La organización internacional Raza e Igualdad denunció la censura ejercida por la Alcaldía de Santa Marta, Colombia, tras el desmonte de una valla instalada cerca del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en el marco de la IV Cumbre CELAC-UE. El mensaje exigía la libertad de los presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, evidenciando la hipocresía de un encuentro diplomático que prefiere silenciar las violaciones de derechos humanos perpetradas por los regímenes de la región.
La pieza visual, ubicada en un muro exterior de las inmediaciones del aeropuerto, mostraba la imagen de un hombre con las manos esposadas junto a las banderas de las tres naciones. El texto interrogaba \»¿Hasta cuándo?\», en referencia a cada persona encarcelada por defender los derechos humanos, calificando estas detenciones como una promesa incumplida de la democracia. Menos de 24 horas después de su instalación, las autoridades locales ordenaron su retiro bajo el argumento de supuestas directrices que prohíben la exhibición de mensajes \»de contenido político\» durante el desarrollo del evento.
Para la organización defensora de los derechos humanos, esta medida constituye una clara vulneración a la libertad de expresión y un intento de invisibilizar la grave crisis de libertades que sufren los ciudadanos bajo la dictadura cubana, así como los gobiernos de Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela. La censura ocurre en un escenario diplomático que, paradójicamente, se promociona como un espacio para el diálogo y la cooperación regional, mientras el régimen de La Habana y sus aliados mantienen una política constante de persecución política y encarcelamiento arbitrario.
Un patrón de silencio ante la represión sistemática
El acto de censura en Santa Marta no es un hecho aislado. Raza e Igualdad recordó que en 2023, durante el desarrollo de la Cumbre de la CELAC en Buenos Aires, ocurrió un incidente similar cuando se retiró una valla que reclamaba el restablecimiento de la democracia en Cuba y Nicaragua. Esta recurrente omisión diplomática contrasta de forma alarmante con la realidad documentada por las organizaciones de la sociedad civil: hasta finales de octubre de 2025, se contabilizaban 749 personas presas por motivos políticos en Cuba según el monitoreo de Justicia 11J, sumadas a 77 en Nicaragua (Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas) y 875 en Venezuela (Foro Penal).
La IV Cumbre CELAC-UE, que reúne a representantes de 60 países para debatir transición energética, seguridad alimentaria y equidad de género, corre el riesgo de legitimar a las dictaduras de la región al ignorar su historial represivo. Ante esta situación, la comunidad internacional y los bloques diplomáticos enfrentan el desafío de no abandonar a los presos de conciencia y de exigir el cese de la represión. El silencio cómplice en los foros multilaterales solo fortalece a la dictadura cubana y a sus aliados, enviando el mensaje de que la violación sistemática de los derechos fundamentales puede ocurrir sin consecuencias políticas reales.
