El padre Alberto Reyes, párroco de Esmeralda en la provincia de Camagüey, ha emergido como una de las figuras espirituales más críticas frente al régimen de La Habana. Tras ser citado e interrogado por la Seguridad del Estado en dos ocasiones, el religioso reitera su denuncia sobre la profunda crisis que asola la isla y exige un cambio de sistema, argumentando que el modelo impuesto ha fracasado y sometido a la población a la miseria más absoluta.
La intolerancia de la dictadura cubana hacia cualquier manifestación de disidencia ha puesto en la mira a figuras religiosas que se atreven a cuestionar el status quo. A finales de enero, el padre Reyes fue convocado junto al sacerdote Castor Álvarez por la Policía política. El objetivo de este encuentro, según relató el propio sacerdote, fue emitir una clara advertencia: ambos podrían enfrentar procesos penales bajo la acusación de «incitar» a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente, reclamar sus derechos fundamentales o simplemente expresar su descontento público.
Durante el interrogatorio, los agentes de la Seguridad del Estado mantuvieron la narrativa oficial, atribuyendo la responsabilidad de la crisis nacional al embargo estadounidense. Sin embargo, el párroco confrontó este relato al plantear la ausencia de libertades y la dificultad cotidiana para acceder a bienes básicos. Reyes cuestionó el miedo institucionalizado que bloquea cualquier expresión popular, señalando la preocupación por una nación donde la alimentación, el transporte, las medicinas y la educación se han deteriorado a niveles críticos, haciendo inviable cualquier diálogo o reflexión conjunta con las autoridades.
La postura del padre Reyes no se limita a la redacción de su columna semanal «He estado pensando», publicada en redes sociales, donde denuncia la represión. Su compromiso con su congregación lo llevó a implementar una medida de protesta pacífica y altamente simbólica. En mayo de 2024, anunció que por cada interrupción del servicio eléctrico en su localidad, haría sonar las campanas de su iglesia treinta veces. Esta acción directa frente al colapso energético lo posicionó inmediatamente como un objetivo para los aparatos represivos del Estado.
Padre Alberto Reyes: “Ya es suficiente; es hora de un cambio”
El despertar crítico del sacerdote tiene un origen marcado por una experiencia cercana a la muerte. Mientras regresaba en una motocicleta eléctrica bajo un aguacero torrencial, tras una avería de su vehículo, vislumbró la posibilidad de perder la vida en un accidente de tránsito. Ese momento de vulnerabilidad fue el catalizador que lo impulsó a romper su bajo perfil y hablar abiertamente. Convencido de que la Iglesia debe ser «la voz de los que no tienen voz», Reyes decidió articular su fe con la realidad social, asumiendo que predicar requiere tanto la Biblia como el conocimiento del contexto inmediato.
Respecto al papel de la Iglesia Católica como institución, el religioso reconoce el respaldo de sus superiores jerárquicos, quienes han mostrado preocupación y acompañamiento ante el acoso estatal. Reyes aboga por una Iglesia que sepa leer y acompañar el momento histórico que atraviesa Cuba, advirtiendo sobre el riesgo de una transición futura que abandone la espiritualidad y derive en nuevas formas de autoritarismo. No obstante, también destaca un valor fundamental de la institución eclesiástica: su disposición a proteger incluso a aquellos que hoy ejercen la represión, mediando para evitar que una eventual apertura democrática se manche con la violencia que ha caracterizado al sistema actual.
El profetismo, según Reyes, es una función inherente a la identidad de la Iglesia, lo que la obliga a denunciar lo que está mal. En este sentido, cuestiona duramente la respuesta punitiva del gobierno cubano frente a las protestas del 11 de julio de 2021. El sacerdote señala que es inaceptable que ciudadanos que salieron a manifestarse de manera pacífica permanezcan en prisión, e incluso critica la desproporción de las penas impuestas a quienes pudieron haber cometido actos de vandalismo, cuestionando que la rotura de un cristal justifique una condena de quince años de privación de libertad.
