En la noche del 12 de agosto, horas antes de que el régimen cubano conmemorara el centenario del nacimiento de Fidel Castro, decenas de residentes en los barrios de Parcelación Moderna, Reparto Eléctrico y El Calvario, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, salieron a las calles para protestar con cacerolas y gritos contra el gobierno, hartos de soportar apagones de más de 30 horas seguidas y una semana sin suministro de agua. La respuesta no se hizo esperar: la policía y las Tropas Especiales dispersaron la movilización y arrestaron al menos a dos jóvenes, mientras la Seguridad del Estado despliega su aparato de persecución en el barrio para identificar y castigar a los participantes.
La protesta estalló cuando la paciencia de los habitantes de estos barrios populares llegó a su límite. Durante varios días consecutivos, las familias solo habían contado con un máximo de tres horas de electricidad tras jornadas de cortes prolongados que superaban las 30 horas. A la ausencia total de energía se sumó la falta de agua en las tuberías durante más de una semana, una combinación que hizo insostenible la ya precaria vida cotidiana en una zona donde el calor y la humedad del verano habanero agravan las condiciones de higiene, conservación de alimentos y descanso.
Según relata un periodista independiente residente en la zona, lo más significativo de esta protesta fue el perfil de quienes participaron. No fueron activistas ni opositores habituales, sino vecinos comunes, personas que en circunstancias normales no emiten quejas públicas ni comentarios contra el gobierno. Sin embargo, el agotamiento acumulado venció el temor a las represalias de la policía política, el mismo miedo que se instaló tras la protesta ocurrida el pasado 10 de julio en el mismo barrio, que ya había derivado en multas de 10.000 pesos y actas de advertencia contra los participantes.
Las decenas de manifestantes, en su mayoría jóvenes, encendieron una fogata con neumáticos y ramas de árboles y bloquearon el tránsito por la calzada de Managua. Los gritos y el sonido de cacerolas se escucharon en varios puntos del barrio, en lo que constituyó una de las expresiones de descontento más espontáneas registradas en La Habana en las últimas semanas. Antes de que llegaran las fuerzas del orden, sin embargo, ya los informantes de la Seguridad del Estado operaban en la zona, intentando disuadir a los manifestantes y pedirles que no gritaran consignas contra el gobierno.
La represión llega con las Tropas Especiales
Un carro patrullero de la policía y un camión con ocho uniformados de las Tropas Especiales llegaron al lugar para dispersar la protesta y sofocar la fogata. Durante la intervención, se produjo un incidente con un trabajador civil de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que intentó apagar el fuego por su cuenta, argumentando que las llamas podían alcanzar el tendido eléctrico. Sus familiares tuvieron que sujetarlo, ya que su estado de salud se deterioró visiblemente —sufrió un aumento de presión arterial— y la situación pudo haber escalado gravemente si hubiera agredido a alguno de los manifestantes, cuyos ánimos estaban particularmente caldeados.
La electricidad fue restablecida menos de una hora después de que la protesta fuera disuelta, poco antes de las 11:00 de la noche, un hecho que los residentes consideraron inusual. Desde hace casi dos meses, el patrón habitual consiste en cortar el servicio por la tarde y no restablecerlo hasta bien entrada la mañana del día siguiente. Sin embargo, el alivio fue efímero: a las 2:20 de la madrugada del 13 de agosto, el apagón volvió, confirmando que el restablecimiento momentáneo no respondió a una mejora del sistema sino a la presión de la protesta.
La policía arrestó al menos a dos jóvenes durante la operación. Uno de ellos fue identificado como Rainel Poll Sarduy, de 32 años. Según fuentes del barrio, su detención pudo haber sido resultado de la delación de un informante. En los días siguientes, se prevé que la Seguridad del Estado continúe su labor de identificación y captura de los manifestantes más visibles, utilizando la red de colaboradores que el aparato represivo mantiene en cada barrio para vigilar y reportar cualquier expresión de disidencia.
El miedo como herramienta de control social
El periodista independiente que cubrió los hechos señala que es probable que él mismo sea objeto de represalia, ya que en protestas anteriores y en episodios de pintadas en las paredes del barrio, las autoridades han intentado acusarlo, sin pruebas, de ser el instigador. Varios vecinos se han acercado para advertirle sobre posibles informantes y recomendarle prudencia. Otros, en cambio, lo evitan: unos por temor a buscarse problemas por relacionarse con un periodista no oficial, y otros porque sospechan que, si después de tantos años en el periodismo independiente no ha sido encarcelado, podría ser \»un agente del aparato\». Esa desconfianza mutua es precisamente uno de los efectos más corrosivos del sistema de vigilancia ciudadana que la dictadura cubana ha perfeccionado durante décadas.
