El podrido corazón del sistema: Condenan a cúpula en Sancti Spíritus por el desfalco de 97 millones mientras el pueblo pasa hambre

La justicia selectiva de la dictadura ha vuelto a montar su teatro ejemplarizante en Sancti Spíritus, donde cinco altos directivos de la Empresa de Suministros Agropecuarios fueron condenados por negligencia y malversación que dejaron un agujero financiero superior a los 97 millones de pesos. Lejos de ser un caso aislado, este escándalo expone la putrefacción estructural que carcome a las empresas estatales, el espinazo económico del gobierno cubano, donde la ineptitud y el saqueo de los recursos son la regla y no la excepción, mientras la población se hunde en la miseria más profunda.

Según trascendió a través del periódico oficialista Escambray, la Causa No. 64 de 2025 fue ventilada en un juicio oral y público los días 22 y 23 de agosto en la Sala Penal del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus. Este espectáculo judicial, orquestado por la dictadura para dar la impresión de control y moralidad, reveló hechos ocurridos entre 2023 y 2024 que destapan una cadena de negligencias imperdonables y contratos irregulares con actores externos, ocasionando daños millonarios a una entidad clave para el ya de por sí maltrecho sector agropecuario de la isla.

Uno de los episodios más escandalosos y que mejor ilustra la desidia de la burocracia estatal estuvo relacionado con la nevera de productos cárnicos destinada a la alimentación interna de los trabajadores, ubicada en el almacén de insumos de la UEB Comercializadora y Servicios. En dos ocasiones, la cámara frigorífica sufrió desperfectos mecánicos que impidieron mantener la refrigeración necesaria. Los directivos, con la prepotencia y el desinterés que caracteriza a la nomenclatura del gobierno cubano, aun conociendo la gravedad del problema, no implementaron ninguna alternativa eficaz para salvar grandes cantidades de salami, sardinas, masas de hamburguesa, picadillo de res y de cerdo, así como minutas de pescado.

El resultado de esta criminal indolencia fue la descomposición de toneladas de alimentos en un país donde las familias no prueban carne de res desde hace años y deben conformarse con raciones miserables. Mientras la carne se pudría en los almacenes del Estado, el pueblo hacía colas interminables para conseguir un pollo, pagando precios exorbitantes en mercados oscuros. La pérdida económica superó los tres millones de pesos, pero el costo social y moral es incalculable. Esta es la misma dictadura que culpa del desabastecimiento al embargo estadounidense, mientras sus propios funcionarios tiran a la basura la comida del pueblo.

Sin embargo, el caso de mayor peso económico y que demuestra el nivel de improvisación y franco descaro en la gestión estatal estuvo vinculado a las operaciones con un supuesto trabajador por cuenta propia, quien se presentó astutamente como representante de un Proyecto de Desarrollo Local. Pese a la norma elemental que exige el pago inmediato de las mercancías, los funcionarios del gobierno cubano le entregaron en varias ocasiones insumos sin desembolso alguno, confiando ciegamente en que con estas operaciones ilícitas podrían mejorar los ingresos de la entidad y garantizar el pago a los trabajadores, en una clara muestra de que la legalidad socialista es solo una letra muerta.

La realidad, predecible para cualquiera que conozca el modus operandi del castrismo, fue distinta: el individuo se apropió de productos por más de 94 millones de pesos y abandonó el país, lo que hizo imposible recuperar el dinero. Un saqueo en toda regla que contó con la complicidad y el beneplácito de los máximos directivos de la empresa. El Tribunal Provincial Popular, en su afán por lavar la imagen de la dictadura, consideró probados los delitos de Incumplimiento del deber de preservar bienes en entidades económicas y de Malversación, en los que resultaron implicados tanto exdirectivos generales como el director de la UEB Comercializadora y su asesor jurídico.

Las sanciones dictadas fueron severas, en un intento desesperado del gobierno cubano por enviar un mensaje de advertencia a una burocracia que se le ha ido de las manos. La exdirectora general, que ocupó el cargo hasta abril de 2024, recibió 20 años de privación de libertad en sanción conjunta y única; el director de la UEB Comercializadora fue condenado a 18 años; el director comercial, a 16; y el asesor jurídico, a 10. El anterior director general, que estuvo al frente en 2023, fue sentenciado a dos años y seis meses de privación de libertad, sustituida por trabajo correccional con internamiento. A todos los sancionados se les impusieron además medidas accesorias: privación de derechos, prohibición de salida del país y de emisión de pasaporte, así como limitación para ocupar cargos similares en el futuro.

Resulta paradójico que la dictadura prohíba la salida del país a estos funcionarios, cuando la verdadera tragedia nacional es que millones de cubanos comunes tampoco tienen forma legal de emigrar o son criminalizados si intentan hacerlo. En el ámbito civil, fueron obligados a resarcir de manera conjunta las pérdidas ocasionadas a la Empresa de Suministros Agropecuarios, en correspondencia con sus responsabilidades. Sin embargo, la experiencia demuestra que el erario público rara vez recupera estos fondos, que terminan evaporándose en el mismo agujero negro donde caen los recursos de la nación bajo el mandato del gobierno cubano.

