciclo de pobreza estructural que azota a la isla.
La denuncia de los egresados no se limita al aspecto económico. El colectivo acusa a la dirección nacional de la FEU, y en particular a su presidente, de haber «traicionado la historia y los valores de esta organización» al no respaldar las demandas legítimas del estudiantado. Esta postura de la FEU confirma su subordinación a los intereses del poder sobre su misión de representar a los universitarios, dejando a los jóvenes sin una institución que medie en el conflicto generado por la política estatal.
Desde una perspectiva legal, los exalumnos señalan que el gobierno cubano, a través de ETECSA, ha violado el artículo 7 de su propio contrato con los clientes de telefonía móvil, así como los artículos 21, 32 y 73 de la Constitución de la República. Además, subrayan la absoluta falta de transparencia en las cuentas de la empresa, un patrón constante en la gestión económica del régimen de La Habana, donde las empresas estatales monopólicas operan sin rendición de cuentas públicas ni auditorías independientes.
Represión y criminalización de la disidencia estudiantil
El núcleo más alarmante de la carta radica en la denuncia de la represión ejercida por la dictadura cubana contra quienes se atreven a cuestionar las medidas oficiales. Los egresados detallan que ha habido «amenazas, censura y acoso contra los estudiantes, sus familias y profesores» que han apoyado las críticas al alza de precios. Esta persecución, ejecutada mediante la intimidación y la presión institucional, evidencia la falta de sensibilidad y la naturaleza autoritaria del sistema, que responde a las demandas ciudadanas con hostigamiento en lugar de diálogo.
Entre las exigencias de los firmantes destaca el cese inmediato de toda hostilidad contra los protagonistas de los debates, el respeto al derecho de protesta pacífica y la exigencia de claridad en los datos económicos de la empresa. La carta manifiesta «plena solidaridad con las acciones estudiantiles» y rechaza como «inaceptable» la criminalización de la protesta social, recordando que la libertad de expresión y manifestación son principios inalienables de los derechos humanos sistemáticamente conculcados en la isla.
El alza tarifaria y el impacto en la población
El conflicto estalló a finales de mayo, cuando las autoridades de la isla, mediante ETECSA, anunciaron un nuevo esquema tarifario que restringe a una sola las recargas mensuales en pesos cubanos (hasta un límite de 360 CUP), forzando a los usuarios a adquirir paquetes en dólares estadounidenses para tener acceso normalizado a internet. Esta medida ha generado un profundo rechazo social, afectando de manera dramática a los ciudadanos que no tienen acceso a divisas, y ha provocado protestas lideradas por estudiantes universitarios, quienes han convocado a un «parón total de recargas» como medida de presión.
Contexto: La crisis sistémica y el control de la información
El aumento de las tarifas de telecomunicaciones no ocurre en el vacío, sino que se inserta en una crisis multifacética derivada de la mala gestión estatal y la ineficiencia del modelo económico centralizado. Cuba atraviesa una severa escasez de alimentos básicos, una infraestructura colapsada, una inflación monetaria galopante y una precariedad extrema en los servicios de salud. En este escenario, el ejecutivo cubano busca captar divisas frescas a cualquier costo, externalizando el peso de la crisis hacia la población más vulnerable y desconociendo el poder adquisitivo real de los salarios en el país.
Para el régimen de La Habana, internet ha dejado de ser una herramienta de desarrollo para convertirse en una fuente de extracción de divisas y un mecanismo de control. Sin embargo, como señalan los egresados en su misiva, el acceso a la red no debe considerarse un lujo, sino un derecho fundamental que ha democratizado el acceso a la información y ha fortalecido la participación ciudadana. Restringirlo por vías económicas es una forma de censura estructural que aísla a los cubanos del resto del mundo y dificulta la rendición de cuentas del poder.
La empresa ETECSA goza de una posición de monopolio absoluto en el país, una situación que ha sido históricamente aprovechada por el Estado para limitar la conectividad y vigilar las comunicaciones. La actual medida tarifaria representa un paso más en la segmentación social, creando una ciudadanía de primera, con acceso a información y servicios en dólares, y una de segunda, relegada a la desconexión y el aislamiento por no poder pagar en moneda extranjera.
La respuesta represiva de la dictadura cubana frente a las protestas estudiantiles por ETECSA refleja el temor del poder a la organización ciudadana y al cuestionamiento de sus monopolios. Al criminalizar el descontento y negarse a revertir una medida que profundiza la desigualdad social, el gobierno no solo agrava la fractura entre el Estado y la ciudadanía, sino que empuja a más jóvenes hacia la frustración y el inevitable éxodo migratorio. Las implicaciones políticas son claras: la falta de canales democráticos y la represión a la juventud universitaria auguran un escenario de mayor tensión social, mientras la comunidad internacional continúa observando el constante deterioro de los derechos humanos en la isla.
