La encargada de negocios de Cuba en Washington, Lianys Torres Rivera, aseguró en declaraciones recientes que el gobierno de la isla se prepara para enfrentar una eventual acción militar por parte de Estados Unidos, al tiempo que negó la existencia de negociaciones formales entre ambos gobiernos. La afirmación, que insinúa una supuesta amenaza externa, llega en un contexto de profunda crisis económica y social en la isla, donde el descontento popular y el colapso de los servicios básicos configuran el verdadero escenario de inestabilidad.
Las declaraciones de Torres Rivera, máxima representante diplomática de La Habana en territorio estadounidense tras la ruptura de relaciones consulares y el cese de funciones ambassadoriales, forman parte de una retórica recurrente del régimen cubano: la instrumentalización del discurso antiimperialista para desviar la atención sobre los problemas internos. Según la diplomática, «no somos ingenuos» ante las señales que, desde su perspectiva, podrían apuntar a un eventual despliegue militar o intervención coercitiva por parte de Washington.
Sin embargo, analistas y observadores de la realidad cubana coinciden en que este tipo de afirmaciones responde más a una estrategia de supervivencia política que a una valoración objetiva del panorama geopolítico. El gobierno cubano ha recurrido históricamente a la narrativa del «enemigo externo» como mecanismo para justificar el estado de alerta permanente, la militarización de la sociedad civil y, sobre todo, la represión sistemática contra cualquier forma de disidencia interna.
Una diplomatura reducida a su mínima expresión
La propia presencia de una encargada de negocios en lugar de una embajadora con rango pleno es síntoma del deterioro de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Tras años de tensiones acumuladas, expulsiones recíprocas de personal diplomático y la paralización efectiva de los servicios consulares en La Habana, el canal de comunicación entre ambas capitales se ha reducido a su mínima expresión funcional. Torres Rivera negó de plano que existan negociaciones formales en curso, lo que confirma el estancamiento del diálogo bilateral.
La ausencia de una mesa de negociación estructurada contrasta con la urgencia de los problemas que afectan a la población cubana: escasez crónica de alimentos, colapso del sistema eléctrico, crisis migratoria sin precedentes, deterioro del sistema de salud y una inflación galopante que ha empobrecido aún más a los ciudadanos. Ninguno de estos temas parece ocupar un lugar central en la agenda pública del régimen, que prefiere insistir en escenarios hipotéticos de confrontación militar antes que reconocer el fracaso de su modelo económico y político.
El fantasma de la intervención como herramienta de control social
Desde los inicios de la Revolución Cubana, la amenaza de una intervención estadounidense ha sido un pilar discursivo del poder en la isla. La dictadura cubana ha cultivado durante décadas una narrativa según la cual el país vive bajo asedio permanente, lo que justifica medidas excepcionales como el estado de movilización, la organización militar de la sociedad a través de las Milicias de Tropas Territoriales y la restricción de libertades civiles bajo el argumento de la defensa nacional.
En la práctica, este aparato de «defensa» ha funcionado con mayor eficacia como instrumento de control interno que como dispositivo de seguridad frente a amenazas externas reales. Los tribunales militares, los actos de repudio, la vigilancia comunitaria a través de los Comités de Defensa de la Revolución y la persecución a opositores, periodistas independientes y activistas de derechos humanos se han legitimado bajo el paraguas de la «preparación para la guerra».
Las declaraciones de Torres Rivera se inscriben, por tanto, en una tradición bien establecida: anunciar la inminencia de un peligro exterior para reforzar la cohesión interna, silenciar las voces críticas y postergar cualquier apertura política o económica que pueda comprometer el monopolio del poder ejercido por el Partido Comunista de Cuba.
El contexto real: crisis sistémica y descontento creciente
Mientras el régimen de La Habana habla de preparativos militares, la población cubana enfrenta una realidad material cada vez más precaria. Los apagones prolongados, que en algunas provincias superan las diez horas diarias, han generado protestas espontáneas en barrios y localidades de todo el país. La respuesta de las autoridades ha sido, una vez más, la represión: detenciones arbitrarias, amenazas a manifestantes y despliegue de fuerzas especiales del Ministerio del Interior para sofocar cualquier expresión de descontento.
La crisis migratoria constituye otro indicador elocuente del colapso sistémico. Cientos de miles de cubanos han abandonado la isla en los últimos años a través de distintas rutas: el estrecho de la Florida, la frontera sur de Estados Unidos vía México, los vuelos hacia Nicaragua y, más recientemente, la peligrosa travesía por el mar hacia las costas de Florida en embarcaciones improvisadas. Este éxodo masivo, que ha desnudado la incapacidad del gobierno para ofrecer un horizonte de prosperidad, representa una hemorragia demográfica sin precedentes en la historia reciente de la isla.
La comunidad internacional y la falta de presiones efectivas
El anuncio del régimen sobre supuestos preparativos ante una acción militar estadounidense no ha generado una respuesta coordinada por parte de la comunidad internacional. Organismos como la Unión Europea, que mantienen un diálogo político con La Habana mediante el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, han priorizado la contención migratoria y la estabilidad regional sobre la exigencia de reformas democráticas concretas.
Por su parte, los gobiernos de la región, incluidos aquellos que mantienen relaciones cordiales con el régimen cubano, han eludido pronunciarse sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Esta falta de presión externa ha permitido a la dictadura cubana operar con un amplio margen de impunidad, profundizando las políticas represivas y postergando cualquier concesión en materia de libertades públicas.
Consecuencias y proyección política
El endurecimiento del discurso oficial, simbolizado en las declaraciones de Torres Rivera, sugiere que el gobierno cubano no tiene intención de abrir espacios de diálogo interno ni de implementar reformas estructurales que alivien la crisis. Por el contrario, la estrategia parece apuntar a la intensificación del control social, la criminalización de la protesta y la persistente externalización de las responsabilidades sobre el deterioro de las condiciones de vida.
En este escenario, el principal riesgo no proviene de una hipotética acción militar extranjera, sino de la profundización de un colapso interno que ya ha alcanzado dimensiones sistémicas. La incapacidad del régimen para garantizar servicios básicos, el envejecimiento acelerado de la población, la destrucción del tejido productivo y la pérdida de capital humano configuran una crisis cuya resolución requeriría transformaciones políticas que el gobierno de la isla se niega a emprender.
Lo que las declaraciones de La Habana revelan, en última instancia, no es la proximidad de un conflicto bélico, sino el aislamiento creciente de un poder que prefiere refugiarse en la retórica de la confrontación antes que asumir la responsabilidad por décadas de fracaso. Mientras tanto, la sociedad cubana continúa pagando el costo de una política que ha antepuesto la permanencia en el poder al bienestar de su pueblo.
