El dólar en efectivo superó la barrera de los 750 pesos en el mercado informal de Cuba, acumulando una subida de 75 pesos solo en el mes de septiembre. Este desplome de la moneda nacional ocurre nueve meses después de que el Banco Central prometiera que una tasa de cambio flotante reduciría las presiones económicas, evidenciando el fracaso absoluto de las políticas del gobierno cubano.
La divisa norteamericana continúa su imparable escalada en el mercado paralelo, alcanzando una cifra que hace un año parecía impensable. Durante el noveno mes del año, la moneda verde registró un incremento de 75 pesos frente al peso cubano, consolidando la pérdida de valor de la moneda nacional. Esta brecha cada vez más amplia entre el mercado informal y las tasas oficiales refleja la desconexión total de las autoridades de la isla con la realidad económica que sufre la población.
El escenario actual es la consecuencia directa de las políticas implementadas por el régimen de La Habana. Hace nueve meses, el Banco Central de Cuba anunció con bombos y platillos la implementación de una tasa de cambio flotante, prometiendo que esta medida absorbería la presión del mercado informal y estabilizaría la economía. Sin embargo, la promesa se ha traducido en un espejismo. La falta de reservas internacionales, la inexistencia de un mercado mayorista real de divisas y la inoperancia del sistema bancario han provocado que la ciudadanía pierda toda confianza en las instituciones financieras del país.
El colapso estructural de la economía planificada
La disparada del dólar no es un fenómeno aislado, sino el síntoma más visible de la profunda crisis estructural que asfixia a la isla. El modelo económico centralizado, ineficiente y dependiente de subsidios externos ha demostrado ser un fracaso rotundo. La caída de la producción nacional, la paralización de industrias clave por falta de insumos y la incapacidad del sector agrícola para alimentar a la población obligan a importar bienes que el Estado no puede financiar. Esta escasez crónica empuja a los cubanos a buscar dólares en el mercado negro como único refugio para adquirir alimentos y bienes básicos.
Para el ciudadano común, la depreciación del peso cubano significa un empobrecimiento acelerado. Los salarios estatales, que ya de por sí resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas, se licúan a un ritmo vertiginoso. Mientras el gobierno cubano mantiene un discurso triunfalista sobre la recuperación, las familias enfrentan el drama diario de no poder comprar una libra de carne, aceite o leche, cuyos precios se ajustan a la cotización del mercado informal y no a la voluntad de los burócratas. La inflación galopante ha confiscado el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
Ante este desastre económico, la respuesta del poder ha sido la intransigencia y el control. La dictadura cubana ha optado por blindar su modelo en lugar de aplicar reformas de fondo que impliquen una apertura real. La represión se ha intensificado contra cualquier voz que denuncie la crisis. Periódicos independientes, economistas y activistas que reportan la verdadera inflación y la escasez son objeto de persecución política, amenazas y detenciones. La censura impide que la población acceda a información veraz, mientras el Estado intenta ocultar la magnitud del desastre financiero.
La dependencia del exterior y la fractura social
La economía nacional sobrevive hoy gracias a las remesas y al flujo de divisas que envían los cubanos desde el extranjero. Sin embargo, la captura de estos recursos por parte del régimen a través de tiendas en moneda libremente convertible y entidades estatales no ha logrado reactivar la producción. El dólar a 750 pesos profundiza la fractura social entre aquellos que tienen acceso a divisas extranjeras y la inmensa mayoría que depende exclusivamente del peso cubano, generando un escenario de desigualdad extrema y exclusión económica.
Los sectores estratégicos, como el turismo y la exportación de azúcar, que tradicionalmente generaban ingresos para el país, atraviesan por una crisis terminal. La infraestructura hotelera se deteriora, y la zafra azucarera ha sido históricamente baja. La incapacidad de las autoridades de la isla para atraer inversión extranjera directa y respetar la propiedad privada demuestra que el miedo a perder el monopolio del poder pesa más que la voluntad de sacar al país del abismo económico.
Implicaciones políticas y perspectivas futuras
El horizonte inmediato se presenta sombrío. La tendencia del dólar sugiere que la inflación continuará su curso destructor en los próximos meses, acercando a la economía cubana a escenarios de hiperinflación. Esta dinámica exacerbará la escasez de combustible, medicamentos y alimentos, incrementando la conflictividad social latente. La presión social podría desbordar los mecanismos de control de la dictadura, que ya ha demostrado su disposición a reprimir brutalmente cualquier manifestación popular, como ocurrió en julio de 2021.
La comunidad internacional y los organismos de crédito multilateral observan con preocupación el default selectivo del país y la incapacidad de honrar sus deudas. Mientras tanto, el régimen de La Habana intenta lavar su imagen con campañas diplomáticas que ocultan la violación sistemática de los derechos humanos y la expropiación del esfuerzo de los ciudadanos. La estabilidad de la región también se ve amenazada, ya que el colapso económico es el principal motor de la migración masiva de cubanos hacia Estados Unidos y otros países de América Latina.
En definitiva, que el dólar alcance los 750 pesos es el certificado de defunción de la política económica oficial. Mientras el poder mantenga intacto su esquema de control absoluto, sin rendición de cuentas, sin libertades políticas y sin un verdadero Estado de derecho, no existirá confianza para la inversión ni estabilidad monetaria. El fracaso de la tasa flotante anunciada hace nueve meses es la prueba irrefutable de que en Cuba no hay crisis económica que resolver, sino un problema político profundo que requiere un cambio de régimen para revertir la tragedia.
