El cubano Jesús Gabriel Pérez Menocal, residente en El Salvador desde 2019, regresó temporalmente a la isla el 3 de agosto de 2022 con el propósito de visitar a sus familiares. Sin embargo, su estancia se transformó en una condena de cinco años de prisión tras ser señalado por la Seguridad del Estado como responsable de administrar una página informativa en Facebook. Su caso ilustra una vez más la criminalización de la libre expresión y el uso de cargos penales comunes para silenciar voces disidentes en Cuba.
Natural de Sagua la Grande, en la provincia de Villa Clara, Pérez Menocal tenía planificado regresar a El Salvador, país donde había formado una familia junto a su esposa y su hijo de cinco años. No obstante, desde el 26 de agosto de 2022 se encuentra privado de libertad. El cubano ha denunciado que su detención y su posterior procesamiento judicial constituyen una represalia directa por haber creado y gestionado la página de Facebook \»Sagua la Grande Noticias\», un proyecto ciudadano dedicado a divulgar acontecimientos relevantes de esa localidad villaclareña.
La persecución contra Pérez Menocal comenzó a materializarse apenas una semana después de su llegada al país, cuando recibió una citación oficial de la Seguridad del Estado. Al presentarse en el citatorio, fue interrogado por el agente Raiko Pérez Mazorra y un teniente coronel no identificado. Durante el encuentro, los funcionarios lo intimidaron por el contenido publicado en la red social, acusándolo de ser un \»asalariado del imperialismo\», de divulgar noticias falsas y de atentar contra la estabilidad del país. Aunque en esa ocasión fue puesto en libertad, la dictadura cubana ya había dejado claro que su labor informativa estaba bajo estricta vigilancia.
Un montaje judicial bajo el pretexto del sabotaje
Los acontecimientos que derivaron en su encarcelamiento ocurrieron el 26 de agosto de 2022. Pérez Menocal relató que ese día acudió a visitar a un primo que trabajaba en el hospital Mártires del 9 de Abril. Mientras transitaban por un pasillo cercano a unas escaleras, un supuesto cortocircuito dejó la zona a oscuras. Casi de inmediato, sin que pudiera precisar el origen de la presencia policial, comenzaron a llegar agentes de la Seguridad del Estado.
Tanto él como su primo fueron arrestados en el acto y acusados de haber cortado deliberadamente los cables eléctricos con el propósito de sabotear la instalación de salud. A partir de ese momento, el joven de 37 años inició un prolongado y arbitrario recorrido por el sistema penitenciario cubano. Inicialmente, permaneció recluido durante dos semanas en el cuartel general de la Seguridad del Estado en Santa Clara. Durante ese periodo, las autoridades de la isla le negaron el acceso a los medicamentos que necesitaba y le impidieron cualquier tipo de comunicación con sus familiares, una práctica sistemática de aislamiento utilizada para desorientar y quebrar a los detenidos.
Posteriormente, fue trasladado a la prisión La Pendiente, en la capital villaclareña, donde permaneció hasta el 14 de julio de 2023, fecha en la que se celebró un juicio carente de las mínimas garantías procesales. El proceso concluyó con una condena de cinco años de cárcel por el supuesto delito de sabotaje. Tras la vista, el régimen de La Habana lo envió al centro de detención preventiva conocido como \»El Pre\» de Santa Clara por tres meses, para luego transferirlo a la prisión de Manacas, y finalmente reubicarlo en el campamento de prisioneros El Yabú, un centro de régimen abierto situado en la Carretera Central.
Contexto sistemático: Represión, control informativo y crisis penitenciaria
El caso de Pérez Menocal no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la estrategia integral de la dictadura cubana para aniquilar cualquier intento de periodismo independiente o expresión ciudadana no controlada por el Estado. Con la expansión del acceso a internet en la isla en años recientes, las redes sociales se han convertido en el único refugio para la libre circulación de información frente a la censura estatal. En respuesta, el ejecutivo cubano ha endurecido su marco legal e implementado operativos de inteligencia para vigilar, amedrentar y procesar a ciudadanos que administran canales informativos en plataformas como Facebook, Telegram o X.
Para evadir el escrutinio internacional y ocultar la naturaleza política de estas detenciones, el gobierno cubano recurre con frecuencia a la fabricación de delitos comunes. Acusaciones como \»sabotaje\», \»desacato\», \»atentado\» o \»propagación de epidemias\» son utilizadas de manera instrumental contra activistas, reporteros ciudadanos y opositores. Esta táctica permite a las autoridades presentar ante la comunidad internacional estos procesos como meras cuestiones de orden público o seguridad ciudadana, cuando en realidad responden a una política de limpieza ideológica.
Además, el encarcelamiento de Pérez Menocal expone la profunda crisis que atraviesa el sistema penitenciario en Cuba, colapsado por el hacinamiento, la escasez de alimentos y la precariedad sanitaria. Desde su llegada al campamento El Yabú, el prisionero ha denunciado la falta de acceso a los medicamentos necesarios para tratar el asma y la hipertensión, patologías que requieren un control médico constante. El abandono de la salud de los reclusos es una violación sistemática de los derechos humanos que agrava las condiciones de vida dentro de las prisiones de la isla.
Antecedentes y consecuencias de la represión a la diáspora
La represión contra miembros de la diáspora que regresan temporalmente a Cuba ha ido en aumento, especialmente después de las protestas históricas del 11 de julio de 2021. El régimen percibe a los cubanos emigrados como una amenaza potencial de contagio ideológico, debido a su exposición a sistemas democráticos y a su independencia económica frente al Estado. En este contexto, administrar una página de noticias desde el extranjero o durante una visita familiar es interpretado por los órganos de inteligencia como un acto de subversión que debe ser neutralizado.
El costo humano de esta política represiva recae de manera directa sobre las familias fragmentadas por el exilio. Pérez Menocal cumple su condena a miles de kilómetros de su esposa y de su hijo de cinco años, quienes permanecen en El Salvador a la espera de una resolución que les permita reunirse. La separación forzada y la incertidumbre jurídica son herramientas que el Estado utiliza no solo para castigar al individuo, sino para infundir el terror entre quienes osen desafiar el monopolio informativo del Gobierno.
De cara al futuro, la persistencia en estas prácticas de criminalización de la información augura un escenario de mayor cierre cívico en la isla. Mientras la comunidad internacional y las organizaciones de defensa de los derechos humanos mantienen su monitoreo sobre la situación carcelaria en Cuba, la exigencia de la liberación de los presos de conciencia y de reporteros ciudadanos como Pérez Menocal se convierte en un indicador ineludible para medir la voluntad real de las autoridades de la isla respecto a los derechos fundamentales. La impunidad con la que opera la Seguridad del Estado en estos casos continúa siendo el principal sostén de un sistema que no tolera la disidencia ni la transparencia.
