El exprisionero político Andy García Lorenzo identificó este viernes al primer teniente Roberto Javier Rojo Hernández como uno de sus principales agresores durante su reclusión en la prisión Guamajal, en Villa Clara. El joven, excarcelado tras cumplir cuatro años de condena por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, relató las brutales palizas y humillaciones sufridas a manos del oficial, evidenciando la política de tortura y impunidad que impera en las cárceles de la isla.
García Lorenzo detalló que los hechos ocurrieron mientras mantenía una huelga de hambre en el penal. Al negarse a cargar un colchón en estado deplorable debido a fuertes dolores renales y de columna, el oficial Rojo Hernández, junto a otro militar identificado como \»El Indio\», lo arrastró por el suelo y le propinó golpes en la cabeza. El exprisionero describió la práctica conocida como \»la carretilla\», un método de castigo donde, con las manos esposadas a la espalda, se le obliga al recluso a cargar el colchón entre la espalda y los brazos, forzando una postura de inclinación prolongada que agrava el sufrimiento físico.
La denuncia del joven opositor trasciende su caso personal y expone el modus operandi del sistema penitenciario bajo el control de la dictadura cubana. Según García Lorenzo, los funcionarios que ejercen la violencia contra los presos no son sancionados, sino recompensados por sus superiores. Tras las agresiones, Rojo Hernández fue ascendido a jefe de Orden Interior del penal, desde donde instauró un régimen de terror entre los internos mediante golpes, amenazas y decomisos arbitrarios de pertenencias. \»El uniforme verde los hace sentirse poderosos\», aseveró el excarcelado, ilustrando cómo el régimen de La Habana utiliza la represión como mérito de fidelidad.
Impunidad y protección institucional de los represores
Pese a su posterior degradación —presuntamente por motivos de corrupción y no por sus abusos contra los reclusos—, el militar continúa vinculado a las fuerzas represivas del Estado. García Lorenzo aseguró haber coincidido con Rojo Hernández en las calles de Santa Clara, donde lo vio conduciendo un vehículo del Ministerio del Interior (MININT). El ex preso político manifestó su frustración ante la imposibilidad de exigir justicia, consciente de que cualquier acción contra su agresor resultaría en una nueva persecución en su contra, dado el blindaje institucional que protege a los verdugos en Cuba.
El testimonio de García Lorenzo pone de manifiesto las secuelas psicológicas profundas que deja el aparato represivo del gobierno cubano en quienes se atreven a exigir libertades. El joven admitió padecer traumas severos derivados de su paso por el sistema carcelario, un reflejo del costo humano del autoritarismo en la isla. Mientras las autoridades de la isla mantengan intacta su maquinaria de control y castigo, casos como este seguirán documentando la violación sistemática de los derechos humanos, un fenómeno que la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos civiles continúan observando con alarma ante la falta de rendición de cuentas por parte del ejecutivo cubano.
