El congresista demócrata Jim McGovern presentó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para levantar el embargo contra Cuba, argumentando que el pueblo de la isla debe decidir su propio futuro. Sin embargo, esta iniciativa ignora la realidad estructural de la nación caribeña, donde la falta de libertades políticas, el monopolio mediático y la represión sistemática hacen imposible cualquier ejercicio democrático real.
La iniciativa legislativa, presentada el pasado 13 de febrero y difundida por el periódico oficial Granma, busca un acercamiento que modifique décadas de política estadounidense hacia la isla. El gobierno cubano ha celebrado históricamente este tipo de propuestas diplomáticas, instrumentalizándolas para aliviar la presión internacional y justificar la profunda crisis económica interna. No obstante, el argumento central del representante McGovern —quien sostiene que «el pueblo cubano, no los políticos de Washington, debe decidir sobre sus propios líderes y su propio futuro»— choca de frente con la naturaleza autoritaria del sistema político imperante en La Habana.
La premisa de que los ciudadanos cubanos tienen la capacidad de elegir libremente a sus gobernantes es una falacia sostenida durante más de seis décadas. En Cuba, el sistema electoral está diseñado minuciosamente para garantizar la continuidad del poder, excluyendo de tajo la pluralidad política. No existen partidos de oposición legalizados, ni campañas electorales en el sentido democrático del término, ni acceso equitativo a los medios de comunicación para disentir. Las candidaturas a la Asamblea Nacional son filtradas por comisiones de candidatura controladas por el Estado, asegurando que ningún crítico del modelo pueda acceder a una posición de poder legislativo.
El régimen de La Habana ha perfeccionado un mecanismo de manipulación que trasciende el acto de depositar la boleta en la urna. Una elección genuina requiere un debate público previo donde las diversas opciones puedan exponer sus propuestas ante el electorado. En la isla, las autoridades monopolizan la radio, la televisión y la prensa escrita para difundir exclusivamente el mensaje oficial. Cualquier intento de la sociedad civil o la prensa independiente por proponer alternativas, como el voto de rechazo o la abstención, es inmediatamente estigmatizado y catalogado como una agresión contra la soberanía nacional.
Antecedentes de una democracia simulada
Esta dinámica de control absoluto no es un fenómeno reciente. A finales del siglo pasado, en 1990, un grupo de intelectuales de talla mundial, encabezados por figuras de la literatura como Octavio Paz, Mario Vargas Llosa y Guillermo Cabrera Infante, firmaron una carta abierta dirigida a Fidel Castro desde París. En ella exigían la convocatoria a elecciones libres, plurales y con observación internacional, así como la posibilidad de que la oposición política pudiera acceder a los medios estatales para exponer sus ideas. La respuesta de las autoridades de la isla fue el silencio absoluto, seguido de un endurecimiento represivo contra cualquier brote de disidencia interna durante la crisis de los años noventa.
Las consultas populares más recientes reiteran este mismo patrón de simulación democrática. Durante el plebiscito de la Constitución de la República en 2019, el ejecutivo cubano desplegó una maquinaria de propaganda sin precedentes para impulsar el voto a favor del nuevo texto, el cual blindaba el modelo socialista y el papel del Partido Comunista como fuerza dirigente. Cuando medios independientes y activistas sugirieron votar «No», figuras del oficialismo, como Mariela Castro Espín, acusaron directamente a estos sectores de intentar «sabotear el plebiscito». La aprobación resultante no fue el reflejo de una deliberación pública, sino el producto de un aparato estatal coercitivo que no admite la disidencia.
El mismo guion se replicó con la consulta del Código de las Familias. Aunque el régimen presentó el ejercicio a la comunidad internacional como una muestra de apertura y progresismo, la saturación mediática a favor de la opción oficialista fue total. La población fue sometida a un bombardeo constante de información unidireccional, sin que los sectores críticos o contrarios a la propuesta tuvieran acceso a espacios masivos de debate. Aprobar leyes en un entorno donde el miedo, el control social y la presión institucional pesan más que la libre convicción, no puede ser considerado un ejercicio democrático válido en ninguna latitud.
Contexto de crisis sistémica y represión social
La imposibilidad de decidir el futuro político está directamente vinculada con el colapso estructural que atraviesa la nación. La hiperinflación, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y los apagones prolongados son consecuencia directa de las políticas fracasadas del gobierno cubano y su incapacidad para gestionar la economía. Al carecer de mecanismos democráticos para exigir rendición de cuentas, la ciudadanía se encuentra secuestrada por una élite que no ofrece soluciones reales y que, en cambio, utiliza el embargo estadounidense como justificación eterna para sus propios fracasos administrativos y de planificación centralizada.
La dictadura cubana ha demostrado, especialmente después del estallido social del 11 de julio de 2021, que la respuesta ante el descontento es la violencia estatal, el terror judicial y el encarcelamiento arbitrario. Cientos de cubanos permanecen en prisión por el simple hecho de salir a las calles a exigir cambios y libertades fundamentales. Es profundamente cínico hablar de la voluntad del pueblo cubano mientras se ignoran a los presos políticos, se criminaliza la protesta pacífica y se obliga a cientos de miles de ciudadanos a emprender un éxodo migratorio masivo hacia Estados Unidos y otras naciones, huyendo de la asfixia política y económica.
El debate sobre el embargo comercial estadounidense es legítimo y posee implicaciones geopolíticas y económicas complejas. Sin embargo, desvincular este debate de la violación sistemática de los derechos humanos en la isla resulta una omisión grave. La comunidad internacional y los legisladores extranjeros deben comprender que cualquier acercamiento diplomático o alivio económico que no exija contrapartidas democráticas reales, terminará fortaleciendo y financiando la maquinaria represiva del régimen de La Habana, sin que los beneficios lleguen a la población civil que sufre la escasez diaria.
El día en que la dictadura permita a la sociedad civil organizarse libremente, levantar plataformas políticas alternativas y acceder a los medios de comunicación en igualdad de condiciones, se podrá comenzar a evaluar la verdadera voluntad popular. Hasta entonces, cualquier afirmación que sugiera que el pueblo cubano decide su destino bajo el sistema actual es una concesión inaceptable a la narrativa del poder. La verdadera solidaridad con Cuba no pasa por ignorar sus cadenas, sino por exigir que estas sean rotas para que la soberanía popular deje de ser una consigna oficialista y se convierta en una realidad jurídica y social.
