La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba confirmó que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) enfrentará este sábado una afectación generalizada que marcará un récord histórico en la crisis energética de la isla. Con un déficit proyectado de 1.907 megavatios (MW), más de la mitad del país permanecerá sin servicio eléctrico, profundizando el colapso de la infraestructura básica y evidenciando la incapacidad crónica del gobierno cubano para garantizar un servicio esencial para la supervivencia de la población.
El parte técnico emitido por la empresa estatal detalla que la disponibilidad estimada para la jornada es de apenas 1.693 MW, frente a una demanda máxima que ronda los 3.600 MW. Esta brecha de 1.907 MW representa la mayor afectación registrada en lo que va de la crisis, excluyendo los colapsos totales y simultáneos del sistema que dejan a la nación completa a oscuras. La cifra supera el récord anterior documentado el 23 de abril pasado, cuando el déficit alcanzó los 1.901 MW, lo que demuestra una tendencia de deterioro acelerado y estructural en la matriz energética nacional, incapaz de sostener el consumo mínimo de una población de más de 11 millones de habitantes.
En el plano estrictamente técnico, el régimen de La Habana enfrenta la parálisis de una infraestructura obsoleta y carente de mantenimiento adecuado desde hace décadas. Actualmente, siete unidades de generación termoeléctrica se encuentran fuera de servicio debido a averías o reparaciones programadas. Entre las roturas más críticas figuran la unidad 6 de la CTE Nuevitas, las unidades 5 y 6 de la CTE Mariel y la unidad 2 de la CTE Felton. A estas se suman las paradas por mantenimiento en la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos y la unidad 5 de la CTE Renté, dejando al sistema sin capacidad de respaldo ante picos de demanda. La mayoría de estas plantas operan muy por encima de su vida útil técnica, utilizando tecnologías de la era soviética que requieren piezas de reposición cada vez más difíciles de adquirir en los mercados internacionales debido a la falta de liquidez.
El desabastecimiento de combustible agrava aún más el panorama técnico y pone de manifiesto la dependencia externa del aparato productivo nacional. Las autoridades de la isla reportaron que 73 centrales de generación distribuida están inoperativas por falta de combustible, lo que supone una pérdida de 618 MW. A este déficit se añaden 35 MW correspondientes a la Patrana de Regla y otros 26 MW debido a la falta de aceite en motores de generación distribuida, totalizando 679 MW fuera del sistema por la imposibilidad del Estado de importar, adquirir y distribuir los recursos energéticos necesarios para mantener operativa la red de apoyo.
El informe de la UNE proyecta un escenario sombrío: «De mantenerse estas condiciones, la afectación sería de 1.977 MW». Esta proyección técnica se traduce en una realidad angustiante para la ciudadanía, especialmente en las provincias del interior del país, donde los cortes de luz pueden superar las 20 horas diarias. Esta situación obliga a las familias a modificar drásticamente sus rutinas, recurriendo a la cocción con leña en zonas urbanas y rurales, e improvisando precarios sistemas para conservar alimentos ante la inexistencia de refrigeración. El calor extremo del verano cubano agrava las condiciones de habitabilidad en las viviendas, transformando la falta de energía en un problema de salud pública inmediato.
Las consecuencias humanitarias de este colapso energético son severas y profundizan la vulnerabilidad de los sectores más frágiles de la sociedad cubana. Personas mayores, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas que dependen de equipos médicos sufren directamente las consecuencias de la falta de electricidad, lo que en numerosas ocasiones ha resultado en pérdidas de vidas evitables. Además, la interrupción constante del servicio eléctrico agrava la inseguridad alimentaria al imposibilitar la conservación de los escasos alimentos disponibles, limita el bombeo de agua potable a los edificios altos y afecta el funcionamiento de servicios sanitarios básicos, creando un escenario propicio para el surgimiento de enfermedades transmitidas por agua y vectores.
El colapso estructural de la economía cubana
La crisis energética que atraviesa Cuba no es un fenómeno coyuntural, sino la manifestación más visible del fracaso del modelo económico centralizado y planificado. Si bien los apagones masivos escalaron en intensidad a partir de 2021 tras el colapso de varias unidades generadoras, las raíces del problema residen en la falta crónica de divisas, la ineficiencia histórica en la gestión estatal y una dependencia absoluta de combustible importado, históricamente subsidiado por aliados geopolíticos. El ejecutivo cubano ha sido incapaz de diversificar su matriz energética hacia fuentes renovables a gran escala o de invertir en la modernización de las termoeléctricas, llevando al sistema al borde del colapso definitivo.
En lo que va del año, la isla ha sufrido al menos cuatro apagones nacionales que han dejado al país completamente a oscuras durante varias horas, paralizando incluso las comunicaciones y los sistemas de emergencia. Estos eventos no solo detienen la ya deprimida actividad económica, sino que también sirven como catalizadores del éxodo migratorio masivo que ha vaciado a la isla de su fuerza laboral y juvenil. La imposibilidad de sostener negocios privados, la inestabilidad en los servicios de salud y la desesperanza ante la falta de soluciones gubernamentales empujan a miles de cubanos a arriesgar sus vidas en rutas migratorias irregulares hacia Estados Unidos y América Latina.
Represión y censura ante el descontento social
El manejo de esta crisis por parte de la dictadura cubana ha estado marcado por la opacidad, la manipulación informativa y la represión. Ante el colapso de los servicios públicos, el régimen ha optado por intensificar la censura sobre las protestas espontáneas que surgen en los barrios, aplicando un despliegue policial y amenazas penales para amedrentar a la población. La desinformación oficial es una constante: las narrativas gubernamentales intentan atribuir el desastre a factores externos, como el embargo estadounidense o la coyuntura geopolítica internacional, ocultando la responsabilidad directa de la mala gestión, la falta de inversión y la corrupción institucionalizada en el sector energético.
El acceso libre a datos técnicos y la verificación independiente de la información se ven obstaculizados por el control absoluto que ejerce el gobierno sobre los medios de comunicación y las instituciones. La ciudadanía se ve obligada a depender de informes fragmentarios del parte oficial o de plataformas digitales independientes para conocer la gravedad real de la situación energética. Esta política de opacidad impide cualquier debate público sobre soluciones alternativas, reprime la exigencia de derechos civiles y consolida el control de la dictadura sobre una población sumida en la oscuridad física e informativa.
El récord histórico de déficit energético anunciado para esta jornada augura un verano especialmente crítico para la población cubana, con implicaciones que trascienden el ámbito técnico. La incapacidad del régimen de La Habana para revertir el colapso del Sistema Eléctrico Nacional no solo profundiza la depresión económica de la isla, sino que plantea un desafío ineludible para la comunidad internacional. La privación sistemática de servicios básicos esenciales, sumada a la represión política y la censura, configura un escenario de violación sistemática de derechos humanos que requiere una observación más atenta y una condena firme por parte de los actores democráticos globales. Mientras la infraestructura se desmorona, el costo humano de la ineficiencia estatal sigue siendo pagado por los cubanos más vulnerables.
