El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró este sábado que el reciente incremento del salario mínimo y las pensiones responde a un programa económico diseñado para proteger a los sectores más desfavorecidos de la isla. Sin embargo, la narrativa oficial choca frontalmente con el análisis de expertos económicos, quienes advierten que una inflación acumulada cercana al 200 % ha devorado cualquier incremento real en el poder adquisitivo de la población, sumida en la peor crisis de las últimas décadas.
Durante una visita al Consejo de Defensa Municipal de La Habana del Este, en el marco del Día Nacional de la Defensa, Díaz-Canel defendió las disposiciones aprobadas recientemente por el ejecutivo cubano. El mandatario argumentó que estas reformas reflejan el carácter social del paquete económico y aseguró que la prioridad de las autoridades ha sido elevar los ingresos de quienes perciben las remuneraciones más bajas en el país.
«Eso demuestra que el programa de transformación es un programa de transformaciones económico, social y que protege a las personas que estén en situación más difícil», afirmó Díaz-Canel en declaraciones difundidas por la televisora estatal Canal Caribe. El gobernante añadió que la iniciativa comenzó con una reforma salarial en el sector presupuestado, priorizando la subida del salario mínimo y la pensión mínima para los jubilados.
Las afirmaciones del mandatario se producen apenas un día después de que el régimen de La Habana oficializara el incremento del salario mínimo y una nueva escala salarial para los trabajadores del sector presupuestado. La medida fue publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria mediante varias resoluciones que buscan maquillar la profunda crisis de ingresos que afecta a la clase trabajadora.
Los números detrás del anuncio oficial
De acuerdo con la Resolución 14/2026 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el salario mínimo mensual en Cuba experimentó un aumento nominal del 52,8 %, al pasar de 2.100 a 3.210 pesos. Esta disposición tiene efecto retroactivo desde el 1 de julio y su pago comenzará a reflejarse en las nóminas a partir del mes de agosto. Asimismo, la norma establece una remuneración mínima de 16,84 pesos por hora para los trabajadores que cobran bajo este sistema estatal.
A pesar de que el gobierno cubano presenta estas cifras como un logro de su política social, especialistas y economistas independientes han puesto en duda el impacto real de la medida sobre el poder adquisitivo de la población. La brecha entre los salarios otorgados por el Estado y el costo real de la canasta básica sigue siendo insalvable para la mayoría de los hogares cubanos.
El economista cubano Elías Amor Bravo fue contundente al calificar el incremento salarial como una decisión esencialmente política que llega demasiado tarde. Según el experto, el aumento se produce después de varios años de una inflación acumulada que ronda el 200 % desde la implementación de la llamada Tarea Ordenamiento en 2021, una fallida reforma monetaria que desencadenó el actual caos económico.
«Lo que aumentan ahora los salarios ya se lo devoró la inflación pasada», afirmó Amor Bravo en un análisis publicado tras la entrada en vigor de las nuevas disposiciones. El especialista advirtió que, lejos de resolver la crisis, el incremento podría alimentar nuevas presiones inflacionarias en una economía estrangulada por la caída sistemática de la producción nacional, los prolongados apagones y la escasez crónica de combustible.
El riesgo fiscal y el desequilibrio sectorial
Otro de los puntos críticos señalados por los analistas es que el beneficio se limita únicamente a los trabajadores del sector presupuestado, dejando en el desamparo a millones de cubanos que laboran en el sector empresarial estatal o en el incipiente sector privado, cuyos ingresos dependen de la rentabilidad y no de asignaciones estatales. Esta brecha genera profundas desigualdades y tensiones sociales en el mercado laboral.
Amor Bravo también alertó sobre el abultado costo fiscal de la medida, estimado en más de 42.000 millones de pesos anuales. En su opinión, financiar este gasto adicional sin un respaldo en la producción de bienes y servicios obligará al régimen a recurrir nuevamente al déficit presupuestario y a la emisión inorgánica de moneda, mecanismos que son la causa principal del deterioro del poder adquisitivo de la población.
El economista insistió en que futuras alzas salariales volverán a perder su efecto si persisten el alza de los precios en el mercado negro, la informalidad y la crisis estructural que atraviesa la economía cubana. Imprimir dinero sin respaldo productivo es una fórmula comprobada para acelerar la devaluación del peso cubano frente al dólar en el mercado paralelo.
Contexto: El colapso estructural y la Tarea Ordenamiento
Para entender la magnitud del escepticismo ciudadano ante el anuncio salarial, es imprescindible remontarse a enero de 2021, cuando las autoridades de la isla pusieron en marcha la Tarea Ordenamiento. Esta reforma eliminó la doble moneda, devaluó el peso cubano y unificó el tipo de cambio, pero vino acompañada de fuertes subsidios y aumentos de precios estatales que desataron una hiperinflación no reconocida oficialmente en su totalidad.
Desde entonces, el salario real ha caído en picada. Un cubano necesita el equivalente a varios salarios mínimos para poder adquirir productos básicos de aseo personal o alimentos en los mercados agropecuarios, donde los precios se rigen por la oferta y la demanda en una economía altamente dolarizada. El Estado reconoce que la inflación es un problema, pero sus políticas de contención de precios han fracasado rotundamente.
El aumento salarial anunciado forma parte del programa de «Transformaciones Económicas y Sociales», una estrategia divulgada a inicios de julio que el gobierno cubano presenta como un intento por corregir desequilibrios macroeconómicos. Sin embargo, la falta de libertades económicas, el control asfixiante sobre los actores económicos privados y la centralización burocrática impiden cualquier reactivación real de la economía nacional.
La dictadura cubana ha optado por medidas paliativas que no atacan la raíz del problema: la ineficacia del modelo económico centralmente planificado. Mientras el régimen se jacta de proteger a los más vulnerables, la realidad de las calles muestra a una población que sobrevive gracias a las remesas enviadas desde el extranjero, el rebusque en el sector informal y el éxodo migratorio masivo que ha vaciado al país de su fuerza laboral más productiva.
Consecuencias y panorama a futuro
El impacto de este aumento salarial en el corto plazo será, previsiblemente, un nuevo salto en los precios de los productos de la canasta básica, especialmente en el sector privado y en los mercados agropecuarios. Los vendedores ajustarán sus precios ante la percepción de que hay más dinero circulando, anulando de inmediato el incremento nominal otorgado por el Estado.
La respuesta de la comunidad internacional y de los organismos financieros multilaterales ha sido de cautela. Cuba no forma parte del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, por lo que sus políticas económicas se diseñan en la oscuridad de la burocracia partidista, sin auditorías independientes ni control democrático por parte de la ciudadanía.
En definitiva, mientras las autoridades de la isla celebren incrementos porcentuales en nóminas que no alcanzan para vivir, la crisis estructural seguirá empujando a miles de cubanos a abandonar el país. Las implicaciones políticas de este descalabro son claras: el agotamiento del modelo es total, y las medidas parche solo prolongan la agonía de un sistema económico que ha demostrado ser inviable durante más de seis décadas.
