El recluso, condenado a una década de prisión por exigir leche para los niños cuando aún era menor de edad, alertó desde un campamento de trabajos forzados en Villa Clara sobre la reiterada utilización de sus declaraciones obtenidas bajo coacción en programas televisivos del Gobierno. La denuncia expone la estrategia de la dictadura cubana para criminalizar la protesta social y desacreditar a los activistas prodemocracia ante la opinión pública.
Marcos de la Luz Caballero Granados, joven activista natural del municipio Habana Vieja, se comunicó telefónicamente para dar a conocer una nueva arremetida en su contra por parte de la maquinaria propagandística del Estado. En su declaración, señaló directamente al programa oficialista Mesa Redonda, acusándolo de utilizar reiteradamente su imagen para impulsar campañas de descrédito contra los jóvenes que, desde la clandestinidad o la cárcel, defienden los derechos civiles en la isla. Caballero Granados advirtió que esta práctica no constituye un hecho aislado, sino parte de una política sistemática de aniquilación reputacional orquestada desde el poder.
El preso político detalló que en el año 2023 su caso fue expuesto en el espacio televisivo Hacemos Cuba, transmitido el 19 de diciembre bajo la conducción del vocero oficialista Humberto López. En aquella emisión, que contó con la presencia de altas figuras de la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, se presentó una grabación del joven. Un oficial de la Seguridad del Estado afirmó en pantalla que la declaración había sido emitida de manera espontánea por el recluso durante su cautiverio.
Sin embargo, Caballero Granados desmintió categóricamente esta versión y reveló los métodos coercitivos empleados por la policía política. El joven aseguró que la declaración fue extraída bajo amenaza explícita de que, si se negaba a hablar, le serían imputados otros delitos que no había cometido. Además, enfatizó que el material audiovisual fue difundido sin su consentimiento, violando no solo el derecho a la propia imagen, sino también las garantías procesales más básicas. La utilización de confesiones forzadas en la televisión nacional es una táctica recurrente de la dictadura cubana para construir narrativas falsas y deslegitimar el descontento social.
Una condena de diez años por exigir alimentos básicos
La historia procesal de Caballero Granados es un reflejo del endurecimiento punitivo contra la disidencia en Cuba. El joven fue arrestado el 11 de febrero de 2020, cuando ni siquiera había alcanzado la mayoría de edad. Su «delito» consistió en ejercer su derecho a la libertad de expresión mediante la escritura de carteles en los que reclamaba, de manera pacífica, «Leche para los niños». Por esta acción, las autoridades de la isla lo acusaron de los supuestos delitos de «propaganda enemiga con carácter continuado» y «desacato con carácter continuado».
El juicio, carente de las mínimas garantías de un Estado de derecho, se celebró el 23 de diciembre de 2020 en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Popular Municipal de Diez de Octubre, con sede en el reparto Víbora, en La Habana. Como resultado, el régimen de La Habana impuso una severa condena de diez años de privacidad de libertad, una represalia desproporcionada que evidencia la intolerancia absoluta del ejecutivo cubano hacia cualquier manifestación de inconformidad, especialmente cuando esta pone de manifiesto el fracaso del modelo económico y social.
Actualmente, Caballero Granados permanece recluido en el Centro de Jóvenes Los Caneyes, un campamento de trabajos forzados ubicado en Santa Clara, provincia de Villa Clara. Previamente, había sido trasladado desde la prisión de máxima severidad Combinado del Este, en la capital. Las condiciones en estos centros penitenciarios suelen caracterizarse por el hacinamiento, la escasez de alimentación adecuada y la falta de atención médica, configurando un escenario de tratos crueles, inhumanos y degradantes que agravan su situación jurídica.
La estrategia del régimen: criminalizar y etiquetar como «terroristas»
En su comunicación reciente, el recluso también reprochó que los medios informativos oficiales lo califiquen, una vez más, como terrorista. Según explicó, el objetivo del gobierno cubano es hacer creer a la comunidad internacional que quienes luchan por la libertad en la isla «no son más que terroristas financiados». Esta retórica busca justificar la represión interna y neutralizar cualquier crítica proveniente del exterior, enmarcando el activismo cívico pacífico dentro de un paradigma de seguridad nacional para eludir responsabilidades en materia de derechos humanos.
«Hoy deseo que mi voz sea escuchada y llegue a todas las organizaciones de derechos humanos, y que pongan, de una vez por todas, fin al acoso que recibimos los presos políticos que cumplimos sanción en las cárceles cubanas», expresó Caballero Granados. Su llamamiento es un clamor que se suma a las denuncias de cientos de reclusos de conciencia que sufren hostigamiento constante, aislamiento en celdas de castigo y suspensión de las visitas familiares como mecanismos de presión para quebrar su determinación política y forzar su exilio o abandono de la militancia.
Contexto: El colapso estructural y la represión como única respuesta
El caso de Marcos de la Luz Caballero Granados no puede entenderse sin vincularlo a la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La consigna «Leche para los niños», que le costó una década de prisión, resume la tragedia cotidiana de millones de cubanos. La distribución de alimentos básicos, incluyendo la leche para menores de siete años, ha colapsado de manera sostenida. La inflación galopante, la depreciación del salario real y la ineficiencia del aparato productivo estatal han sumido a la población en una pobreza generalizada, empujando a cientos de miles de ciudadanos a abandonar el país en un éxodo migratorio sin precedentes.
Ante la incapacidad de ofrecer soluciones a la crisis económica y el desabastecimiento crónico, la dictadura cubana ha optado por la criminalización de la protesta. La represión se ha institucionalizado como la única herramienta de control social del régimen. Las manifestaciones pacíficas son reprimidas con violencia policial, mientras que la Fiscalía General y los tribunales operan como correas de transmisión del aparato represivo, garantizando condenas ejemplares para infundir terror en la población civil y disuadir cualquier intento de organización independiente.
El uso de los medios de comunicación estatales como tribunales paralelos agrava esta situación. Programas como Mesa Redonda o Hacemos Cuba no son espacios informativos, sino plataformas de linchamiento mediático donde se viola el debido proceso y se condena públicamente a los ciudadanos antes, durante y después de sus juicios. Esta exposición mediática supone una forma de tortura psicológica tanto para los reclusos como para sus familias, quienes ven cómo sus seres queridos son vilipendiados a nivel nacional con base en mentiras fabricadas por la Seguridad del Estado.
Implicaciones y futuro de la crisis de derechos humanos en Cuba
La denuncia de Caballero Granados reabre el debate sobre la complicidad y la necesidad de una respuesta más firme por parte de la comunidad internacional. Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Parlamento Europeo han documentado en reiteradas ocasiones las violaciones sistémicas en la isla. Sin embargo, la impunidad del régimen de La Habana persiste, amparada en la falta de mecanismos de exigibilidad y sanción efectiva por parte de los actores globales.
El futuro inmediato de los presos políticos en Cuba se vislumbra incierto y adverso, a menos que la presión diplomática y la atención internacional se mantengan de manera sostenida. La liberación incondicional de activistas como Caballero Granados debe ser un requisito indispensable en cualquier diálogo o cooperación internacional con el gobierno cubano. Mientras la isla continúe secuestrando a sus jóvenes por exigir leche y libertad, la promesa de una transición pacífica hacia la democracia seguirá aplazada por la intransigencia de un poder que prefiere encarcelar a sus ciudadanos antes que reconocer sus propios fracasos.
