El subsecretario interino de Estado de EE.UU. para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin, ha señalado de forma contundente que la dictadura cubana desvía los escasos recursos de la isla hacia la maquinaria represiva y el conglomerado empresarial militar GAESA, dejando a la población sumida en la miseria y sin acceso a productos básicos de subsistencia.
Las declaraciones del alto funcionario estadounidense llegan en respuesta a un revelador reportaje de la agencia Associated Press que expone el colapso definitivo de la libreta de abastecimiento, el sistema de racionamiento estatal instaurado hace más de seis décadas. Lewin no dudó en calificar el sistema comunista de la isla como «una mentira cruel», evidenciando cómo décadas de corrupción incalculable y mala gestión por parte de las élites gobernantes han vaciado por completo los estantes de las tiendas estatales. Según el funcionario, la prioridad del régimen de La Habana no es el bienestar de sus ciudadanos, sino el sostenimiento de su aparato de seguridad y el enriquecimiento de los cleptócratas que controlan el sector turístico y las finanzas externas del país.
El reportaje que motivó las críticas desde Washington detalla la cruda realidad de las bodegas estatales, símbolos de un sistema de distribución que hoy funciona solo como una caricatura de su propósito original. En el centro de La Habana, establecimientos diseñados para abastecer a unos 5.000 clientes dependientes se encuentran prácticamente desprovistos de mercancía. La promesa de alimentos subsidiados, que en su momento incluyó leche, pescado, aceite y hasta cigarrillos, se ha reducido a una oferta miserable de arroz, azúcar y garbanzos partidos, insuficiente para garantizar la subsistencia de cualquier familia.
Los testimonios recogidos en la calle confirman la magnitud del desastre humanitario. José Luis Amate López, trabajador de una de estas bodegas habaneras, admitió abiertamente que ningún cubano puede vivir hoy con los productos asignados por el Estado. La situación es tan crítica que beneficios simbólicos, históricamente destinados a conmemorar cumpleaños de 15 años o a compensar a personas que alcanzan los 65 años, simplemente no llegan a los establecimientos o se han deteriorado hasta perder todo valor nutricional y económico.
La comparación con el llamado Período Especial de la década de 1990 se ha vuelto inevitable para quienes sobreviven en la isla. Sin embargo, la percepción generalizada entre los residentes es que el deterioro actual supera en severidad a la crisis de los noventa. Mientras que en aquella etapa la privación estuvo ligada al colapso del bloque soviético, la escasez contemporánea es el resultado directo de la ineptitud estructural y el desvío de fondos por parte del gobierno cubano. Amate López recordó cómo hace décadas su bodega estaba tan abastecida que «no podía casi ni caminar», un contraste brutal con los pasillos vacíos de hoy.
El drama cotidiano se refleja en historias como la de Ana Enamorado, una habanera de 68 años que en el último mes solo pudo adquirir garbanzos partidos y un kilogramo de azúcar en su bodega asignada. Con un ingreso combinado de salario y pensión que apenas alcanza los 8.000 pesos cubanos mensuales, Enamorado se encuentra excluida del mercado emergente de las mipymes, donde la dolarización ha disparado los precios. «Ahora hay que reducir, una comida al día y vivir del recuerdo», resumió la mujer, retratando el hambre silenciosa que azota a la tercera edad en Cuba.
El desplome del sistema de racionamiento ocurre en un entorno económico marcado por una inflación galopante, apagones prolongados, escasez crónica de combustible y una dolarización forzada que excluye a la mayoría de la población del acceso a bienes básicos. El gobierno cubano ha demostrado una incapacidad absoluta para sostener el abastecimiento estatal, no solo por la falta de liquidez, sino por la negación de implementar reformas estructurales que pongan fin al monopolio estatal y la planificación centralizada.
Expertos académicos consultados por Associated Press, como el profesor William LeoGrande de la American University, atribuyen parte de este colapso a la quiebra fiscal del Estado. LeoGrande señaló que el gobierno cubano «metió la pata» con la unificación monetaria de 2021, un proceso que disparó la inflación porque el régimen de La Habana sigue gastando más dinero del que ingresa. El académico advirtió que cualquier intento de ajuste fiscal severo tendría un costo social inasumible para la dictadura, lo que explica la parálisis gubernamental y la preferencia por mantener un status quo insostenible.
A pesar de la ruina generalizada, el régimen continúa inyectando capital en el sector turístico, una industria que ha colapsado pero que sigue siendo prioridad para la élite militar. LeoGrande destacó que la inversión estatal en turismo es «mucho mayor» que la demanda real, un despropósito económico que solo se explica por la necesidad de mantener operativas las estructuras de negocio de GAESA. Esta entidad, controlada por el Ministerio de las Fuerzas Armadas, monopoliza la hotelería, el comercio minorista en divisas y las importaciones, asegurando que los ingresos en moneda dura fluyan hacia las cuentas externas de la cúpula militar, mientras la población se alimenta de garbanzos partidos.
Contexto: El control social a través del hambre y el poder militar
La libreta de abastecimiento fue instaurada a principios de la década de 1960 bajo el pretexto de garantizar la distribución equitativa de alimentos en un país bajo bloqueo. Sin embargo, su verdadera función histórica ha sido la de un mecanismo de control social y subordinación política. Al depender completamente del Estado para la alimentación básica, el ciudadano cubano perdió su autonomía y quedó a merced del aparato represivo. Cualquier disidencia política implicaba el riesgo de ser excluido del sistema de racionamiento, condenando a la familia del opositor al hambre. Hoy, ese mismo instrumento de control se ha vuelto insostenible para la dictadura, que ya no cuenta con los subsidios extranjeros necesarios para mantener la dependencia alimentaria de la población.
Por su parte, el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) representa el rostro más visible de la cleptocracia militar en Cuba. Controlando más del 70% de la economía formal, GAESA opera con total opacidad, exenta de rendir cuentas al pueblo cubano. Mientras las bodegas estatales se vacían y los hospitales carecen de medicamentos, las empresas vinculadas a GAESA importan bienes de lujo, administran hoteles vacíos y monopolizan el mercado de divisas. Esta dicotomía entre un Estado empobrecido que debe atender las necesidades básicas y una corporación militar enriquecida que opera en paralelo, es la clave para entender por qué el régimen de La Habana canaliza sus recursos únicamente hacia la represión y el enriquecimiento de su cúpula, tal como denunció el Departamento de Estado.
Una crisis sin retorno visible
La denuncia desde Washington y los testimonios en las calles de La Habana dibujan un panorama desolador: una dictadura que ha optado por la extracción final de riquezas antes que por la supervivencia de su propia base social. La incapacidad del gobierno cubano para rectificar su modelo económico, sumada a la prioridad de financiar el aparato represivo para evitar un estallido social, augura un agravamiento de la crisis migratoria y humanitaria. Con más de un millón de cubanos huyendo hacia Estados Unidos en los últimos años, la isla se vacía mientras sus recursos son saqueados. La pregunta que flota en el aire no es si el sistema colapsará, sino cuánto más sufrirá la población antes de que la ineficiencia y la corrupción del régimen de La Habana se traduzcan en un cambio estructural e inevitable.
