Oemis Romagoza Durruthy, un cubano de 35 años acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de coordinar la logística de una red de inteligencia rusa dedicada a sabotajes en Europa y planificar un asesinato en Washington, operaba paralelamente un lucrativo esquema de fraude académico y migratorio en Cuba, cobrando 3.000 dólares por gestionar becas que en realidad eran gratuitas, según revelan los testimonios de sus víctimas.
El camagüeyano, registrado en la base de datos de ETECSA bajo el alias de «Demis», ha salido a la luz pública no solo por su presunta implicación en operaciones de espionaje y terrorismo internacional, sino por su historial de estafas a jóvenes cubanos desesperados por emigrar. Al menos diez fuentes con trato directo con Romagoza Durruthy han confirmado que exigía la mitad del pago antes de la salida de la isla y el resto a la llegada a territorio ruso, aprovechándose de la angustia migratoria que azota al país.
El modus operandi de Romagoza Durruthy se apoyaba en sus conexiones con la Universidad Estatal de Petrozavodsk, ubicada en la república rusa de Carelia. En esa misma ciudad, el ahora acusado regentaba la academia de baile «Made in Cuba», un frente que le permitió reclutar a aproximadamente veinte jóvenes cubanos prometiéndoles un futuro académico en Europa del Este. Sin embargo, varias de estas víctimas descubrieron al llegar que los trámites de matrícula y los procesos de admisión por los que habían pagado miles de dólares eran completamente gratuitos. Otros entregaron el dinero y jamás lograron salir de la isla, perdiendo sus ahorros en el intento.
La estafa no se limitó a las becas académicas. Según los testimonios, el negocio se diversificó hacia la gestión fraudulenta de visados para Finlandia. Al pertenecer este país al espacio Schengen, el documento abría las puertas para que los migrantes cubanos viajaran a terceros países, como México, con el objetivo final de intentar el cruce hacia la frontera de Estados Unidos. Esta ruta se consolidó precisamente en los años de mayor flujo migratorio cubano por el sur estadounidense, un fenómeno directamente propiciado por el colapso económico y la falta de libertades en la isla.
Una de las víctimas de este fraude migratorio relató cómo, tras quedar desempleado en Cuba por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, decidió viajar a Rusia con Romagoza. Una vez allí, el estafador le exigió más dinero prometiendo gestionar una visa finlandesa para él y su esposa. Tras entregar el efectivo, Romagoza desapareció, dejándolos varados. La represión sistemática de la dictadura cubana contra quienes se manifestaron en el verano de 2021 ha empujado a miles de jóvenes a la marginalidad y a la forzada migración, convirtiéndolos en presas fáciles para redes criminales internacionales.
Vínculos con la inteligencia rusa y presunta presencia del MININT
Ante sus allegados, Romagoza Durruthy alardeaba de tener vínculos con las fuerzas armadas rusas y de cumplir misiones oficiales para el Kremlin. Estas presuntas conexiones cobran mayor gravedad ante la identificación, por parte de las fuentes consultadas, de un hombre dentro del grupo llevado a Rusia que aseguraba haber sido oficial del Ministerio del Interior (MININT) cubano. Las presuntas víctimas se encuentran hoy repartidas entre Rusia, Cuba y Estados Unidos, y todas han pedido reserva de identidad por temor a represalias contra ellas y sus familiares.
Aunque la acusación formal de la justicia estadounidense no vincula directamente a las instituciones de la isla, la presencia de exfuncionarios de la seguridad cubana en estos círculos levanta serias sospechas sobre el nivel de coordinación o conocimiento que el régimen de La Habana podría tener sobre estas actividades. El caso escaló rápidamente al plano político internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos recogió la acusación para señalar directamente a La Habana, advirtiendo sobre la amenaza de estas redes. «El complot de asesinato descrito en esta acusación es otro testimonio más de la amenaza persistente de redes subversivas cubanas y de otros países que operan en nombre de nuestros adversarios en suelo estadounidense», publicó el organismo en la red social X. Asimismo, aseguró que «La Administración Trump está luchando para aplastar estas redes de forma definitiva», marcando una postura de firmeza frente a la injerencia extranjera.
La acusación formal imputa a Romagoza Durruthy junto a su compatriota Yaidel Delgado Suárez, al venezolano Ángel Eduardo Castro y a los rusos Yuri y Kirill Khrameev. Los cinco enfrentan un cargo de conspiración para financiar el terrorismo, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Además, Yuri Khrameev, Delgado Suárez y Castro afrontan un cargo adicional de conspiración para cometer asesinato por encargo, vinculado al plan para eliminar a un disidente ruso en Washington. Hasta el momento, todos permanecen en Rusia y ninguno ha sido detenido, evidenciando los límites de la justicia internacional frente a países que brindan refugio a acusados de estos delitos.
Contexto: El colapso estructural y el éxodo como caldo de cultivo
El caso de Oemis Romagoza Durruthy no es un incidente aislado, sino un reflejo de la profunda crisis estructural que asfixia a Cuba. La hiperinflación, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, los apagones sistemáticos y la falta de expectativas han generado un éxodo migratorio sin precedentes. En este escenario de desesperación, los jóvenes cubanos se vuelven altamente vulnerables a ofertas de becas o salidas al extranjero, sin importar los riesgos. El gobierno cubano, al fracasar en su modelo económico y mantener un control absoluto sobre las libertades, es directamente responsable de crear las condiciones que permiten que operadores como Romagoza medren sobre la necesidad de la población.
Además, la histórica alianza del régimen de La Habana con Moscú facilita un terreno fértil para este tipo de operaciones. La presencia de ciudadanos cubanos en Rusia, ya sea a través de becas académicas, programas laborales o rutas migratorias irregulares, ha incrementado en los últimos años. Las autoridades de la isla mantienen un silencio cómplice ante las actividades ilícitas de sus ciudadanos en el extranjero, especialmente cuando estas involucran a potencias aliadas de la dictadura cubana. La falta de transparencia y el control informativo impiden a las familias cubanas acceder a alertas sobre estafadores y redes criminales que operan bajo el amparo de la impunidad.
Antecedentes y consecuencias geopolíticas
Sobre Romagoza Durruthy pesa además una orden internacional de captura dictada por Lituania, país que lo acusó por el intento de sabotaje perpetrado en septiembre de 2024 contra una empresa que fabricaba equipos de radio destinados al Ejército ucraniano. Este antecedente subraya la gravedad de sus actividades, que trascienden el fraude migratorio para adentrarse en el espionaje y el terrorismo en el contexto de la guerra en Europa del Este. Ni él ni Delgado Suárez se han pronunciado públicamente sobre los cargos, mientras la comunidad internacional evalúa los próximos pasos.
El desenlace de este caso tendrá profundas implicaciones no solo para los acusados, sino para la diáspora cubana y la imagen del régimen. La comunidad internacional, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, deberá reforzar sus mecanismos de vigilancia frente a redes subversivas que utilizan a ciudadanos de países en crisis como piezas de ajedrez en conflictos geopolíticos globales. Mientras tanto, en Cuba, la población continúa soportando la represión de la dictadura y el colapso material, viéndose forzada a confiar en redes opacas para sobrevivir o escapar, en un ciclo vicioso que el poder en La Habana se niega a resolver y del que, a todas luces, resulta beneficiario a nivel geopolítico.
