Más de 35.600 habitantes de la provincia de Sancti Spíritus enfrentan una severa crisis de abastecimiento de agua, obligados a depender de camiones cisterna cuyos ciclos de entrega superan los 10 y hasta 15 días. Las autoridades de la isla atribuyen el desabastecimiento a la sequía, pero la deficiencia estructural, la falta de combustible y el deterioro de los equipos de bombeo evidencian el colapso del sistema hidráulico bajo la gestión del gobierno cubano.
El director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillados, Roberto Nápoles Darias, reconoció ante el medio estatal Escambray que municipios como Fomento y Trinidad presentan la situación más crítica, seguidos por Jatibonico, Yaguajay y Cabaiguán. Para mitigar la emergencia, el régimen de La Habana destina mensualmente unos 27.000 litros de diésel para el transporte del líquido, una cantidad insuficiente que además se ve comprometida por el deterioro de los vehículos y el pésimo estado de los viales en las comunidades afectadas, tales como Palomar, El Titán y San Juan de Letrán, donde miles de familias aguardan indefinidamente la llegada del recurso vital.
Aunque la narrativa oficial insiste en culpar a los factores climáticos, la propia dirigencia provincial admite fallas técnicas ineludibles. En el poblado costero de La Boca, en Trinidad, la falta de agua responde directamente a la rotura de los equipos de bombeo, lo que ha extendido el periodo de abasto a más de 10 días. Asentamientos en La Sierpe, el municipio cabecera de Sancti Spíritus, Jatibonico y Taguasco reportan inestabilidad similar, sumando miles de personas a la lista de afectados por la inoperancia de la infraestructura básica que el ejecutivo cubano ha sido incapaz de mantener.
El agua como artículo de lujo en medio del colapso nacional
El desabastecimiento hídrico en Sancti Spíritus no es un hecho aislado, sino un síntoma más de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La incesante crisis energética y la falta de inversión en mantenimiento han convertido la distribución de agua en un calvario diario a nivel nacional. En Santiago de Cuba, la escasez ha alcanzado niveles desesperados, documentándose a través de redes sociales escenas de ciudadanos corriendo detrás de camiones cisterna. Ante la inacción estatal, ha surgido un mercado negro del líquido, donde los ciudadanos pagan hasta 20.000 pesos cubanos por una pipa de agua, reflejando cómo la inflación y la pobreza se entrelazan con la negligencia institucional.
La prolongación de esta crisis hídrica augura consecuencias devastadoras para la salud pública y la ya mermada calidad de vida de los cubanos. Mientras la ciudadanía se ve obligada a destinar gran parte de sus escasos ingresos para acceder a un derecho fundamental, las autoridades limitan su respuesta a excusas climáticas y asignaciones magras de combustible. Esta situación reafirma la responsabilidad directa del sistema gubernamental en el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, profundizando un escenario de insatisfacción social que, sumado a la represión ejercida por la dictadura cubana y el colapso económico, sigue impulsando el incesante éxodo migratorio.
