Juan Carlos Hernández Mora, un ciudadano cubano-alemán que regresó a la isla en 2008 para invertir en el sector turístico, fue sentenciado a 12 años de prisión en un juicio a puerta cerrada y despojado de su vivienda en Trinidad. Las autoridades de la isla lo acusaron de proxenetismo, cohecho y fraude eléctrico, cargos que el emprendedor y su entorno rechazan, evidenciando un patrón de expropiación judicial por parte del régimen de La Habana contra inversores extranjeros.
Tras más de una década residiendo en Alemania, donde obtuvo la ciudadanía, Hernández Mora decidió repatriarse con el objetivo de prosperar en su país natal. Establecido en el centro histórico de Trinidad, adquirió una casona colonial que adaptó para el alquiler a turistas extranjeros. Además de su actividad empresarial, el repatriado intentó integrarse en la comunidad local mediante la organización de torneos de ajedrez y donaciones a familias vulnerables, una etapa que se desarrolló sin contratiempos hasta 2019.
El escenario cambió drásticamente cuando la dictadura cubana lo sometió a un proceso legal sin garantías de transparencia, imputándole graves delitos en un juicio a puerta cerrada. Tras ser condenado, el Estado confiscó la propiedad que Hernández Mora había reformado y reubicó a su familia en un inmueble en precarias condiciones en las afueras de la ciudad. Otras personas de su entorno, incluida su esposa, también fueron procesadas. Sin embargo, las mujeres vinculadas al caso han declarado no haber sido coaccionadas, lo que pone en entredicho la veracidad de los cargos presentados por la fiscalía.
Un patrón sistemático de expropiación legal
Para Laritza Diversent, abogada cubana y directora del Centro de Información Legal Cubalex, este caso ilustra una práctica recurrente del gobierno cubano desde la década de 1990. \»Es típico en Cuba el uso de sanciones penales para apropiarse de inmuebles de valor, sobre todo casas bien ubicadas que fueron reformadas para el turismo\», explicó la jurista. La estrategia institucional consiste en acusar a los propietarios de delitos graves, como proxenetismo o enriquecimiento ilícito, para justificar el decomiso de los bienes y su posterior reasignación a funcionarios del Estado.
El caso de Hernández Mora no es un hecho aislado. Recientemente, otros empresarios que confiaron en las supuestas aperturas económicas de la isla han enfrentado detenciones arbitrarias y despojo patrimonial. Entre los ejemplos más señalados figuran el cubanoamericano Frank Cuspinera Medina, fundador del supermercado Diplomarket, y el inversor español Armando Unsain, quien perdió cerca de 400.000 dólares tras sus inversiones en el país. \»El régimen puede prometer apertura, pero nunca renuncia al control absoluto\», advirtió Diversent.
Actualmente, Hernández Mora se encuentra en libertad condicional desde 2024, pero las restricciones impuestas le impiden abandonar el país hasta 2030. El empresario, que cuenta con el apoyo consular de Alemania, ha expresado su profundo arrepentimiento por haber regresado a Cuba. Su testimonio proyecta una alerta clara a la diáspora y a la comunidad internacional sobre los riesgos de invertir en un sistema carente de estado de derecho, donde la arbitrariedad estatal prevalece sobre los derechos de propiedad y la seguridad personal.
