El opositor Ediolvy Marín Mora, condenado a 13 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares de 2022 en Nuevitas, ha denunciado el severo deterioro de sus condiciones de cautiverio tras ser trasladado al centro penitenciario de máximo rigor Kilo 7, en la provincia de Camagüey. En una llamada telefónica, el prisionero político detalló el hacinamiento, la desnutrición generalizada y la presencia de plagas que aquejan a la población penal, evidenciando una vez más el uso del sistema carcelario como herramienta de castigo y aniquilación física por parte del régimen de La Habana.
Marín Mora fue trasladado el 27 de agosto desde la Prisión Provincial de Camagüey, conocida como Kilo 8, hacia la instalación Kilo 7. Ambos recintos están catalogados como de máximo rigor. El activista había sido sometido a un régimen de aislamiento y castigo desde el pasado 30 de julio, una medida adoptada por las autoridades penitenciarias como represalia directa tras revelar a través de denuncias públicas las precarias condiciones a las que se encuentra sometida la población reclusa en la cárcel camagüeyana.
Según relató el propio Marín Mora, la situación en Kilo 7 supera en gravedad a la de su anterior destino. El recluso destacó en primer lugar una severa plaga de chinches que infesta la instalación, cuya magnitud impide el descanso de los presos debido a las constantes picaduras. En su caso particular, al ser alérgico, estas picaduras se infectan y le provocan abscesos cutáneos. Esta condición de salud se ve profundamente agravada por factores estructurales de la celda, como el hacinamiento extremo, las altas temperaturas, la falta de agua para la higiene personal, la insuficiente exposición al sol y la humedad y oscuridad perpetuas que imperan en las instalaciones.
Desnutrición y colapso alimentario en las prisiones cubanas
En cuanto a la alimentación, el preso político señaló que las raciones en Kilo 7 son aún más reducidas y deficientes que las de Kilo 8. El menú de almuerzo y comida consiste en una porción «mínima» de arroz, un líquido con partículas de hierbas que es denominado «sopa» o «caldo», y una pasta blanca, en apariencia elaborada a base de harina de trigo, que sirve como única fuente de «proteína». El desayuno, por su parte, se compone de un pan «diminuto» y medio vaso de una tisana sin azúcar, alimentos que, agregó, se encuentran frecuentemente en mal estado de conservación.
Como consecuencia directa de esta política de inanición forzada, apuntó Marín Mora, la casi totalidad de la población penal se encuentra en estado de desnutrición. La gravedad del problema es tal que, si bien existe una compañía carcelaria catalogada administrativamente como «de bajo peso», los internos de este grupo no se diferencian visiblemente del resto de la población reclusa, lo que demuestra que la hambruna es un fenómeno transversal dentro del penal.
Antecedentes: La criminalización de la protesta en Nuevitas
Ediolvy Marín Mora, de 39 años de edad y residente del reparto La Gloria en la ciudad de Nuevitas, es un claro ejemplo de la maquinaria judicial desplegada para silenciar el descontento social. Fue arrestado en su domicilio el 6 de septiembre de 2022, como represalia por su participación en las protestas populares no violentas llevadas a cabo los días 18 y 19 de agosto de ese mismo año, las cuales fueron motivadas por los constantes apagones y la aguda crisis energética que azota a la isla. Al momento de su encarcelación, Marín Mora trabajaba como cuentapropista en una concretera particular.
El proceso judicial en su contra estuvo plagado de irregularidades y violaciones del debido proceso, características comunes en los juicios políticos en Cuba. Inicialmente, fue mantenido prisionero durante 31 días en los calabozos de la Seguridad del Estado del reparto Garrido, en Camagüey. Posteriormente fue trasladado a la prisión Cerámica Roja, donde permaneció por más de un año en espera de juicio. El 16 y 17 de enero de 2024 se celebró la vista en el Tribunal Provincial Popular de Camagüey, que culminó con una condena de 13 años de privación de libertad bajo los delicios de sabotaje y sedición, figuras penales habitualmente manipuladas por la dictadura cubana para tipificar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Tras el juicio, fue trasladado a la Prisión Provincial (Kilo 8) el 7 de enero de 2025.
Contexto sistemático: El sistema penal como extensión de la crisis nacional
El caso de Marín Mora y las condiciones que describe en Kilo 7 no son hechos aislados, sino el reflejo del colapso estructural que sufre Cuba en todas sus esferas. El sistema penitenciario de la isla atraviesa una crisis aguda, directamente proporcional al fracaso del modelo económico y social impuesto por el gobierno cubano. La escasez de alimentos, el deterioro de la infraestructura sanitaria, la falta de medicamentos y el corte de agua potable son problemas que azotan tanto a la población civil en las calles como a los reclusos en los centros penales, aunque en estos últimos la privación se ejecuta con mayor crueldad y bajo el amparo del silencio oficial.
Además del colapso material, existe una crisis de derechos humanos profundizada por la represión estatal. La dictadura cubana ha consolidado una estrategia de endurecimiento penal contra los activistas y manifestantes detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021 y las subsecuentes movilizaciones de 2022. El traslado constante de presos políticos entre prisiones de alto rigor, conocido como «rotación carcelaria», es una táctica de tortura psicológica diseñada para romper los lazos de los reclusos con sus familias, aislarlos de sus redes de apoyo y dificultar el seguimiento de sus casos por parte de las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La falta de control democrático y la ausencia de un poder judicial independiente permiten que las autoridades de la isla actúen con total impunidad. Las denuncias sobre celdas de castigo, negación de asistencia médica y alimentación en mal estado se acumulan sin que el ejecutivo cubano ofrezca respuestas o permita la entrada de organismos internacionales de observación penitenciaria con mandato real para inspeccionar las instalaciones. La situación de Marín Mora ilustra cómo el Estado utiliza los recursos públicos no para la rehabilitación o la seguridad ciudadana, sino para la aniquilación física y moral de la disidencia.
Implicaciones y panorama a futuro
Las consecuencias de estas políticas represivas representan una amenaza directa a la vida e integridad de cientos de cubanos encarcelados por motivos políticos. La desnutrición y la falta de atención a enfermedades derivadas de las condiciones insalubres, como las infecciones cutáneas que padece Marín Mora, pueden derivar en secuelas irreversibles o en la muerte de los reclusos bajo la indolencia del sistema. El silencio cómplice de las instituciones gubernamentales de la isla subraya la naturaleza autoritaria del régimen, que prioriza el control político sobre la vida humana.
Ante este escenario, la presión de la comunidad internacional y de los organismos de derechos humanos se vuelve imprescindible. La exigencia de la liberación incondicional de los presos políticos y el cese de las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes deben ocupar el centro de la agenda diplomática con La Habana. Mientras el régimen mantenga intacta su maquinaria de represión interna, las denuncias desde el interior de las prisiones como Kilo 7 seguirán siendo la única ventana para visibilizar el costo humano de la falta de libertades en Cuba.
