La presa política Lizandra Góngora Espinosa enfrenta un severo deterioro de su salud física y mental en la prisión Los Colonos, ubicada en la Isla de la Juventud, donde permanece recluida en una celda de aislamiento sin recibir la atención médica especializada que su cuadro clínico exige. La denuncia ha sido formulada por el centro de asesoría legal Cubalex, que alertó sobre la vulneración sistemática de los derechos de esta activista, madre de cinco hijos, condenada a 14 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Durante una visita reciente, sus familiares pudieron constatar la alarmante situación carcelaria de Góngora. La opositora presenta manchas en el rostro, un evidente desgaste físico y afectaciones notables en su estabilidad mental, derivadas de las condiciones infrahumanas de su encierro. El informe de Cubalex detalla que la activista sufre de anemia de células falciformes y un fibroma uterino, patologías que le provocan fuertes dolores y hemorragias constantes. Pese a la gravedad de estos diagnósticos, las autoridades penitenciarias han ignorado reiteradamente las exigencias para brindarle el tratamiento médico adecuado.
La situación se ha agravado desde el pasado 20 de julio, fecha en la que fue confinada en una celda de castigo. Según los registros de la organización jurídica, este aislamiento se produjo tras una presunta provocación por parte de una reclusa común identificada como Yaquelín, con quien la activista habría tenido roces previos dentro del penal. La dictadura cubana ha mantenido esta medida de segregación a pesar de las constantes quejas sobre el impacto devastador que el confinamiento solitario tiene sobre la salud de la presa, lo que constituye una clara forma de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
A la negligencia médica y el aislamiento se suma un ambiente de hostigamiento orquestado desde la dirección del penal. La jefa de la prisión habría declarado, durante una reunión colectiva con las reclusas, que la paralización de varios procesos penitenciarios —incluyendo la revisión para traslados a regímenes de menor severidad— era responsabilidad directa de Góngora. Esta maniobra, denunciada por Cubalex, evidencia cómo el régimen de La Habana utiliza la instigación y el resentimiento entre los presos comunes como herramienta de presión psicológica para quebrar la moral de los activistas encarcelados.
El traslado de Góngora a la Isla de la Juventud, a cientos de kilómetros de su residencia familiar en la provincia de Artemisa, representa otra capa de castigo añadido. Antes de esta reciente visita, la activista llevaba más de seis meses sin ver a sus hijos. Ángel Delgado, su esposo y responsable del cuidado de los menores, ha denunciado que la lejanía agrava profundamente el impacto emocional y económico de la familia. La distancia, sumada a la crisis generalizada del transporte en la isla y el altísimo costo de los viajes, hace casi imposible el contacto regular.
Esta separación forzada también imposibilita la entrega periódica de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad. En el sistema penitenciario cubano, donde el desabastecimiento es la norma, los reclusos dependen casi en su totalidad de los avituallamientos familiares para sobrevivir. El gobierno cubano, al enviar a Góngora a un penal tan alejado, no solo vulnera las normas internacionales que recomiendan ubicar a las mujeres encarceladas cerca de sus hogares, especialmente cuando son madres de hijos menores, sino que la condena a una situación de desamparo total.
Contexto represivo y crisis estructural
El caso de Lizandra Góngora no es un hecho aislado, sino el reflejo de la maquinaria represiva desplegada por la dictadura cubana para aplacar el descontento social surgido tras las históricas manifestaciones del 11J. En aquellos días, miles de cubanos salieron a las calles para exigir libertad y protestar por los apagones y la escasez. La respuesta del Estado fue la militarización de las ciudades, el cerco a las comunicaciones y la apertura de causas penales sumarísimas contra cientos de ciudadanos, imponiendo condenas ejemplificantes mediante tribunales militares, como ocurrió con Góngora, quien fue sentenciada bajo los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos.
Las cárceles en Cuba funcionan hoy como extensiones del aparato de represión estatal. El hacinamiento, la falta de higiene, la alimentación deficiente y la ausencia de atención médica son constantes que afectan a la población reclusa en general, pero que se recrudecen de manera deliberada contra quienes han desafiado al poder. La crisis económica que atraviesa la isla, marcada por una inflación galopante y el colapso de los servicios básicos, imposibilita que el sistema penitenciario garantice condiciones mínimas de habitabilidad, dejando a los reclusos a merced del abandono institucional.
Además, la crisis del transporte público y la falta de combustible en el país actúan como un mecanismo de castigo adicional, aunque las autoridades de la isla lo presenten como un problema logístico general. Para las familias de los presos políticos, el desplazamiento entre provincias se convierte en una odisea financiera y física. El régimen de La Habana es consciente de que aislar a los opositores en geografías distantes y de difícil acceso reduce la visibilidad de sus casos, dificulta el acompañamiento legal y fractura el núcleo familiar, multiplicando el sufrimiento psicológico de los encarcelados.
Antecedentes de un encarcelamiento arbitrario
Lizandra Góngora fue arrestada en Güira de Melena, Artemisa, por sumarse a las protestas pacíficas que sacudieron al país en julio de 2021. Su procesamiento se caracterizó por la falta de debido proceso y la utilización de tribunales militares para juzgar a civiles, una práctica que ha sido repudiada por organismos internacionales de derechos humanos. En 2023, fue trasladada desde la cárcel de mujeres El Guatao, en La Habana, hasta la prisión Los Colonos en la Isla de la Juventud. Desde ese momento, su encierro ha estado marcado por constantes denuncias de represalias, aislamientos arbitrarios y una negligencia médica que amenaza directamente su vida.
Implicaciones y exigencia de respuesta internacional
El deterioro progresivo de Lizandra Góngora es una urgencia humanitaria que pone a prueba la capacidad de la comunidad internacional para exigir rendición de cuentas al gobierno cubano. Organizaciones como Cubalex han documentado exhaustivamente estas violaciones, pero la impunidad persiste. La pasividad de la diplomacia regional y de los organismos multilaterales ante el uso de la tortura mediante el aislamiento y la denegación de asistencia médica solo alienta a la dictadura cubana a profundizar sus métodos de aniquilación física y psicológica contra la disidencia. La vida de Góngora, y la de cientos de presos del 11J, pende de la presión externa y de la exigencia inmediata de su liberación incondicional.
