El líder opositor José Daniel Ferrer cuestionó duramente la postura del Gobierno español respecto al Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea y Cuba, señalando que este marco diplomático beneficia directamente al régimen de La Habana y ha fracasado en su objetivo de mejorar la situación de los derechos humanos en la isla. Las declaraciones se produjeron durante su participación en un coloquio internacional en Praga, donde Ferrer advirtió sobre la desconexión entre la diplomacia europea y la cruda realidad de la represión estatal en Cuba.
Desde la capital checa, en el marco de las actividades organizadas por Forum 2000 —una entidad dedicada a la promoción de la democracia y la sociedad civil—, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) expresó a la agencia EFE su perplexidad ante la insistencia de Madrid en defender un pacto que, a su juicio, ha perdido toda credibilidad. Ferrer subrayó que resulta incomprensible que España continúe siendo el principal valedor de un acuerdo rechazado por la inmensa mayoría de los actores políticos en el parlamento europeo, quienes ven en este instrumento una concesión inmerecida a las autoridades de la isla.
La crítica del disidente cubano se dirige específicamente a la postura reiterada por el Ejecutivo español en los últimos meses. En respuestas parlamentarias recientes, el gobierno en Madrid ha sostenido que el ADPC es un «instrumento adecuado para mantener un diálogo crítico y constructivo» con el gobierno cubano. A través de este marco, las autoridades españolas afirman haber instado a La Habana a implementar reformas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población y a avanzar hacia un sistema que garantice plenamente los derechos y libertades fundamentales.
Sin embargo, Ferrer desmanteló esta narrativa al asegurar que el llamado «diálogo institucionalizado» sobre derechos humanos no ha producido señalamientos contundentes ni ha evidenciado una voluntad real del régimen para democratizarse. El opositor recordó que el Parlamento Europeo ya ha aprobado en dos resoluciones la suspensión o revisión del pacto, al considerar que su aplicación práctica solo ha servido para oxigenar económicamente y legitimar políticamente a la dictadura cubana, sin contrapartidas democráticas tangibles.
El fracaso del «diálogo crítico» frente a la dictadura cubana
El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, firmado a finales de 2016 y aplicado de forma provisional desde el año siguiente, fue concebido en su momento como un puente para condicionar la ayuda europea a avances en materia de libertades en la isla. No obstante, casi una década después, el balance es considerado un fracaso por la sociedad civil cubana. El propio Consejo de la Unión Europea reconoce que el tratado continúa sin entrar plenamente en vigor debido a la falta de ratificación por parte de Lituania, un síntoma de las divisiones internas en Europa respecto a cómo lidiar con el régimen de La Habana.
El gobierno español ha defendido que, dentro de este marco, ha trasladado a las autoridades cubanas su preocupación por la falta de garantías procesales y por las «altas y desproporcionadas» penas de cárcel impuestas a defensores de derechos humanos. A pesar de estas supuestas gestiones diplomáticas, la dictadura cubana ha mantenido e incluso endurecido su maquinaria represiva, demostrando que las admoniciones europeas carecen de peso frente a la intransigencia del poder en la isla.
Contexto sistémico: Represión y crisis estructural
La ineficacia del ADPC se hace aún más evidente al contextualizarlo dentro de la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. La isla se encuentra sumida en una espiral de hiperinflación, desabastecimiento crónico de combustible y alimentos, y un colapso generalizado de los servicios públicos, incluyendo la salud y el suministro eléctrico. En lugar de atender las demandas ciudadanas, el gobierno cubano ha optado por la criminalización de la protesta social, utilizando la violencia estatal como principal herramienta de contención frente al descontento generalizado.
Esta coyuntura ha provocado el mayor éxodo migratorio en la historia reciente del país, con cientos de miles de cubanos huyendo hacia Estados Unidos y Europa en busca de supervivencia y libertades. Mientras la población se ve obligada a abandonar su tierra, el régimen de La Habana utiliza los acuerdos de cooperación internacional, como el impulsado por España, para obtener recursos financieros y mantener la apariencia de normalidad institucional ante la comunidad internacional. La diplomacia europea, al priorizar el diálogo con los verdugos, ignora el sufrimiento de las víctimas.
La represión se ha sistematizado tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021, las cuales fueron reprimidas con una brutalidad sin precedentes. Desde entonces, la dictadura cubana ha impuesto cientos de años de prisión a manifestantes pacíficos, utilizando figuras jurídicas amañadas como la sedición para silenciar cualquier atisbo de disidencia. Es en este escenario de violaciones sistemáticas de derechos humanos donde las declaraciones de Ferrer adquieren plena vigencia: los acuerdos diplomáticos no han frenado ni un ápice la persecución política ni la censura en el país.
Antecedentes y perspectivas internacionales
Históricamente, la relación entre la UE y Cuba estuvo marcada por la «Posición Común», adoptada en 1996, que condicionaba la cooperación a mejoras democráticas. La transición hacia el ADPC representó un giro hacia el «engagement» diplomático, basado en la premisa de que el diálogo traería mayores resultados que el aislamiento. No obstante, la evolución de Cuba bajo este nuevo paradigma ha demostrado lo contrario: el régimen ha aprovechado la apertura europea para fortalecer su aparato de seguridad y control, sin ceder un milímetro en la apertura democrática.
Las declaraciones de José Daniel Ferrer en Praga no solo representan una crítica a la política exterior española, sino un llamado de atención a toda la comunidad internacional. El activista insta a los actores democráticos a alinear su política exterior con la realidad que viven los cubanos, exigiendo que cualquier acuerdo de cooperación esté estrictamente condicionado a la liberación de los presos políticos, el cese de la violencia estatal y el reconocimiento de las libertades fundamentales. La continuidad del statu quo diplomático solo prolonga la agonía del pueblo cubano y afianza el poder de la dictadura.
De cara al futuro, la presión de la sociedad civil cubana en el exilio y la creerta impopularidad del ADPC en los parlamentos europeos podrían forzar una revisión de las políticas hacia la isla. Si el ejecutivo español y las altas instituciones europeas no modifican su enfoque, corren el riesgo de convertirse en cómplices indirectos de la maquinaria represiva del régimen. La exigencia de coherencia democrática se impone: no puede haber cooperación plena con un Estado que encarcela a sus ciudadanos por el simple hecho de pensar y expresarse libremente.
