El gobierno de República Dominicana solicitó el retiro formal de nueve miembros de la misión diplomática cubana en el país tras determinar que varios de ellos realizaban actividades de inteligencia incompatibles con sus funciones acreditadas. La medida, que concede un plazo de siete días para la salida de los funcionarios y sus familiares, ha generado un fuerte cruce de declaraciones entre Santo Domingo y el régimen de La Habana, que ha rechazado la decisión y la ha atribuido a supuestas presiones de Estados Unidos.
De acuerdo con informaciones publicadas por el diario dominicano El Día, basadas en fuentes de alto nivel con conocimiento directo del caso, las autoridades locales determinaron que algunos de los acreditados aprovechaban su estatus diplomático para ejecutar labores vinculadas a los servicios de inteligencia y seguridad del Estado cubano. El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (MIREX) amparó su decisión en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, aunque ha optado por mantener reserva sobre los detalles específicos para, según indicó, \»preservar las relaciones entre ambos países\».
Aunque la Cancillería dominicana mantiene discreción oficial sobre los motivos puntuales, las fuentes consultadas precisaron que los funcionarios no fueron declarados formalmente personas non gratas, sino que se optó por un retiro a través de los canales diplomáticos tradicionales. El artículo 9 de la Convención de Viena faculta al Estado receptor para solicitar la salida de un diplomático en cualquier momento y sin obligación de exponer los motivos, una prerrogativa que Santo Domingo ha ejercido en este caso para neutralizar lo que considera una red de espionaje operando bajo cobertura oficial.
La respuesta del régimen de La Habana
La reacción de las autoridades de la isla no se hizo esperar. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), el gobierno cubano rechazó \»en los términos más enérgicos\» la decisión dominicana y aseguró que sus diplomáticos siempre han actuado \»en estricto apego\» a las leyes locales y a los convenios internacionales. En un tono habitual de confrontación, el ejecutivo cubano atribuyó la expulsión a un supuesto sometimiento de Santo Domingo a las presiones de Washington, argumentando un intento estadounidense de aislar a Cuba y dañar sus vínculos diplomáticos en la región.
Un dato que generó especulaciones públicas fue la coincidencia cronológica de esta medida con la permanencia irregular en territorio dominicano de cuatro atletas cubanos tras la conclusión de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Sin embargo, las fuentes que revelaron el motivo de inteligencia descartaron de plano cualquier vinculación, asegurando que se trata de una \»simple coincidencia cronológica\» y que la decisión sobre los diplomáticos obedece a un proceso de vigilancia e investigación distinto. A la polémica se suma una discrepancia en las cifras: Santo Domingo habla de nueve afectados, mientras que La Habana asegura que la medida impacta a diez funcionarios, una diferencia que ninguna de las dos cancillerías ha explicado.
El perfil del embajador: ¿Diplomático o cuadro del Partido?
Al frente de la embajada cubana en Santo Domingo se encuentra Ángel Arzuaga Reyes, un veterano cuadro del aparato de control del Partido Comunista de Cuba (PCC) cuya trayectoria dista mucho de la de un diplomático de carrera convencional. Designado embajador extraordinario y plenipotenciario en septiembre de 2023, Arzuaga tiene un largo historial en la estructura política de la isla. Fue presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), integrante del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech —con misión en Angola— y, posteriormente, ocupó cargos clave como vicejefe del Departamento Ideológico y del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC.
El perfil de Arzuaga ilustra una práctica recurrente del régimen de La Habana: la utilización de las misiones diplomáticas no solo para la representación oficial, sino como plataformas para la proyección de su aparato de inteligencia y la exportación de su agenda ideológica. Durante décadas, la dictadura cubana ha infiltrado a oficiales de la inteligencia castrense bajo cobertura diplomática en distintos países, utilizando el amparo de la Convención de Viena para espiar, cooptar aliados y monitorear a la comunidad de exiliados, actividades que trascienden ampliamente el mandato de la diplomacia tradicional y que comprometen la seguridad de las naciones receptoras.
Contexto: La diplomacia al servicio del control y la crisis estructural
Este incidente diplomático se produce en medio de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. Mientras el régimen de La Habana destina recursos y personal a labores de espionaje en el exterior, el panorama interno se caracteriza por un colapso acelerado de los servicios públicos, una inflación galopante que devora los salarios y un desabastecimiento crónico que ha sumido a la población en la pobreza extrema. La incapacidad del gobierno cubano para garantizar lo básico para su ciudadanía contrasta de forma alarmante con el mantenimiento de un aparato represivo y de inteligencia costoso, diseñado únicamente para perpetuar su poder.
La represión interna y el control de la información son pilares que la dictadura cubana proyecta a través de sus redes exteriores. En un contexto donde cientos de miles de cubanos han emigrado en los últimos años huyendo de la falta de libertades, el colapso energético y el hambre, las misiones en el exterior también funcionan como centros de vigilancia sobre la diáspora. El caso de los diplomáticos en República Dominicana evidencia cómo el régimen prioriza la inteligencia y el control político sobre la cooperación genuina, incluso con naciones que históricamente han mantenido posturas de diálogo y acercamiento con La Habana.
La expulsión de diplomáticos cubanos por actividades de espionaje no es un hecho aislado en la historia reciente de la isla. Diversos países de Europa y América Latina han tomado medidas similares en el pasado al descubrir que funcionarios acreditados operaban en realidad para la Dirección de Inteligencia (DI) del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba. Estos antecedentes reiteran un patrón sistemático donde la frontera entre la diplomacia oficial y las operaciones encubiertas del Estado se difumina deliberadamente, erosionando la confianza bilateral y exponiendo la verdadera naturaleza de las relaciones internacionales del gobierno cubano.
Implicaciones y futuro de las relaciones bilaterales
El manejo discreto por parte de MIREX contrasta con la beligerancia retórica del MINREX, que asegura que la medida \»lesiona sensiblemente\» los vínculos bilaterales. Mientras Santo Domingo busca canalizar la crisis por las vías institucionales para minimizar el daño, la embajada cubana continuará operando con el resto de su personal acreditado, aunque la credibilidad de su misión ha quedado severamente cuestionada. El embajador Arzuaga, en medio de la tormenta, se ha limitado a reiterar discursos sobre la defensa de los principios revolucionarios en actos públicos, evitando abordar directamente las graves acusaciones de inteligencia que pesan sobre su equipo.
Las consecuencias de este episodio trascienden el ámbito estrictamente bilateral. Para la ciudadanía cubana, que sufre a diario las consecuencias del aislamiento y la mala gestión del poder, estos hechos representan un desgaste adicional de la ya fracturada imagen internacional del país. La comunidad internacional observa con cautela cómo el régimen de La Habana continúa apelando a sus tácticas de la Guerra Fría en pleno siglo XXI, mientras la región avanza hacia la integración y el respeto a las normas democráticas. El futuro de las relaciones entre Cuba y República Dominicana dependerá ahora de la capacidad de la dictadura para desescalar su retórica y respetar los marcos legales que rigen la convivencia civilizada entre los Estados, algo que, a juzgar por su respuesta inicial, parece poco probable.
