La incapacidad del gobierno cubano para mantener la infraestructura básica del país alcanza nuevos niveles de gravedad. Con un déficit que supera los 1.800 megavatios, cerca del 60% de la isla se queda sin servicio eléctrico en las horas de mayor demanda, evidenciando el fracaso absoluto de la gestión estatal y el deterioro irrefrenable del Sistema Eléctrico Nacional.
La Unión Eléctrica (UNE), ente estatal responsable del desastre energético, ha reconocido cifras que dibujan un panorama desolador para la población. Para el horario de máxima demanda, la disponibilidad apenas alcanza los 1.400 megavatios (MW), frente a una necesidad estimada en 3.250 MW. Este desequilibrio deja un déficit de 1.850 MW, lo que se traduce en una afectación planificada de 1.880 MW. En términos prácticos, esto significa que más de la mitad de la nación permanecerá a oscuras en el momento en que más se necesita el fluido eléctrico, una situación que roza el colapso total del sistema y que confirma el regreso de los apagones a niveles extremos tras una breve y engañosa tregua a finales del mes anterior.
La crisis no se limita a las horas nocturnas, sino que se extiende como una mancha durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la madrugada, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ya operaba con un déficit escandaloso. A las seis de la mañana, la disponibilidad era de apenas 1.370 MW contra una demanda de 2.850 MW. La jornada anterior no ofreció tregua alguna; la propia empresa estatal tuvo que admitir que el servicio se vio afectado por déficit de capacidad durante las 24 horas del día, manteniendo los cortes durante toda la madrugada. La máxima afectación registrada superó incluso los pronósticos oficiales, alcanzando los 1.874 MW en la noche, lo que demuestra que las estimaciones del régimen suelen quedarse cortas frente a la cruda realidad de un sistema al borde del abismo.
Las causas técnicas de este descalabro son una repetición de la ineficacia crónica que caracteriza a la industria estatal cubana. Las principales incidencias reportadas incluyen averías en la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, una de las más importantes y vetustas del país, así como en la Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y en las unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo. Estas plantas, que operan muy por encima de su vida útil, fallan constantemente debido a la falta de mantenimiento preventivo, la ausencia de piezas de repuesto y la incapacidad técnica del personal para realizar reparaciones de envergadura en un sistema centralizado y burocratizado.
A las averías activas se suman las unidades que permanecen en mantenimiento prolongado, como la unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 6 de la CTE Renté y la unidad 5 de la CTE Nuevitas. Además, 345 MW están fuera de servicio debido a limitaciones en la generación térmica, un eufemismo para describir la falta de recursos y la obsolescencia tecnológica. El intento de paliar la crisis con la entrada de Energás Varadero 1, que aportará apenas 30 MW, resulta ridículo frente a un déficit que ronda los 2.000 MW. La generación adicional prevista es una gota en el océano y no altera el cuadro de fondo: la demanda nacional duplica con creces la capacidad disponible del régimen para cubrirla, dejando a la población a merced del azar.
El gobierno cubano ha intentado maquillar su ineficiencia con la promoción de energías alternativas, presentando proyectos de parques solares como la solución milagrosa a una crisis de décadas. El parte oficial informa que 54 nuevos parques solares fotovoltaicos generaron 4.420 MWh, con una potencia máxima de 604 MW durante las horas de mayor insolación. Sin embargo, esta contribución es insuficiente y, sobre todo, efímera. Aun con este aporte, la UNE estimó afectaciones de 1.350 MW durante el día. Cuando cae la noche y la generación solar desaparece, el déficit se dispara nuevamente a 1.880 MW. La dependencia de la energía solar para tapar un agujero estructural tan profundo demuestra la falta de planificación a largo plazo y la desesperación del régimen por mostrar resultados inmediatos, aunque sean parciales y engañosos.
El impacto de estos apagones trasciende la incomodidad doméstica y representa un golpe mortal para la ya frágil economía nacional. Las industrias, los servicios médicos, los centros educativos y el deprimido sector privado dependen de un flujo eléctrico que simplemente no existe. Los alimentos se pudren en neveras sin energía, los equipos médicos corren el riesgo de fallar y el calor sofocante de la isla se convierte en un tormento diario para familias que no pueden dormir ni trabajar. La dictadura, ajena a estos sufrimientos desde sus oficinas climatizadas, mantiene su narrativa de victimización mientras la infraestructura del país se desmorona pieza por pieza.
Contexto: Una crisis estructural sin solución a la vista
El colapso del Sistema Eléctrico Nacional no es un fenómeno reciente, sino la culminación de décadas de mala gestión, corrupción y falta de inversión por parte del régimen de La Habana. La situación se tornó crítica en los últimos años tras meses de cortes prolongados, con plantas termoeléctricas que fallaban repetidamente y enormes dificultades del gobierno cubano para adquirir combustible en el mercado internacional debido a la falta de liquidez y de credibilidad financiera. En el primer trimestre de este año, la isla vivió un apagón nacional de más de 29 horas, un evento que evidenció la fragilidad extrema de la red. En ese entonces, muchos cubanos, incluidos los residentes en la capital, ya sufrían cortes diarios de 16 horas o más, lo que provocó un descontento social que fue rápidamente reprimido por el aparato de seguridad del Estado.
La dependencia histórica de la isla de combustibles subsidiados, primero por la Unión Soviética y luego por Venezuela, ha demostrado ser un modelo insostenible. Cuando los flujos de petróleo barato se reducen, el sistema cubano colapsa por no haber desarrollado una infraestructura autónoma y diversificada. La respuesta oficial del gobierno cubano ha sido la de siempre: responsabilizar de la situación al recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos y a las restricciones sobre el suministro de combustible. Sin embargo, esta narrativa ignora el hecho de que la obsolescencia de las plantas de generación, la falta de mantenimiento y la asignación ineficiente de los ya escasos recursos son los verdaderos motores de este desastre. La infraestructura eléctrica ha sido sacrificiada en favor de gastos prioritarios para la dictadura, como el aparato represivo y el mantenimiento de la burocracia estatal, dejando a la población civil al borde de la precariedad absoluta.
En definitiva, la oscuridad que envuelve a Cuba es tanto física como institucional. Mientras el régimen se escuda en excusas externas y promete inversiones que nunca materializan, la realidad golpea a millones de ciudadanos que sobreviven en condiciones infrahumanas. La incapacidad para garantizar un servicio básico como la electricidad es la prueba más contundente del fracaso del modelo económico y político impuesto en la isla. Sin cambios estructurales profundos que el actual gobierno se niega a implementar, la promesa de una noche sin apagones seguirá siendo una quimera para el pueblo cubano, condenado a vivir en las sombras de un sistema que hace tiempo dejó de funcionar.
