El gobierno cubano ha endurecido recientemente su política sancionadora en el ámbito financiero y cambiario con la entrada en vigor del Decreto-Ley 118/2026, una normativa que eleva de manera exponencial las multas por infracciones bancarias y fija penalizaciones que podrían ascender a 420 millones de pesos cubanos (CUP) para personas jurídicas, en medio de una profunda crisis económica y un creciente cerco contra el sector privado.
La disposición, publicada en la Gaceta Oficial por el Consejo de Estado, modifica el Artículo 15 del Decreto-Ley 363, vigente desde el año 2018 y relativo a las infracciones administrativas en el sector bancario, financiero y cambiario. El texto legal, firmado el pasado 7 de mayo por Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, establece un nuevo techo para las sanciones económicas, elevando las multas a hasta 50.000 CUP para personas naturales.
Además de las multas fijas, la nueva normativa contempla un sistema de sanciones indexadas al salario mínimo mensual vigente, lo que dispara la cuantía real de las penalizaciones. Según el decreto, las autoridades podrán imponer a los ciudadanos multas de entre 10 y 200 cuotas salariales, mientras que para las entidades jurídicas las sanciones oscilarán entre 10.000 y 200.000 cuotas. Aplicado al salario mínimo actual, fijado en 2.100 CUP, el máximo previsto para empresas y organizaciones podría alcanzar la astronómica cifra de 420 millones de pesos cubanos en los casos considerados de extrema gravedad.
El ejecutivo cubano ha justificado esta reforma alegando la necesidad de actualizar el marco regulatorio ante la «experiencia acumulada» en la aplicación de la legislación vigente. En su exposición, las autoridades señalan que la medida responde a «la implementación de una nueva política cambiaria» y a «las circunstancias económicas que imperan en la actualidad del país», un eufemismo institucional para referirse al colapso productivo y la hiperinflación que asolan la isla.
La norma también detalla que, al momento de fijar la cuantía de las multas, los organismos sancionadores deberán evaluar factores como «la continuidad o persistencia en la conducta infractora» y «la naturaleza de los perjuicios causados». Este supuesto afán de proporcionalidad contrasta con la realidad de un sistema donde los tribunales y órganos administrativos operan bajo el control absoluto del poder, sin garantías de debido proceso independientes que permitan a los sancionados defenderse eficazmente frente al aparato estatal.
Antecedentes de un marco punitivo en crisis
El Decreto-Ley 363, promulgado en 2018, fue concebido en su momento como un instrumento para regular el incipiente mercado no estatal y las operaciones bancarias en un contexto de creciente dolarización de la economía cubana. Sin embargo, tras la implementación de la fallida «Tarea de Ordenamiento» en 2021, el sistema financiero nacional entró en una espiral de inestabilidad. La unificación monetaria fracasó, el peso cubano se devaluó drásticamente y la población perdió toda confianza en el sistema bancario, optando masivamente por la acumulación de efectivo en moneda extranjera fuera de los circuitos oficiales.
Este nuevo decreto se enmarca en una creciente ofensiva del régimen de La Habana para monopolizar el control financiero en Cuba. En los últimos meses, las autoridades han desplegado una batería de medidas dirigidas a reforzar la vigilancia sobre las divisas y a limitar el crecimiento de las operaciones económicas privadas, que han surgido como una alternativa de supervivencia para la población pero que el gobierno percibe como una amenaza a su hegemonía política.
La cronología de este cerco es reveladora. En febrero, las autoridades aprobaron mecanismos para retener divisas procedentes del comercio electrónico, afectando directamente a los pequeños negocios que dependen de importaciones. En marzo, el Ministerio del Interior desplegó operativos punitivos contra la compra y venta informal de moneda extranjera, abriendo más de 300 investigaciones que evidencian la criminalización de la supervivencia económica. Ya en abril, el gobierno anunció nuevos cruces de información financiera con el explícito objetivo de detectar presuntos casos de evasión fiscal entre los cuentapropistas.
Contexto: Una economía en ruinas y un Estado depredador
Para entender la magnitud de estas sanciones, es indispensable situarlas en el contexto de la crisis estructural que padece Cuba. La isla atraviesa un proceso de hiperinflación sin precedentes, una brutal devaluación del peso cubano y un desabastecimiento crónico de bienes básicos. En este escenario, la dictadura cubana opta por la represión económica y la extracción de riqueza de la sociedad civil, en lugar de implementar reformas estructurales que fomenten la producción y restablezcan la confianza en la moneda nacional.
Ante la incapacidad de generar riqueza por la vía de la producción, el Estado ha recurrido a la emisión inorgánica de dinero y a la extracción de divisas mediante múltiples mecanismos, como la retención de remesas y el cobro de servicios en dólares. Las nuevas sanciones se inscriben en esta lógica depredadora: al no poder incentivar el depósito de moneda fuerte en los bancos por la falta de garantías y de productos en las tiendas, el régimen opta por penalizar con severidad las operaciones financieras que escapan a su control.
La imposición de multas millonarias, calculadas sobre un salario mínimo de 2.100 CUP que en el mercado informal apenas equivale a unos pocos dólares, demuestra una desconexión absoluta entre la burocracia estatal y la realidad ciudadana. Mientras el salario real se derrite y la canasta básica supera con creces los ingresos de una familia promedio, el Estado amenaza con confiscar el exiguo capital de quienes intentan operar en el frágil mercado interno o en el sector privado.
Esta política de saqueo institucionalizado se suma a la ya crítica situación de los derechos económicos en el país. El éxodo migratorio masivo, que ha visto partir a cientos de miles de cubanos en los últimos años, responde directamente a la imposibilidad de prosperar bajo un modelo que castiga el emprendimiento, censura la libertad de prensa y reprime cualquier forma de disidencia política o económica. Las nuevas sanciones financieras son, en la práctica, un muro más para evitar la acumulación de capital fuera de la esfera del control estatal.
Implicaciones futuras y respuesta ciudadana
La entrada en vigor del Decreto-Ley 118/2026 proyecta un panorama aún más sombrío para el ya asfixiado sector privado y para la ciudadanía en general. La amenaza de multas que pueden alcanzar los 420 millones de pesos forzará a muchos negocios a operar en una clandestinidad aún mayor, reduciendo la recaudación fiscal real y empujando a más actores económicos hacia la informalidad total. La capacidad del gobierno cubano para aplicar estas sanciones de manera arbitraria refuerza el carácter autoritario del régimen, que utiliza la ley como un instrumento de coacción y control social.
A largo plazo, esta medida podría acelerar el colapso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), recientemente legalizadas pero nunca plenamente respaldadas. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deberán prestar atención a cómo se aplica esta normativa, ya que su uso selectivo podría convertirse en una nueva herramienta de persecución política bajo el pretexto de infracciones financieras. La dictadura, una vez más, elige el camino de la represión y el chantaje económico frente a la urgente necesidad de abrir espacios de libertad y prosperidad para el pueblo cubano.
