El sistema de salud pública en Cuba atraviesa una de sus peores crisis estructurales, evidenciando la incapacidad del régimen de La Habana para garantizar servicios básicos a su población. En la provincia de Sancti Spíritus, la escasez crítica de medicamentos e insumos médicos ha derivado en un mercado negro descontrolado y en presuntos cobros clandestinos, donde pacientes oncológicos se ven obligados a pagar hasta 70.000 pesos para acceder a tratamientos de radioterapia que el Estado supuestamente garantiza de forma gratuita y universal.
El deterioro del sector salud ha alcanzado niveles sin precedentes en lo que va de 2024 y 2025. Según constataciones publicadas incluso por el periódico oficialista Escambray, el sistema de Salud Pública en la provincia central apenas logra cubrir el 50 por ciento del cuadro básico de medicamentos. Esta alarmante cifra no es un fenómeno aislado, sino un reflejo del colapso sanitario que se extiende a lo largo y ancho de la isla, donde la falta de previsión, la ineficiencia burocrática y la mala gestión administrativa han dejado a millones de cubanos sin acceso a tratamientos vitales.
El reporte oficial detalla con crudeza la tragedia que viven quienes reciben un diagnóstico de cáncer en la actual coyuntura cubana. «El paso mortal de un tumor no se detiene», advierte el texto, exponiendo la desesperación de los pacientes que deben enfrentarse no solo a la enfermedad, sino a la inexistencia de recursos mínimos para combatirla. En los hospitales escasean desde bránulas y jeringuillas hasta bisturís, así como catéteres, citostáticos y sondas indispensables para cualquier intervención o tratamiento oncológico.
El mercado negro de la salud y la corrupción institucional
Frente a la inoperancia del gobierno cubano para abastecer sus propias instalaciones, ha surgido un mercado informal cada vez más lucrativo y desregulado. Medicamentos e insumos que son desviados mediante el robo y el descontrol reinante en las propias instituciones sanitarias terminan comercializándose a precios prohibitivos. La amoxicilina en suspensión alcanza los 700 pesos en el mercado negro, el Rosefín se vende a 650 pesos, y una prótesis de cadera llega a costar la escalofriante suma de 60.000 pesos. Para los productos de mayor demanda, los vendedores ilegales llegan al extremo de especificar que no aceptan transferencias bancarias, exigiendo el pago en efectivo.
La corrupción y el desvío de recursos han convertido el acceso a la salud en un privilegio para quienes poseen dinero en efectivo o allegados en el exterior. El propio Escambray recoge denuncias sobre el presunto cobro clandestino de servicios médicos vitales. Aunque el medio aclara que no pudo probarlo de manera fehaciente, recoge testimonios que apuntan al pago a discreción que algunos pacientes deben efectuar para acceder a la radioterapia contra el cáncer, cobrada supuestamente a 70.000 pesos. Esta cifra representa una fortuna inalcanzable para la inmensa mayoría de los trabajadores cubanos, cuyos salarios promedio en el sector estatal no superan los 4.000 pesos mensuales, lo que evidencia una clara violación del derecho a la salud.
El panorama se agrava con el riesgo inminente de adquirir medicamentos falsificados. El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) ha emitido alertas sobre este fenómeno, el cual ya ha generado afectaciones graves en los consumidores. La desesperación por encontrar fármacos empuja a la población a comprar en redes informales, donde la garantía de calidad es nula y el peligro para la vida es latente, sumando un factor de riesgo adicional a la ya precaria situación sanitaria.
Un contexto de crisis estructural y abandono institucional
El colapso sanitario en Sancti Spíritus y el resto del país no es un evento repentino, sino el resultado de décadas de mala gestión por parte de la dictadura cubana, que ha priorizado el control político y la exportación de servicios médicos por encima del bienestar de su propia población. La falta de divisas, la ineficiencia del aparato productivo nacional y la dependencia de importaciones que el ejecutivo cubano no puede financiar han vaciado las farmacias y los hospitales. La ausencia de mecanismos democráticos de rendición de cuentas permite que estos recursos se desvíen sin que exista una respuesta institucional efectiva.
Las autoridades sanitarias reconocen que los faltantes abarcan un amplio espectro: antibióticos, antihipertensivos, analgésicos, antihistamínicos, cremas, antinflamatorios, esteroides, antipiréticos, psicofármacos y anticonvulsivantes. La escasez no discrimina entre fármacos importados o de producción nacional, ni entre tratamientos comunes o específicos para enfermedades crónicas. Aunque las autoridades de la isla insisten en que se mantienen como prioridad el Programa de Atención Materno Infantil y el cuidado a pacientes graves y oncológicos, la realidad cotidiana desmiente estos discursos oficiales.
Esta crisis se inserta en un contexto nacional marcado por una inflación galopante, un éxodo migratorio masivo que ha descapitalizado al país de su fuerza laboral, y un desabastecimiento generalizado que afecta la alimentación, el transporte y los servicios básicos. El modelo centralizado ha demostrado ser un fracaso absoluto para garantizar la supervivencia de la ciudadanía. La falta de libertades económicas y la represión contra el sector privado independiente impiden que la sociedad civil pueda suplir de manera eficiente las carencias del Estado.
Antecedentes de una tragedia anunciada
Desde hace varios años, el sistema de salud cubano ha venido deteriorándose de manera progresiva. Lo que una vez fue presentado internacionalmente como uno de los logros fundamentales de la revolución, hoy se ha convertido en una estructura en ruinas. Los apagones prolongados, la falta de agua potable y el deterioro de la infraestructura hospitalaria han convertido a los centros médicos en lugares inhóspitos. En los últimos años, las denuncias de pacientes obligados a traer desde sus casas hasta las sábanas y los alimentos para poder ser atendidos, han dejado de ser excepciones para convertirse en la norma.
El Departamento de Medicamentos de la Dirección Provincial de Salud de Sancti Spíritus sostiene una retórica optimista, afirmando que la situación «pudiera mejorar gradualmente». Sin embargo, las promesas del régimen de La Habana han perdido toda credibilidad frente a una población que ve cómo sus derechos fundamentales son vulnerados a diario. El propio reportaje oficialista admite que, en la práctica, «la realidad muchas veces supera las buenas intenciones», una frase que resume el abismo entre la propaganda gubernamental y el sufrimiento real de la población.
Implicaciones a futuro y respuesta ciudadana
Ante la inacción del Estado, la única alternativa de supervivencia para muchas familias sigue siendo depender de las remesas enviadas por allegados en el exterior o adquirir productos a precios abusivos en el mercado informal. La diáspora cubana se ha convertido, de facto, en el principal sostén del sistema de salud nacional, enviando constantemente medicamentos y suministros médicos que el gobierno cubano no puede proveer.
El futuro inmediato se presenta sombrío para los pacientes oncológicos y crónicos en Cuba. Mientras el régimen mantenga intactas sus políticas de control centralizado y no implemente reformas estructurales reales que incluyan libertades democráticas, el colapso sanitario continuará cobrando vidas en silencio. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben prestar atención a esta crisis, exigiendo transparencia en la gestión de recursos y el cese de las políticas que vulneran el derecho a la salud. La prevención y el autocuidado, sugeridos como única defensa efectiva por el propio medio oficialista, son un triste síntoma de cómo el Estado ha abandonado su responsabilidad más básica con su pueblo.
