Las autoridades de la isla detuvieron a Felipe Rodríguez, un cubano de 68 años, en San Antonio de los Baños, por exhibir carteles con mensajes críticos contra el poder en su triciclo. El caso se suma a la reciente condena a diez años de prisión del profesor Ariel Manuel Martín Barroso por pintar grafitis contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, evidenciando el endurecimiento de la persecución política y la censura en el país.
Rodríguez, quien se dedica a manejar un bicitaxi en la provincia de Artemisa, fue arrestado el pasado 3 de marzo tras semanas de exhibir la frase \»No monto ni clarias ni chivatos. Solo hombres libres\» en su vehículo. Según confirmó el periodista independiente Pedro Quiala a medios de prensa, el chofer había sido previamente \»marcado\» por las autoridades por expresarse abiertamente en contra del gobierno cubano. Su detención se materializó tras añadir una nueva proclama a su triciclo: \»La dictadura hay que tumbarla de cualquier manera\».
El activista y expreso político José Daniel Ferrer repudió el hecho a través de redes sociales, exigiendo más detalles sobre el caso y denunciando la criminalización de la libertad de expresión. Fuentes consultadas señalaron que, durante su encierro en el calabozo, Rodríguez comenzó a gritar consignas, lo que provocó que el segundo jefe de la Policía lo amenazara de muerte, asegurándole que le \»iba a meter un tiro si no se callaba la boca\». Hasta el momento, los familiares del chofer se mantienen en silencio por temor a represalias por parte del régimen de La Habana.
Académico condenado a una década de prisión por grafitis
La detención de Rodríguez trasciende en medio de otro grave episodio de persecución ideológica. El Observatorio de Libertad Académica (OLA) informó recientemente que el profesor Ariel Manuel Martín Barroso, de 42 años, fue condenado a 10 años de privación de libertad por pintar mensajes antigubernamentales. El académico, quien formaba parte del claustro de la Facultad de Ciencias Técnicas y Empresariales de la Universidad de Sancti Spíritus y era miembro de la Junta de Acreditación Nacional, fue procesado bajo los cargos de \»propaganda contra el orden constitucional y desacato\».
Según el OLA, Martín Barroso era objeto de seguimiento por parte de agentes de la Seguridad del Estado que monitorean el campus universitario. Durante el juicio, los testigos de la dictadura cubana argumentaron en su contra señalando que el docente \»siempre resultó sospechoso\» por su postura frente al proceso revolucionario. El profesor no se retractó de la autoría de las pintadas contra la figura de Miguel Díaz-Canel durante ninguna fase del proceso judicial, lo que le valió una sentencia ejemplarizante que ha generado rechazo dentro y fuera de la isla.
Ambos casos ilustran el deterioro acelerado de las garantías procesales y la libertad de expresión en Cuba. El ejecutivo cubano ha intensificado sus mecanismos de control social frente a la profunda crisis económica y el creciente descontento popular, recurriendo a la intimidación pública y a penas desproporcionadas para silenciar la disidencia. Esta escalada represiva pone de manifiesto la urgencia de que la comunidad internacional monitoree la situación de los derechos humanos en la isla, donde ejercer el derecho a la crítica ciudadana equivale, en la práctica, a un acto de rebeldía castigado con la cárcel.
