Ante el agravamiento sin precedentes de la crisis energética que mantiene a la isla sumida en apagones prolongados, el gobierno cubano publicó la Resolución 169, que elimina los aranceles para la importación de equipos de energía renovable. La medida, divulgada en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 60, busca inyectar oxígeno a un sistema eléctrico nacional colapsado, trasladando la responsabilidad de la generación energética a los ciudadanos y empresas privadas mediante la importación libre de impuestos de paneles solares y aerogeneradores.
La normativa fue diseñada de manera conjunta por el Ministerio de Finanzas y Precios, el Ministerio de Energía y Minas y la Aduana General de la República. Según explicó la viceministra de Finanzas y Precios, Yenisley Ortíz Mantecón, una de las principales innovaciones de esta resolución es la extensión de beneficios aduaneros a personas jurídicas, un privilegio que hasta ahora solo aplicaba a particulares. El ejecutivo cubano argumenta que esta apertura permitirá un mayor desarrollo de proyectos empresariales en el sector energético, en un intento por diversificar las fuentes de generación fuera del ineficiente control estatal.
Entre las disposiciones más destacadas de la Resolución 169 se mantiene la exención total del Impuesto Aduanero para sistemas fotovoltaicos, incluyendo sus componentes fundamentales, así como para calentadores solares y pequeños aerogeneradores. Asimismo, la norma elimina el requisito de solicitud previa al Ministerio de Energía y Minas para más de 200 partidas arancelarias específicas. Además, establece la posibilidad de declarar estos equipos por separado en la aduana para excluirlos del cálculo del valor total de importación, facilitando los trámites burocráticos que históricamente han ahogado el comercio exterior en Cuba.
La viceministra Ortíz Mantecón destacó la incorporación de nuevas tecnologías en los listados arancelarios, adaptando la legislación a las demandas actuales. Entre los nuevos equipos exentos figuran los cargadores para vehículos eléctricos que funcionen con fuentes renovables y la maquinaria destinada al procesamiento de biomasa energética. Estos cambios reflejan un reconocimiento tácito por parte de las autoridades de la isla sobre la necesidad de modernizar la matriz energética, aunque la capacidad real de la población para acceder a estas costosas tecnologías sigue siendo un interrogante frente a los salarios deprimidos de la economía nacional.
En el ámbito de los proyectos de inversión en generación renovable, la resolución mantiene la exención del Impuesto sobre Utilidades durante el período de recuperación de la inversión, el cual puede extenderse hasta ocho años. Para aliviar la carga burocrática, se elimina la obligación de ratificación anual ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). «Ahora será suficiente presentar una sola vez el dictamen técnico de la ONURE y el estudio de factibilidad», señaló la funcionaria, en un esfuerzo del régimen de La Habana por atraer capital hacia un sector que el Estado ha sido incapaz de sostener.
La nueva disposición modifica la anterior Resolución 238 de 2023 relativa a las tarifas eléctricas y deroga expresamente las Resoluciones 319 y 322 de 2021. La vigencia de esta nueva norma está fijada hasta el 31 de diciembre de 2027, aunque el gobierno cubano ha dejado abierta la posibilidad de extenderla en caso de que continúe la crisis energética en la Isla, un escenario altamente probable dado el nivel de deterioro de la infraestructura nacional. De hecho, la medida tiene carácter retroactivo desde el 1 de mayo de 2025, de modo que las importaciones que arribaron a Cuba desde esa fecha no tendrán que pagar impuestos al momento de su despacho, si aún permanecen retenidas en la Aduana.
El traslado de la crisis energética al ciudadano
La aprobación de esta resolución no ocurre en un vacío, sino en medio del mes de junio más oscuro para los cubanos en términos de generación eléctrica. El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ha tocado fondo en las últimas semanas, con déficits de generación que han superado las 1.500 megawatts, provocando cortes de luz que superan las 12 y 15 horas diarias en varias provincias. Las termoeléctricas obsoletas, la falta de combustible y la ausencia de un mantenimiento adecuado han demostrado el fracaso del modelo centralizado de gestión estatal, obligando al régimen a buscar salidas de emergencia que diluyan el descontento social.
En este escenario, la exención de aranceles para energías renovables es, en la práctica, una privatización forzosa de la solución a un problema público. Ante la incapacidad del Estado para garantizar un servicio básico, la dictadura cubana traslada la responsabilidad de la generación eléctrica a los ciudadanos, quienes deben financiar a través de remesas del exterior la compra de paneles solares y baterías. Para la inmensa mayoría de la población que no recibe ayuda familiar desde el extranjero, esta medida resulta inalcanzable, profundizando las desigualdades socioeconómicas en un país ya fracturado por la inflación y la devaluación del salario real.
El colapso energético es solo una arista de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La ineficiencia productiva, la dependencia de importaciones de alimentos y la escasez crónica de combustible forman un ciclo vicioso que asfixia la economía. A esto se suma un éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado al país de su fuerza laboral más productiva. Mientras las autoridades anuncian facilidades aduaneras para tecnología verde, la realidad en las calles es de desabastecimiento, deterioro de los servicios de salud y una represión sistemática contra cualquier voz que cuestione la gestión gubernamental.
Antecedentes de promesas incumplidas
El giro hacia las energías renovables no es un tema nuevo en la retórica oficial. En años anteriores, el gobierno cubano había prometido que para 2030 el 24% de la energía generada en la isla provendría de fuentes limpias. Sin embargo, los grandes parques eólicos y solares prometidos con financiamiento extranjero nunca se materializaron a gran escala, víctimas de la falta de liquidez, la burocracia asfixiante y la desconfianza de los inversores internacionales frente a la inseguridad jurídica del país. Las Resoluciones 319 y 322 de 2021, ahora derogadas, intentaron regular estas importaciones, pero sus restricciones y trabas aduaneras limitaron severamente su impacto.
Históricamente, la importación de tecnología en Cuba ha estado sujeta a aranceles prohibitivos y a un control estatal absoluto, lo que fomentó un robusto mercado negro y la corrupción en las aduanas. La decisión de abrir la importación de equipos energéticos sin impuestos y sin solicitud previa al Ministerio es un reconocimiento del fracaso de este modelo autárquico. Es una medida tardía que llega cuando la población ya ha invertido sus ahorros en generadores de combustible fósil, los cuales agravan aún más la contaminación y la demanda de combustible en un mercado negro desbordado.
Implicaciones y perspectivas a futuro
La Resolución 169 representa un parche legal ante una hemorragia sistémica. Aunque la medida puede aliviar la situación de algunos sectores privados y de familias con acceso a divisas, no resuelve la incapacidad estructural del Estado para gestionar y mantener la infraestructura energética nacional. La supervivencia diaria de millones de cubanos seguirá condicionada por la inestabilidad eléctrica, con el consecuente deterioro de la calidad de vida y el impacto en la conservación de alimentos y la prestación de servicios médicos.
De cara al futuro, el éxito de esta norma dependerá de la capacidad adquisitiva de la población y de la agilidad real de la Aduana, históricamente señalada por decomisos arbitrarios y trabas burocráticas. Mientras la dictadura cubana no aborde las causas raíz de la crisis —la falta de libertades económicas, el control totalitario sobre la producción y la ausencia de un estado de derecho que garantice la inversión—, medidas como la importación de paneles solares solo maquillan temporalmente un sistema que se desmorona a un ritmo acelerado. La comunidad internacional y los observadores económicos mantendrán la mirada puesta en si estas aperturas aisladas se traducen en un cambio sustancial o si, por el contrario, serán engullidas por la ineficiencia crónica del régimen.
