Ante la incapacidad del sistema bancario para garantizar el efectivo, el régimen de La Habana anunció que transferirá la responsabilidad de pagar miles de pensiones a negocios privados y actores económicos locales, una medida que evidencia el colapso financiero que afecta de manera desproporcionada a los adultos mayores de la isla.
La presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Juana Lilia Delgado Portal, detalló en una conferencia de prensa transmitida por medios estatales que los establecimientos que acumulan efectivo por sus ventas diarias podrán entregar directamente las jubilaciones a los residentes en sus demarcaciones. La funcionaria justificó la estrategia como un intento de acercar el pago a los hogares y evitar las extensas colas en las sucursales bancarias, a la vez que supuestamente alivia la carga de depósitos para los comercios.
Sin embargo, esta decisión expone la profunda crisis de liquidez que atraviesa el país y la ineficiencia de las instituciones gubernamentales. Recientemente, en la provincia de Granma, las autoridades de la isla reconocieron la imposibilidad de reunir los más de 400 millones de pesos necesarios para cubrir las prestaciones de más de 111.000 jubilados. Esta carencia obligó a priorizar a los sectores considerados más vulnerables y a fraccionar los pagos, dejando en evidencia la bancarrota operativa del sistema de seguridad social cubano.
Un parche ante el colapso estructural
El ejecutivo cubano ha atribuido la escasez de dinero circulante a la supuesta reticencia de los negocios privados para depositar sus ingresos y al rechazo ciudadano hacia los medios de pago electrónicos. No obstante, la realidad indica que la inflación galopante, los apagones sistemáticos y la desconfianza generalizada en el sistema financiero estatal han provocado que la población se aferre al efectivo. Los adultos mayores, sector históricamente desprotegido, son los principales perjudicados, obligados a pasar horas e incluso días esperando para cobrar una pensión que resulta insuficiente frente al abrumador costo de la canasta básica.
La delegación del pago de pensiones al sector privado no solo representa un parche ineficaz a un problema sistémico, sino que también traslada la carga de la ineficiencia estatal a los ciudadanos y comerciantes. Mientras la dictadura cubana evade las reformas estructurales necesarias y mantiene su control asfixiante sobre la economía, los jubilados continúan soportando el peso de un modelo agotado, sin visos de solución a corto plazo y con un riesgo inminente de mayor precariedad social.
