El preso político Ernesto Brieva Sempé, condenado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, murió bajo custodia en la prisión Combinado del Este, en La Habana. La organización Cubalex confirmó el deceso, ocurrido entre la noche del 12 y la madrugada del 13 de mayo, atribuyéndolo a un severo estado de desnutrición y a la falta de atención médica adecuada para sus complicaciones renales dentro del penal.
Brieva Sempé, de 52 años y residente en el municipio Arroyo Naranjo, fue arrestado por manifestarse en la zona de El Toyo, Diez de Octubre. Según familiares consultados por medios independientes, el opositor padecía problemas renales desde joven que se agravaron en prisión. Los allegados denunciaron que el recluso no recibió las sesiones de hemodiálisis con la regularidad necesaria, falleciendo en un estado de extrema delgadez y con inflamación en las piernas. El Centro de Información Legal Cubalex detalló que, aunque inicialmente se le impuso una sanción de cinco años de trabajo correccional sin internamiento, la dictadura cubana revocó la medida para mantenerlo encarcelado debido a su postura crítica frente al sistema.
El expediente judicial refleja que durante el juicio celebrado en noviembre de 2022 contra 15 manifestantes de Diez de Octubre, el régimen de La Habana le impuso una condena original de 12 años de prisión. Tras su muerte, la represión no cesó: agentes de la Seguridad del Estado desplegaron un operativo de vigilancia durante su funeral. Esta práctica de amedrentamiento a familiares y activistas ha sido documentada de forma sistemática por organizaciones defensoras de los derechos humanos en la isla.
Condiciones carcelarias y crisis sistémica
El Combinado del Este, el mayor centro penitenciario del país, es un reflejo del colapso institucional que atraviesa Cuba. Las prisiones de la isla se caracterizan por el hacinamiento crítico, la deficiente alimentación y la nula atención sanitaria. En los días previos al fallecimiento de Brieva Sempé, se habían reportado nuevas reducciones en las raciones de comida para los reclusos, agravando una situación que se enmarca en la profunda crisis económica y de desabastecimiento que enfrenta el país, donde la escasez de medicamentos y el deterioro del sistema de salud afectan por igual a la población civil y a la población penal.
Con este caso, son ya seis los manifestantes del 11J que pierden la vida bajo custodia o responsabilidad estatal desde el estallido social de 2021. A comienzos de este año, otro preso político, Luis Miguel Oña Jiménez, de 27 años, falleció tras sufrir una isquemia cerebral en prisión, siendo excarcelado bajo licencia extrapenal solo cuando ya se encontraba en estado terminal. Estos hechos evidencian una política de aniquilamiento físico y psicológico por parte de las autoridades de la isla, lo que exige una respuesta firme de la comunidad internacional frente a la impunidad con la que opera el aparato represivo en Cuba.
