El activista e influencer Alexander Otaola y la artista Camila Lobón denunciaron la profanación y vaciamiento del panteón de su familia en el Cementerio General de Camagüey, donde fueron sustraídos los restos de 16 de sus parientes, incluido el abuelo de Otaola, quien fue preso político. El hecho evidencia una vez más el estado de abandono y saqueo sistemático que sufren los cementerios de la isla bajo la gestión del régimen de La Habana.
A través de redes sociales, Otaola informó que la tumba de su abuelo paterno fue vandalizada y los osarios de 16 familiares robados. La denuncia fue respaldada por su prima, Camila Lobón, quien detalló que al acudir al camposanto encontraron el panteón completamente vacío, sin urnas ni restos de sus difuntos. Entre los desaparecidos figuran no solo el abuelo, sino también un tío abuelo calificado como \»preso político plantado\», así como otras figuras centrales de la familia.
Lobón calificó el suceso como un acto que trasciende la lógica burocrática o el simple saqueo, señalando que han botado como basura \»la única parte profunda de ti que quedaba\». Para la artista, esta pérdida representa un síntoma más de la profunda crisis que atraviesa la nación y un golpe devastador para los miembros mayores de la familia que residen en Cuba y acuden anualmente al cementerio. La diáspora cubana se enfrenta así no solo a la imposibilidad de retorno, sino a la vulnerabilidad de su patrimonio y memoria histórica.
Abandono institucional y saqueos recurrentes
El caso de la familia Otaola-Lobón no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de deterioro y profanación documentado en la principal necrópolis camagüeyera. Fundado en 1814 y considerado uno de los cementerios más antiguos en funcionamiento en América Latina, el recinto ha sido objeto de repetidas quejas por su estado calamitoso. Medios independientes y organizaciones como el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) han evidenciado en los últimos meses tumbas abiertas, fragmentos de huesos a la intemperie y bolsas con restos humanos desprotegidos.
Testimonios recogidos por la prensa independiente detallan cómo ciudadanos han reportado el forzamiento de candados y la sustracción de cráneos y osarios, sin que la administración del cementerio ofrezca respuestas. La pasividad de las autoridades de la isla ante estos crímenes refleja el colapso de los servicios públicos y la falta de control institucional, dejando a la ciudadanía desamparada incluso en el respeto a sus difuntos.
La profanación de este panteón, que alberga los restos de víctimas de la represión política histórica, subraya la incapacidad de la dictadura cubana para garantizar la preservación del patrimonio y el respeto a los derechos humanos, incluso en la muerte. Este tipo de agresiones a la memoria familiar profundizan el dolor del exilio y generan un mayor repudio hacia un sistema que ha demostrado incapacidad para proteger lo más sagrado de su población, aumentando la presión sobre la comunidad internacional para que preste atención a las violaciones sistemáticas en la isla.
