El prisionero político Luis Manuel Borges Álvarez, sobreviviente del naufragio provocado por guardacostas cubanos en Bahía Honda, fue trasladado arbitrariamente a la prisión Kilo 8 en Camagüey tras mantener una huelga de hambre para exigir tratamiento para sus enfermedades crónicas, denunciando el abandono y la represalia del sistema penitenciario.
Borges Álvarez, de 47 años y residente en Miami al momento de su arresto, era el lanchero de la embarcación que el régimen de La Habana hundió el 28 de octubre de 2022, un incidente que costó la vida a siete personas, incluida una menor de dos años. Desde entonces, la dictadura cubana lo ha mantenido recluido durante dos años y ocho meses en la sección 47 del Combinado del Este, destinada a condenados a prisión perpetua, donde ha permanecido aislado en celda de castigo y privado de atención médica especializada.
El recluso padece de diabetes tipo 2, síndrome de malabsorción y úlcera, condiciones que requieren tratamiento y dieta estricta. Ante la negativa sistemática de las autoridades penitenciarias de garantizarle los medicamentos indispensables, Borges Álvarez inició una huelga de hambre el pasado 6 de noviembre. Como represalia por su protesta pacífica, funcionarios del penal lo sacaron de su celda con el engaño de ofrecerle alimento y lo subieron a un vehículo para transferirlo a la provincia de Camagüey, alejándolo drásticamente de su núcleo familiar.
Colapso sanitario y represión en el sistema carcelario
Las condiciones en la prisión Kilo 8 reflejan el deterioro estructural del sistema carcelario en la isla. Borges Álvarez denunció que el jefe de la unidad, teniente coronel Juan Miguel Sánchez Duarte, le confirmó la inexistencia de médicos y fármacos en el centro, delegando la atención sanitaria a reclusos que reciben apenas tres meses de entrenamiento para actuar como enfermeros. Además, alertó sobre la propagación diaria de síntomas de dengue entre los presos sin que reciban asistencia alguna, una realidad que se enmarca en la crisis generalizada de los servicios públicos y el desabastecimiento que sufre el país.
El traslado a cientos de kilómetros de su domicilio impide a sus familiares visitarlo y proveerle los medicamentos que el Estado se niega a suministrar, una táctica habitual de la dictadura para aislar y quebrar a los opositores y presos políticos. Borges Álvarez ha responsabilizado directamente al gobierno cubano y al Ministerio del Interior por cualquier daño a su integridad física y a la de los demás reclusos, en medio del silencio institucional que ampara la violación sistemática de los derechos humanos en las prisiones de la isla.