El terror a las represalias se extiende incluso a quienes documentan los hechos. Una joven que grabó un video de la protesta se negó a compartirlo con el periodista —cuyo teléfono estaba sin carga— porque, aterrorizada, no quería verse involucrada. Otro vecino mencionó sus sospechas sobre individuos que recorren las calles ofreciendo comprar \»cualquier pedacito de oro\», una práctica que, a su juicio, podría ser una tapadera para identificar a personas con recursos o para infiltrarse en la comunidad. \»¿Oro en este barrio, con esta miseria? ¡Ni que fuera Miramar!\», comentó con amargura.
El colapso energético y la crisis estructural
La protesta de Arroyo Naranjo no es un hecho aislado sino una expresión más del descontento social que se extiende por toda la isla ante el agravamiento de la crisis estructural que atraviesa Cuba. El sistema eléctrico nacional se encuentra en un estado de colapso avanzado, con déficits de generación que en numerosas jornadas superan los 1.000 megavatios, equivalentes a más del 30% de la demanda nacional. Las plantas termoeléctricas, varias de ellas con más de cuatro décadas de operación, sufren averías constantes y los combustibles necesarios para mantenerlas en funcionamiento no llegan con la regularidad requerida. El régimen de La Habana ha impuesto ciclos de apagones que en provincias como Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma alcanzan hasta 18 y 20 horas diarias, mientras que en La Habana, tradicionalmente privilegiada, los cortes se han vuelto cada vez más prolongados.
A la crisis energética se suma una economía en ruinas. La inflación continúa erosionando el poder adquisitivo de los salarios, que en términos reales no alcanzan para cubrir ni las necesidades básicas de alimentación. El mercado informal domina los precios de los productos esenciales, mientras las tiendas en moneda libremente convertible ofrecen productos a costos inaccesibles para la mayoría de la población. La falta de medicamentos en farmacias y hospitales, el deterioro del sistema de salud pública y la ausencia de soluciones gubernamentales han generado un clima de frustración que periódicamente estalla en protestas espontáneas como la de Arroyo Naranjo.
Antecedentes: del 11J al 10 de julio de Arroyo Naranjo
Las movilizaciones del 10 y 12 de agosto en este municipio habanero se inscriben en una cadena de protestas que no se ha detenido desde el estallido social del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles en decenas de localidades de la isla para exigir libertad y reclamar contra la situación económica. Aquella jornada, la dictadura cubana respondió con una oleada represiva sin precedentes: cientos de detenciones, juicios sumarios, condenas de hasta 25 años de prisión y una campaña de amedrentamiento que buscaba borrar de la memoria colectiva la posibilidad de protestar. Sin embargo, el descontento no desapareció: simplemente se reprimió temporalmente.
En los años posteriores, las protestas han adoptado formas más localizadas y espontáneas, muchas veces detonadas por cortes prolongados de electricidad o por la falta de agua, como ocurrió en Santiago de Cuba en marzo de 2024, cuando cientos de residentes salieron a las calles del barrio Micro 9 en medio de un apagón que superaba las 72 horas. También en Cienfuegos, Santa Clara y Manzanillo se han registrado cacerolazos y bloqueos de calles en los últimos meses. El patrón es siempre el mismo: la ciudadanía resiste hasta que el agotamiento supera el miedo, protesta, y el gobierno responde con represión selectiva y restablecimiento temporal del servicio interrumpido.
Consecuencias y perspectivas
Con las multas impuestas a los manifestantes del 10 de julio, los arrestos del 12 de agosto y la cacería desatada por la Seguridad del Estado, el miedo ha vuelto a instalarse en los barrios de Arroyo Naranjo. Los residentes hablan en susurros, desconfían de sus vecinos y se encierran en sus casas en cuanto anochece, si el calor lo permite. El flujo y reflujo del miedo, como describe el periodista que presenció los hechos, funciona como una marea que sube y baja, no en dependencia de las lunas sino de la capacidad de la población para soportar las penurias que el régimen le impone.
Sin embargo, cada nueva protesta, por más pequeña y efímera que sea, demuestra que la ecuación represiva del gobierno cubano no ha logrado extinguir la voluntad de resistencia. La espontaneidad de las movilizaciones, el perfil de los participantes —vecinos sin historial opositor— y la rapidez con la que el descontento se propaga sugieren que el modelo de control social basado en el miedo y la vigilancia está llegando a sus límites. Mientras la crisis estructural se profundice sin que las autoridades de la isla ofrezcan soluciones reales, las llamaradas de rebeldía seguirán brotando en los barrios más humildes de Cuba, donde la miseria y el abandono estatal hacen del silencio una opción cada vez menos sostenible.
La comunidad internacional, por su parte, mantiene una postura de condena retórica frente a las violaciones de derechos humanos en Cuba, pero las acciones concretas siguen siendo limitadas. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado de manera sistemática los abusos del aparato represivo, mientras gobiernos democráticos han impuesto sanciones a figuras del régimen responsables de la represión. No obstante, la falta de una presión internacional coordinada y sostenida permite que la dictadura cubana continúe operando con impunidad, persiguiendo a quienes se atreven a alzar la voz en barrios como Parcelación Moderna, donde el coraje de unos pocos choca una y otra vez contra la maquinaria de control del Estado.
