El Tribunal Provincial Popular de Holguín impone trabas burocráticas e irregularidades para procesar la solicitud de licencia extrapenal por motivos de salud del preso político Yosvany Rosell García Caso, quien sufrió un severo deterioro físico tras mantener una protesta de 40 días sin ingerir alimentos. La organización legal Cubalex denunció que las autoridades de la isla utilizan maniobras dilatorias para generar indefensión en el recluso, condenado a 15 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
La solicitud, presentada por la esposa del recluso, Mailín Sánchez, ha sido objeto de múltiples obstáculos por parte de la institución judicial. Según detalló Cubalex, el tribunal se negó a firmar la copia del escrito, dejando a la familia sin acuse de recibo que valide la fecha de entrega y dificultando cualquier reclamación ante futuras dilaciones. El abogado Alain Espinosa, citado por la ONG, calificó esta acción como una \»maniobra calculada para generar indefensión\». A esto se suma la advertencia de los funcionarios judiciales, quienes indicaron que la respuesta podría tardar hasta 90 días, un plazo que contradice abiertamente la propia normativa legal del país.
El Reglamento de la Ley de Ejecución Penal (Decreto-Ley 74/2023) estipula tiempos precisos para estos casos: el tribunal debe solicitar un informe médico a la autoridad penitenciaria en un máximo de 15 días, seguido de un examen por la comisión médica en un plazo no mayor a 30 días, y una resolución final en 10 días. Sin embargo, el régimen de La Habana ignora su propia legislación al exigir a la familia un \»resumen médico\» que las autoridades carcelarias se han negado a facilitar, trasladando la carga burocrática a los familiares y obstruyendo deliberadamente el acceso a recursos legales.
Estado crítico y aislamiento en prisión de máximo rigor
La urgencia del trámite radica en el precario estado de salud de García Caso, quien mantuvo una huelga de hambre exigiendo su libertad. Tras ser internado en el hospital provincial de Holguín, donde permaneció esposado a una cama en terapia intermedia y con severas restricciones para recibir visitas familiares, el joven de 37 años fue devuelto al penal. Actualmente se encuentra \»prácticamente incomunicado\» en la prisión de máximo rigor Cuba Sí (El Yayal), agravando el riesgo para su integridad física que la propia ley prevé atender de forma inmediata en casos de especial gravedad y empeoramiento con inminente posibilidad de muerte.
El caso de Yosvany Rosell García Caso ilustra la política sistemática de represión y crueldad institucional que la dictadura cubana ejerce contra los más de 1.000 manifestantes procesados tras el estallido social del 11J. La negación de atención médica adecuada y el uso del aparato judicial para hostigar a los presos políticos y sus familias se suma al colapso del sistema penitenciario y a la crisis estructural de derechos que azota a la isla. Ante esta situación, persiste el reclamo de organizaciones internacionales para que el ejecutivo cubano garantice el derecho a la salud y el debido proceso, antes de que la indolencia institucional derive en tragedias irreparables dentro de las cárceles del país.
