La madre de Yunaiky Linares, condenada por las protestas del 11J y excarcelada recientemente, ha denunciado que las autoridades de la isla intentan imponerle nuevos cargos tras su violento arresto durante una protesta vecinal en Arroyo Naranjo. La joven se encuentra en huelga de hambre y enfrenta amenazas de ser trasladada a un centro psiquiátrico, evidenciando un nuevo episodio de la maquinaria represiva contra los manifestantes de 2021.
Yurka Rodríguez García, madre de la activista, aseguró que el régimen de La Habana busca revocar la libertad condicional concedida a su hija en enero de 2025. La nueva acusación se centra en la grabación de un video con un teléfono móvil dentro de la estación policial del Capri, donde permanece recluida desde el pasado 2 de junio. Según el testimonio familiar, una oficial identificada como \»Yesenia\» amenazó con trasladar a la joven a una institución psiquiátrica para someterla a una evaluación forzosa, a pesar de que Linares ha rechazado contratar abogado, autorizar cualquier tratamiento médico y se ha declarado en huelga de hambre.
La detención de Linares y de su esposo, Luis Alberto Reyes López —quien permanece recluido en el centro de detención de El Vivac—, ocurrió frente a su vivienda durante una protesta vecinal en el barrio de Santa Amalia, motivada por el colapso de los servicios básicos, con cinco días sin acceso a agua y electricidad. La madre relató que la manifestación fue reprimida violentamente por Fuerzas Especiales y agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil. Al cuestionar el arresto arbitrario de un joven vecino de 18 años, Linares fue agredida a golpes, mientras que su esposo sufrió patadas, descargas de spray pimienta y lesiones en el rostro al intentar defenderla.
Represión y crisis sistémica
Este caso refleja la política sistemática de la dictadura cubana de hostigamiento continuo hacia los presos políticos del 11J, incluso después de concederles beneficios carcelarios bajo presión internacional. El colapso del sistema energético y la escasez crónica de agua y alimentos en la isla generan un creciente descontento social que el gobierno cubano enfrenta con un incremento de la violencia estatal, la criminalización de la protesta pacífica y, en esta ocasión, el uso de la psiquiatría como herramienta de intimidación política.
Las familias de los detenidos advierten que ninguno de los arrestados ha recibido atención médica tras las agresiones sufridas durante el operativo policial. La situación de Yunaiky Linares y Luis Alberto Reyes López pone de manifiesto la vulnerabilidad de los activistas en la isla y la impunidad con la que operan las fuerzas de seguridad, en un escenario que exige una respuesta firme por parte de la comunidad internacional frente a las constantes violaciones de derechos humanos en Cuba.
