El preso político y de conciencia Yosvany Rosell García Caso, condenado a 15 años por su participación en las protestas del 11J, se encuentra en estado crítico y riesgo de paro tras cumplir 40 días de huelga de hambre. Su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, ha denunciado el deterioro extremo de su salud y el trato indigno que recibe bajo custodia policial en un hospital de Holguín.
El parte médico confirma una alarmante bajada en la presión arterial, ingesta mínima de agua y los primeros signos de fallo renal del recluso de 37 años. Desde el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, donde fue ingresado el 19 de noviembre tras ser trasladado desde la prisión Cubasí, su esposa ha lanzado un desesperado llamado a la comunidad internacional. \»Ayuda, no me lo dejen morir\», suplicó Rodríguez Sánchez, quien asegura la inocencia de su esposo y denuncia la profunda injusticia que sufre su familia.
La situación de García Caso ilustra una vez más el uso de la crueldad institucional como método de castigo por parte de la dictadura cubana. Según relató su esposa en declaraciones a medios independientes, el activista permanece custodiado permanentemente por agentes de la Seguridad del Estado y se encuentra esposado a la cama, con una cadena atada a uno de sus pies. El recluso, que no permite que el personal médico lo toque salvo para tomar su presión, mantiene su protesta extrema exigiendo su libertad inmediata o su traslado a una celda de aislamiento.
Yosvany Rosell García Caso cumple más de cuatro años de encarcelamiento por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en Holguín. El régimen de La Habana le impuso una de las sentencias más severas entre los más de mil ciudadanos procesados por el estallido social, condenándolo a 15 años de privación de libertad. A pesar de la angustia de su esposa y su hija, quienes no han logrado persuadirlo de abandonar la huelga, el preso político mantiene su postura firme frente a lo que organismos de derechos humanos califican como causas fabricadas para silenciar el descontento popular.
Represión sistemática y silencio institucional
El caso de García Caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de la profunda crisis de derechos humanos y la política de criminalización de la disidencia que mantienen las autoridades de la isla. Mientras Cuba se enfrenta a un colapso estructural marcado por la hiperinflación, el desabastecimiento y un éxodo migratorio sin precedentes, el gobierno cubano prioriza el endurecimiento penitenciario y la represión contra quienes se atrevieron a protestar en las calles. La inacción de la justicia nacional obliga a recurrir a la presión internacional para evitar un desenlace fatal.
La gravedad del estado de salud de este preso de conciencia plantea un escenario crítico que podría derivar en una tragedia de proporciones incalculables. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos enfrentan el reto de presionar diplomáticamente al ejecutivo cubano para que garantice la vida de los reclusos políticos. La muerte de un manifestante bajo estas circunstancias no solo representaría una grave violación a los derechos humanos, sino que también tensaría aún más las ya deterioradas relaciones del gobierno con el mundo democrático.
