La Seguridad del Estado detuvo e interrogó a los activistas cristianos Dagoberto Valdés Hernández y Yoandy Izquierdo Toledo, miembros del Centro de Estudios Convivencia (CEC), tras mantener un encuentro reciente con el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer. La acción represiva confirma la escalada de hostigamiento del régimen de La Habana contra la sociedad civil y las libertades religiosas en la isla.
Según informó la propia organización en redes sociales, el arresto se produjo el pasado viernes. Valdés Hernández fue conducido a las instalaciones de la policía política, donde fue sometido a un interrogatorio de más de dos horas por parte de altos oficiales, incluyendo al jefe del Departamento Jurídico y al responsable de la Brigada de Enfrentamiento a la Contrarrevolución. Durante la detención, los agentes acusaron al activista de \»terrorismo\» y de \»colaborar con una potencia extranjera\», en clara referencia a sus vínculos con la diplomacia estadounidense.
Los agentes de la dictadura cubana advirtieron a Valdés Hernández que no respondiera a futuras invitaciones del diplomático ni participara en actividades organizadas por la embajada. Posteriormente, Yoandy Izquierdo fue citado y sometido a un interrogatorio similar, donde se le alertó sobre la supuesta \»manipulación\» que podía recibir por parte de representantes extranjeros, asegurando que compartir las ideas del \»enemigo\» constituía un delito. Al concluir, las autoridades de la isla redactaron un acta de advertencia que el activista se negó a firmar.
Contexto de represión y paranoia institucional
El accionar de los órganos represivos refleja un clima de creciente paranoia dentro del gobierno cubano. Durante los interrogatorios, los oficiales mencionaron la situación en Venezuela y el reciente arresto de Nicolás Maduro, asegurando que en Cuba no permitirán una \»colaboración con el enemigo\» y que \»la Revolución está más fuerte que nunca\». Esta postura se enmarca en un endurecimiento generalizado de la represión, que en los últimos días también ha incluido amenazas de la Seguridad del Estado contra sacerdotes como Alberto Reyes Pías y Castor José Álvarez Devesa, por sus críticas a la profunda crisis económica y social que sufre la población.
El incremento de la censura y la persecución política contra figuras del activismo cívico y religioso demuestra la vulnerabilidad de un sistema que, ante el colapso de los servicios públicos, la inflación galopante y el éxodo migratorio, opta por el endurecimiento autoritario. El hostigamiento continuo a organizaciones como el CEC evidencia que el régimen prioriza el control social absoluto por encima del diálogo, aislando aún más a la isla de la comunidad internacional y profundizando la vulneración de los derechos humanos fundamentales de su ciudadanía.