(Foto de la autora)
Un país asfixiado por el colapso estructural
Las denuncias del padre Alberto Reyes no surgen en el vacío, sino que reflejan la agudización de la crisis estructural que sufre la isla. El colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ha llevado a apagones que superan las 10 o 12 horas diarias en diversas provincias, afectando severamente la conservación de alimentos y el descanso de la población. Esta crisis energética es solo la punta del iceberg de una economía en ruinas, caracterizada por una inflación galopante, la dolarización de los mercados y una profunda escasez de medicamentos en las farmacias y de alimentos básicos en los mercados estatales.
El régimen de La Habana ha respondido a este escenario de fracaso económico con un endurecimiento del control social. La implementación de normativas como el Decreto 370 ha servido para criminalizar la libre expresión en redes sociales y el disenso político. Mientras las autoridades insisten en culpar a las sanciones externas, la gestión interna, la falta de incentivos a la producción nacional y la dependencia de aliados lejanos han demostrado la ineficacia del modelo centralizado. La represión se ha convertido en el único recurso del ejecutivo cubano para mantener el poder frente a un descontento social que crece de manera exponencial.
El éxodo migratorio sin precedentes que ha experimentado Cuba en los últimos años, con cientos de miles de ciudadanos abandonando la isla por diversas rutas, es el síntoma más evidente del agotamiento del sistema. La falta de perspectivas, sumada a la asfixia económica y la represión política, ha dejado a la población en un estado de desesperación. En este contexto, voces como la del padre Reyes adquieren una relevancia vital, al proporcionar un marco ético y moral a las quejas de una ciudadanía que teme hablar debido a las consecuencias de enfrentarse a la maquinaria represiva del Estado.
Antecedentes de la represión a líderes religiosos
La presión sobre la Iglesia Católica y otras denominaciones religiosas en Cuba no es un fenómeno nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años. Históricamente, las relaciones entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno han oscilado entre la tensión y la distensión, marcadas por eventos como la visita del Papa Juan Pablo II en 1998. Sin embargo, el estallido social del 11 de julio de 2021 marcó un punto de inflexión. Figuras como el padre Castor Álvarez, quien salió a las calles a acompañar a los manifestantes en Camagüey, demostraron un quiebre en el tradicional bajo perfil de algunos sectores religiosos.
Desde entonces, la dictadura cubana ha incrementado la vigilancia y hostigamiento contra pastores y sacerdotes que se pronuncian. Organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado casos de allanamientos, confiscación de bienes religiosos y citaciones policiales con el fin de amedrentar a líderes espirituales. La estrategia del régimen busca aislar a estas figuras de sus feligreses y desincentivar que los templos se conviertan en espacios de organización social o refugio para los opositores, intentando controlar hasta los rincones de la sociedad civil que aún mantienen cierta autonomía frente al poder estatal.
La convicción frente a la amenaza
A pesar de las advertencias explícitas de la Seguridad del Estado, que le han hecho saber que no habrá una tercera citación sin consecuencias legales, el padre Alberto Reyes se mantiene firme en su postura. El sacerdote ha declarado que no teme por su seguridad, argumentando que tanto el silencio como la palabra tienen un precio en la vida. Para él, el costo de callar y ser cómplice pasivo de la realidad nacional es mucho mayor que el de enfrentar la represión. Su objetivo es poder vivir y, eventualmente, morir con la satisfacción de haber sido fiel a su conciencia y a lo que considera un mandato divino.
El desafío del párroco de Esmeralda trasciende el ámbito religioso y se inserta en la creciente resistencia civil que se gesta en Cuba. Su caso pone de manifiesto la incapacidad del sistema para tolerar cualquier forma de crítica, incluso cuando proviene de instituciones tradicionalmente prudentes. De cara al futuro, la actitud de líderes como Reyes podría inspirar a otros sectores de la sociedad a romper el miedo. La respuesta de la comunidad internacional, atenta a las violaciones de derechos humanos en la isla, será crucial para garantizar la integridad de estos voceros y presionar a las autoridades para que cesen la persecución contra quienes alzan la voz en defensa de la dignidad del pueblo cubano.
