Las autoridades de la isla anunciaron la eliminación del precio único para la venta de combustibles en divisas, una medida que entrará en vigor el próximo 15 de mayo y que reconoce el fracaso del sistema de tarifas fijas implementado en 2024. La decisión traslada directamente la volatilidad de los costos de importación a los consumidores, profundizando la incertidumbre en un sector ya golpeado por el desabastecimiento crónico.
El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) informó que los precios minoristas en moneda extranjera se actualizarán \»hacia el alza o la baja\» según los costos reales de cada operación específica. A partir de la entrada en vigor de la medida, las estaciones de servicio del país coexistirán con diferentes tarifas, condicionadas por factores como el proveedor, los fletes, los seguros y la fluctuación del mercado internacional. El ejecutivo cubano ha omitido precisar los nuevos rangos de precios, dejando a la población sin información concreta hasta el momento de la transacción en los servicentros.
Este viraje supone el abandono de la referencia uniforme en dólares que el gobierno cubano impuso en marzo de 2024, cuando vinculó las tarifas a la tasa oficial de 120 pesos por dólar y aseguró que el esquema reconocía todos los gastos de adquisición y comercialización. La nueva directriz expone la inviabilidad de aquel modelo y demuestra la incapacidad del Estado para absorber las diferencias operativas, optando ahora por transferir esa carga económica directamente a los ciudadanos.
El embargo como justificación ante la ineficiencia estatal
El régimen de La Habana ha justificado este ajuste tarifario alegando el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos, incluyendo las órdenes ejecutivas recientes que dificultan el suministro energético a la isla. Sin embargo, más allá de la retórica oficial sobre el \»cerco\», la medida refleja la profunda crisis estructural del modelo económico cubano, incapaz de garantizar un suministro estable y dependiente de importaciones a altos costos. La apertura a \»múltiples actores\» para importar combustible se presenta sin mecanismos claros de supervisión, en un entorno marcado por la opacidad y la falta de control democrático.
Para la ciudadanía, la eliminación del precio único representa un nuevo golpe en medio de la compleja coyuntura económica que atraviesa la isla, caracterizada por una inflación galopante, el colapso de los servicios públicos y un éxodo migratorio sin precedentes. La fragmentación de las tarifas no solo complica la planificación familiar y productiva, sino que consolida un esquema de supervivencia donde el acceso a recursos básicos queda supeditado a la volatilidad del mercado y a las decisiones arbitrarias de la dictadura cubana, sin que medie una política integral que solucione la escasez de fondo.
