La creadora de contenido Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, denunciaron haber quedado totalmente incomunicadas tras el hackeo de sus cuentas de WhatsApp y la desactivación arbitraria de sus líneas telefónicas por parte de la empresa estatal ETECSA, en un claro acto de censura y represión por parte de la dictadura cubana.
Mediante un mensaje difundido en redes sociales, la joven de 21 años detalló que la interrupción del servicio telefónico les impide recuperar el acceso a la aplicación de mensajería, ya que no pueden recibir el código de verificación necesario para restablecer sus perfiles. Bensi responsabilizó directamente a la única empresa de telecomunicaciones de la isla por el aislamiento, señalando que las líneas fueron dadas de baja de forma simultánea al ataque informático contra sus dispositivos.
Este nuevo episodio de hostigamiento se enmarca en un proceso judicial abierto contra ambas desde marzo, cuando fueron acusadas formalmente como coautoras de supuestos \»actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y la voz\», un delito que conlleva penas de entre dos y cinco años de privación de libertad. Actualmente, las dos mujeres se encuentran bajo reclusión domiciliaria con prohibición de salir del país, tras difundir un video donde mostraban una citación irregular entregada por un suboficial del Ministerio del Interior.
Estrategia sistemática de control digital
El ataque contra Bensi y su madre no es un hecho aislado, sino que evidencia la estrategia sistemática del régimen de La Habana para silenciar el disenso en plataformas digitales. ETECSA opera bajo el amparo del Decreto-Ley 35 de 2021, una normativa impulsada por el gobierno cubano que otorga amplias facultades para la suspensión de servicios y el bloqueo de accesos a internet de manera discrecional. Esta herramienta legal ha sido utilizada de forma recurrente para aislar a periodistas independientes, activistas y opositores.
El corte de las comunicaciones a ciudadanos bajo investigación penal representa una grave violación del debido proceso y agrava la vulnerabilidad de los reclusos domiciliarios frente al aparato represivo estatal. Ante la pasividad de las instituciones judiciales internas, la presión recae sobre la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que monitoreen el caso y exijan al ejecutivo cubano el cese de las prácticas de censura digital y el restablecimiento de las garantías fundamentales para la ciudadanía.