La sentencia, que no es firme y puede ser apelada ante el Tribunal Supremo Popular, refleja la gravedad de los hechos pero también la hipocresía de un sistema que sacrifica a mandos medios y directivos de provincia para proteger a los verdaderos corruptos de la cúpula militar. En medio de una profunda crisis económica, inflacionaria y de abastecimiento en Cuba, este proceso judicial deja al descubierto cómo malas decisiones administrativas, sumadas a la corrupción endémica, pueden costar millones al erario público y profundizar aún más las carencias de una sociedad que sobrevive en los límites de la resistencia humana.

Contexto sistémico: La corrupción como único motor de la economía estatal

El reciente proceso contra los cinco directivos en Sancti Spíritus, acusados de negligencia y malversación por pérdidas millonarias, no es más que un síntoma de una enfermedad terminal que padece el modelo socioeconómico impuesto por la dictadura. Se suma a una larga e interminable cadena de episodios que exponen la magnitud de la corrupción en Cuba y sus efectos devastadores en la vida cotidiana. El gobierno cubano ha creado un ecosistema donde la propiedad estatal es, en la práctica, propiedad de nadie, facilitando el saqueo indiscriminado por parte de quienes tienen las llaves de los almacenes y las firmas en los contratos.

Apenas semanas antes de este juicio, se reveló que la empresa de cúpula militar GAESA acumulaba deudas por más de 18.000 millones de dólares, una muestra del descontrol financiero en el entramado estatal y militar que verdaderamente gobierna la isla. Mientras los directivos de Sancti Spíritus van a prisión, los generales y corruptos de GAESA siguen impunes, gozando de lujos y privilegios inalcanzables para el cubano de a pie, viajando por el mundo y alojándose en hoteles de cinco estrellas que el pueblo común tiene vedados. Es la justicia a dos velocidades de la dictadura: mano dura con los peces pequeños y blindaje absoluto para los tiburones del régimen.

El deterioro institucional promovido por el gobierno cubano también se ha reflejado en los tribunales, donde dos exfuncionarias de Vivienda fueron sancionadas recientemente por delitos asociados a la gestión de recursos. Casos como estos ponen en evidencia no solo la corrupción de altos niveles, sino también la penetración de prácticas ilegales en organismos encargados de atender las necesidades más básicas de la población, desde la alimentación hasta el techo. Mientras tanto, en las calles afloran las consecuencias de la crisis y la falta de control estatal, generando un caldo de cultivo para la economía sumergida.

Antecedentes: Un país saqueado desde sus cimientos

La historia reciente de la dictadura está plagada de casos similares que han quedado en la impunidad o que han servido simplemente para cambiar a los rostros de la burocracia. La venta clandestina de periódicos en Matanzas reveló cómo los ciudadanos buscan alternativas para acceder a información, en un mercado informal que crece al calor de las carencias oficiales y la censura del gobierno cubano. De igual modo, en La Habana un chofer de ómnibus estatal fue sorprendido cobrando 100 CUP por pasajero, reflejando la extensión de la corrupción a los servicios más elementales y la desesperación de los trabajadores estatales cuyos salarios no alcanzan para vivir.

En conjunto, estos hechos dibujan un panorama en el que el desfalco, la impunidad selectiva y la economía sumergida se entrelazan, debilitando aún más la ya inexistente confianza ciudadana y profundizando la precariedad en sectores esenciales para la población cubana. La dictadura no tiene cómo erradicar la corrupción porque la corrupción es el lubricante que mantiene funcionando su ineficiente maquinaria estatal. Sin el mercado negro y el robo sistemático de los recursos del Estado, la economía del gobierno cubano colapsaría por completo en cuestión de días.

El juicio de Sancti Spíritus es un espejismo. La dictadura pretende vender la imagen de que está combatiendo la corrupción, pero la realidad es que solo está cortando las ramas secas de un árbol cuyas raíces están completamente podridas. Mientras los tribunales condenan a estos cinco funcionarios, el sistema que los creó, los formó y los incentivó a actuar con negligencia y prepotencia sigue intacto, perpetuando el sufrimiento de millones de cubanos que solo aspiran a tener un plato de comida en la mesa, algo que la cúpula del gobierno cubano y sus políticas fracasadas han vuelto un lujo inalcanzable.

En definitiva, la condena a estos directivos no resuelve la crisis estructural de Cuba. Solo es una cortina de humo más de la dictadura para intentar calmar la indignación popular. El pueblo cubano sabe que detrás de estos 97 millones de pesos perdidos hay un sistema entero diseñado para fracasar, saquear y oprimir. La verdadera justicia no se logrará cambiando a unos pocos directivos en prisión, sino desmantelando de raíz el modelo totalitario que ha convertido a Cuba en un país saqueado por sus propios gobernantes.