El prisionero político Yasser Fernando Rodríguez González denunció las condiciones infrahumanas y la severa desnutrición que sufren más de 200 reclusos en la prisión Combinado de Sandino, en Pinar del Río. En una llamada telefónica, el activista detalló el hambre extrema y un brote de hepatitis que mantiene a los internos en estado de abandono médico, evidenciando una vez más la política de tratos crueles y degradantes impulsada por la dictadura cubana contra quienes disienten del poder.
En sus declaraciones, Rodríguez González fue tajante al afirmar que las autoridades carcelarias \»están matando a más de 200 hombres de hambre\». Describió raciones ínfimas que consisten en diez gramos de arroz, un \»picadillo\» descrito como una pasta aguada de harina con gusanos, y un caldo que no es más que el agua hervida de la malanga. El desayuno y el almuerzo se reducen a un trozo de pan minúsculo y un vaso de refresco sin azúcar. Según el jefe de Logística del penal, esta política de inanición es ordenada directamente por el titular de la Dirección Provincial de Cárceles y Prisiones de Pinar del Río.
La deficiente alimentación ha provocado que los internos presenten debilidad extrema y pérdida de peso severa, situación que el director del penal, el teniente coronel Euclides Reloba Baños, ignora de manera deliberada. A la crisis alimentaria se suma un brote de hepatitis en el recinto. El prisionero político reveló que el método de diagnóstico es precario: una doctora observa los ojos de los reclusos a la entrada del comedor y, si están amarillos, los aísla en la denominada Compañía 9 durante dos semanas, sin análisis clínicos, sin tratamiento médico y sin una dieta especial. Incluso aquellos que presentan síntomas graves, como orina oscura o con rastros de sangre, son trasladados al hospital sin recibir la atención adecuada.
Represión sistemática y abandono institucional
Yasser Fernando Rodríguez González, albañil de 42 años, fue encarcelado en noviembre de 2020 tras colgar carteles contra el régimen de La Habana en la fachada de su hogar y expresar sus opiniones en redes sociales. Tras más de un año en prisión preventiva, fue condenado a siete años por el delito de \»incitación a la rebelión\», un cargo habitualmente utilizado por el gobierno cubano para criminalizar la protesta pacífica. Su caso y el de los más de 200 hombres en el Combinado de Sandino ilustran el colapso del sistema penitenciario en la isla, donde el hacinamiento, la falta de higiene y la inanición funcionan como herramientas de tortura psicológica y física.
Las denuncias desde el Combinado de Sandino reavivan el debate sobre la responsabilidad de la dictadura cubana en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos dentro de sus prisiones. El silencio institucional frente a la hambruna y la propagación de enfermedades contagiosas exige una respuesta contundente de la comunidad internacional y de los organismos defensores de los derechos fundamentales. Mientras el régimen mantenga intacta su maquinaria represiva, la vida de cientos de reclusos comunes y políticos seguirá pendiendo de un hilo, profundizando una crisis humanitaria que el Estado se empeña en ocultar.
