Las autoridades de la isla han detenido a cinco ciudadanos en Santiago de Cuba bajo la acusación de pintar grafitis antigubernamentales y en reclamo de la libertad de los presos políticos, en medio de una creciente ola de represión y malestar social tras el paso del huracán Melissa.
El opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), denunció que entre los arrestados se encuentra el activista Liusban John Utra, vinculado a UNPACU y la iniciativa Cuba Decide, quien fue trasladado a la provincia de Las Tunas. Junto a él fueron detenidos Josefina Reyes Londres, Ulises Reyes Ramis, su hijo y un vecino de la zona, ciudadanos que no forman parte de organizaciones disidentes estructuradas pero que han sido señalados por el aparato policial.
Los arrestos se producen tras la aparición reciente de consignas en muros y calles de la oriental provincia con mensajes como \»Patria y Vida\», \»Abajo la dictadura\», \»DH\» (derechos humanos) o reclamos por los presos políticos. Ferrer advirtió sobre una nueva ola represiva y señaló que estas detenciones no detendrán la expresión ciudadana, indicando que mientras más inocentes son procesados, más manifestaciones de rechazo al régimen de La Habana aparecen en las localidades del país.
Represión en medio de la crisis estructural y post-huracán
Esta acción policial se enmarca en un contexto de aguda crisis sistémica que agudiza el descontento popular. Tras el devastador paso del huracán Melissa a finales de octubre, la incapacidad del Estado para garantizar servicios básicos, electricidad, agua potable y alimentos ha dejado a la población en una situación de vulnerabilidad extrema. Según un informe del Centro de Asesoría Legal Cubalex correspondiente a octubre, se registraron al menos 34 protestas ciudadanas motivadas por las precarias condiciones de vida y los apagones prolongados que persisten un mes después del ciclón.
El mismo monitoreo de Cubalex documentó 211 hechos represivos en 47 municipios, evidenciando el uso sistemático de la intimidación como herramienta de control social por parte de la dictadura cubana, afectando principalmente a personas privadas de libertad, defensores de derechos humanos y afrodescendientes. Ante la persistencia de la crisis humanitaria y el colapso de la infraestructura, es probable que el ejecutivo cubano intensifique la vigilancia y la persecución política, profundizando el clima de hostigamiento contra una ciudadanía que intenta sobrevivir y demandar sus derechos fundamentales en un escenario de creciente desesperación.
