1>Reporteros Sin Fronteras exige la liberación del periodista Henry Constantín tras rechazo judicial en Camagüey
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha exigido la liberación inmediata del periodista independiente Henry Constantín, detenido desde el pasado 16 de septiembre, tras conocerse que el Tribunal Provincial de Camagüey rechazó el recurso de hábeas corpus presentado por su defensa, consolidando así una nueva muestra del acoso judicial contra la prensa no oficial en la isla.
El pronunciamiento de la entidad defensora de la libertad de prensa llegó apenas un día antes de que la justicia camagüeyana emitiera su resolución, la cual confirma la negativa sistemática de las autoridades de la isla a garantizar el debido proceso en casos de índole política. RSF había reclamado que el recurso legal fuera resuelto sin demora, advirtiendo sobre la vulnerabilidad del comunicador, quien permanece tras las rejas por el único delito de ejercer un periodismo alejado del control estatal.
La negativa del tribunal de Camagüey a admitir el hábeas corpus evidencia, una vez más, cómo la dictadura cubana instrumentaliza el sistema judicial para reprimir la disidencia y silenciar a los voceros críticos. En Cuba, los tribunales operan como un apéndice del aparato represivo del Estado, negando garantías procesales elementales y prolongando encarcelamientos arbitrarios que carecen de sustento legal más allá del interés político del régimen de La Habana por acallar la verdad.
Henry Constantín, cuyo único delito ha sido informar sobre la realidad nacional fuera de los márgenes permitidos por el monopolio informativo del Estado, se suma a una larga y preocupante lista de periodistas, activistas y opositores que enfrentan el peso de la maquinaria represiva. Su detención, ocurrida a mediados de septiembre, se inscribe en una oleada de hostigamiento y criminalización del periodismo independiente que se ha recrudecido en los últimos años, particularmente tras las protestas sociales del 11 de julio de 2021.
Un sistema judicial al servicio de la represión
El recurso de hábeas corpus, concebido en cualquier Estado de derecho como una garantía fundamental contra la privación ilegítima de libertad, es en la práctica cubana un trámite vacío de contenido. Los tribunales provinciales, subordinados a la voluntad del Consejo de Estado y del Partido Comunista, se limitan a ratificar las decisiones del Departamento de Seguridad del Estado, convirtiendo la justicia en una farsa diseñada para dar una apariencia de legalidad a lo que, en esencia, son secuestros y detenciones políticas.
La situación de Constantín no es un evento aislado, sino la punta del iceberg de una crisis estructural de derechos humanos que azota a la nación caribeña. El gobierno cubano ha optado por la vía de la persecución penal para desarticular cualquier intento de pluralidad informativa. Al negar la libertad a un comunicador, el régimen no solo castiga al individuo, sino que envía un mensaje de advertencia y autocensura a toda la sociedad civil y al gremio periodístico que intenta ejercer su labor en condiciones precarias y de constante hostigamiento.
La represión contra la prensa independiente ocurre en un contexto de profunda crisis económica y social que el régimen de La Habana intenta ocultar a toda costa. El colapso de los servicios básicos, la inflación galopante y la migración masiva son realidades que el poder no quiere que se documenten ni se difundan fuera de su estricto control propagandístico. Periodistas como Constantín cumplen un rol vital al intentar esbozar la verdadera imagen de Cuba, una labor que el Estado castiga con la cárcel.
El clamor internacional y la impunidad del régimen
La exigencia de Reporteros Sin Fronteras subraya la urgencia de que la comunidad internacional mantenga su atención sobre los abusos de la dictadura cubana. Organizaciones de derechos humanos han documentado de manera exhaustiva el uso de tácticas de tortura psicológica, confinamiento solitario y negación de asistencia médica contra los presos de conciencia, tácticas que forman parte del modus operandi del aparato represivo para doblegar la voluntad de los detenidos.
Sin embargo, las condenas internacionales rara vez han logrado modificar la conducta del gobierno cubano, que se escuda en la soberanía nacional para justificar sus violaciones sistemáticas a los pactos internacionales de derechos civiles y políticos. La impunidad con la que actúan las fuerzas del orden y los fiscales en Cuba permite que casos como el de Constantín se repitan de manera cíclica, profundizando el clima de terror entre quienes se atreven a disentir.
La retención del periodista en Camagüey representa, por tanto, un desafío directo a las democracias occidentales y a los organismos multilaterales. El silencio o la tibieza en la respuesta diplomática frente a estos encarcelamientos arbitrarios solo abona el terreno para que las autoridades de la isla continúen vulnerando los derechos fundamentales de los cubanos con total descaro.
La liberación de Henry Constantín debe ser entendida como un paso mínimo e innegociable para cualquier apertura de diálogo con el régimen. Mientras existan periodistas encarcelados por informar, no puede hablarse de mejora alguna en el panorama cubano. La comunidad democrática debe exigir no solo su excarcelación inmediata, sino el cese definitivo de la persecución política que mantiene a la sociedad cubana secuestrada por el miedo y la ausencia de libertades.
